El diputado RN, Andrés Celis, ofició a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para que entregue antecedentes que justifiquen dos cuestionadas licitaciones públicas encabezadas por la autoridad, una de las cuales se encuentra en investigación por el Ministerio Público por los eventuales delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

El oficio del legislador oficialista plantea antecedentes dados a conocer por un medio de comunicación, que apuntan a la adjudicación de un concurso por más de $14.000 millones para un sistema de televigilancia de 1.000 cámaras a nivel nacional.

Según los antecedentes, dicho trabajo fue encomendado a la empresa Ingesmart, que proponía la instalación de aparatos que fueron cuestionados y sancionados en Estados Unidos por peligro de vulnerabilidad y presunto espionaje del gobierno Chino.

Las mencionadas cámaras de marca Hikvision, de origen chino, ofertadas por la empresa adjudicada, fueron retiradas de lugares estratégicos y recintos públicos como hospitales y gobernaciones, precisamente por sus problemas de seguridad estratégica.

El segundo cuestionamiento a las licitaciones públicas encabezadas por Martorell, fue la llevada a cabo en marzo de este año respecto de la adjudicación por más de $378 millones para cámaras corporales de Carabineros que ganó Motorola.

Por este motivo, la subsecretaria ha debido dar cuenta en una querella interpuesta por eventuales delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, acción legal que ya está siendo tramitada con importantes diligencias investigativas como la entrega del celular de Martorell hace ya dos semanas.

Al respecto, el diputado Celis explicó que “ambos casos suman reproches a la gestión de Katherine Martorell en la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo cual resulta ilógico tratándose de un organismo que precisamente debe prevenir la comisión de los mismos. Por lo anterior, en mi labor fiscalizadora y para despejar dudas, decidí oficiar a la Subsecretaria Martorell y pedir toda la información que permita aclarar si se actuó conforme a la legalidad y las acciones que pretenden adoptar”.

«Espero recibir información acerca de los eventuales reclamos o acciones interpuestas en ambas licitaciones, ya sea que se hayan realizado por la vía administrativa o judicial. Además, es importante conocer los estudios de mercado que fueron utilizados para elaborar las bases, las respectivas comparaciones de precios, argumentos para las adjudicaciones y también de los rechazos a los otros oferentes participantes”, señaló.

El parlamentario sostuvo que “tengo entendido que en el caso de la adquisición de cámaras de televigilancia, unas estaban destinadas a la Región de Valparaíso, comuna que se encuentra dentro del Distrito al cual represento, por lo que seré exhaustivo en el análisis de la información que se me remita para estar seguro de que los dineros destinados a mi sector están siendo correctamente empleados”.

“La gravedad de los hechos que se han dado a conocer y tratándose del interés público comprometido en las cuestionadas compras, cuyos procesos licitatorios han sido encabezado por Katherine Martorell, hacen concluir que podrían ser revocados, invalidados o resueltos los contratos, por ello interesa saber la postura de la jefa del organismo y si estas acciones serán ejecutadas”, finalizó el legislador oficialista.