El pasado 29 de agosto Infogate publicó el informe completo de la Contraloría General de la República que revelaba IRREGULARIDADES en el principal organimso que vela por la NO ocurrencia de la corrupción en toas sus formas, pero como dice el refrán «en casa de herrero cuchillo de palo…»: «Se constató que el vehículo institucional placa patente HSXX74-2, era utilizado para transportar al ex Presidente del Consejo para la Transparencia a su domicilio particular…».
Este viernes 11 de septiembre, Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo y además Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán (UDI), junto a Gloria De La Fuente (PS), consejera el organismo, pero igual que el presiente el Consejo, es la presidenta de la Fundación Chile 21 vinculada a la oposición, y el consejero Francisco Javier Leturia, profesor de Derecho de la Comunicación, Facultad de Derecho PUC, publican una carta en que se refieren al informe de la Contraloría en la que aseguran: «Conformamos un comité revisor de procesos y un plan de fortalecimiento institucional para rectificar las brechas detectadas junto con nuestros funcionarios y funcionarias. Adicionalmente, como resultado de investigaciones internas y pérdida de confianza, se procedió a realizar dos desvinculaciones. Asimismo, se hizo presente a los poderes legisladores la necesidad de cambios que subsanaran brechas en el gobierno corporativo de nuestra institución, por ejemplo en materia de conflictos de intereses y puerta giratoria. Hecho en el que insistiremos en el corto plazo con el actual ministro secretario general de la Presidencia».
pero lo más preocupante de esta carta publicada en El Mercurio es que asumen una defensa corporativa para el organismo: «Queremos destacar que el actual consejo directivo ha actuado cohesionado y con decisión para defender la institucionalidad».
A continuación el texto completo de la epístola:
«Como es de público conocimiento, desde hace un año hemos venido sosteniendo la necesidad de aclarar diversas situaciones administrativas ocurridas en el Consejo para la Transparencia, tanto en instancias internas como de consulta y denuncia externa a través de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
Resultado de ello, se realizó una investigación sumaria, luego se instruyeron dos más y se contribuyó con antecedentes para el trabajo de Contraloría y de la Fiscalía. Paralelamente, conformamos un comité revisor de procesos y un plan de fortalecimiento institucional para rectificar las brechas detectadas junto con nuestros funcionarios y funcionarias. Adicionalmente, como resultado de investigaciones internas y pérdida de confianza, se procedió a realizar dos desvinculaciones. Asimismo, se hizo presente a los poderes legisladores la necesidad de cambios que subsanaran brechas en el gobierno corporativo de nuestra institución, por ejemplo en materia de conflictos de intereses y puerta giratoria. Hecho en el que insistiremos en el corto plazo con el actual ministro secretario general de la Presidencia.
En resumen: nos hicimos cargo. Para el Consejo Directivo y los funcionarios del Consejo no ha sido fácil enfrentar esta situación, desagradable y desgastante; sin embargo, lo hemos hecho con mucha franqueza, convicción y de cara a la ciudadanía. No es solamente por el daño reputacional que pudiera acarrearnos, sino porque creemos firmemente que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública contribuye a la prevención de la corrupción, al fomento del escrutinio ciudadano, al acceso a nuevos derechos y —por esa vía— a morigerar la profunda crisis de confianza que desde hace tiempo padecemos en nuestro país.
Queremos destacar que el actual consejo directivo ha actuado cohesionado y con decisión para defender la institucionalidad. Siempre habrá la mejor disposición para esclarecer cualquier duda que exprese la ciudadanía y para colaborar con cualquier cuestionamiento que planteen tanto los órganos de control como los de investigación judicial», remata la nota que firman Jorge Jaraquemada, presidente, Gloria De La Fuente y Francisco Javier Leturia consejeros del cuestionado Consejo para la Transparencia.
