La Cámara de Diputados, por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, aprobó este jueves la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión que concedió, en 2016, la libertad a Hugo Bustamante, el único imputado por el femicidio de la adolescente Ámbar Cornejo.

De esta forma, se procedió a nombrar una comisión de tres diputados para que formalice la acusación constitucional y prosiga el trámite ante el Senado. Para ello fueron nominados los legisladores Andrés Longton (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Daniel Verdessi (DC).

Además, la Cámara deberá comunicar este hecho al Senado y al afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la sesión, por lo que ahora la jueza quedará suspendida en sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (art. 52), lo que se comunicará a la autoridad que corresponda.

Cabe recordar que el libelo acusatorio se compuso por dos capítulos: el notable abandono de deberes en que habría incurrido la magistrada, por haber aplicado un criterio torcido de la ley y no haber sido imparcial en la aplicación de esta; y la transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La jornada se inició esta mañana con la intervención de la defensa, a cargo de la abogada Dafne Guerra, que solicitó la denominada “cuestión previa”, que apela a que no se cumplieron los requerimientos constitucionales y, por tanto, se declare como no presentado el libelo.

Luego, expusieron los cinco participantes de la comisión que juzgo la admisibilidad de la acusación, para pasar seguidamente a la votación de la cuestión previa, la cual fue rechazada.

Los acusadores

Tras el rechazo de la cuestión previa, la sesión entró en el debate del fondo de las imputaciones, para lo cual intervino el diputado Longton (RN), promotor del libelo, quien señaló que la decisión que los diputados tomen tiene la mayor relevancia para la vida de chilenos y chilenas, por la negligencia inexcusable de la jueza que tiene la obligación de hacer justicia.

El parlamentario partió criticando que la comisión de libertad condicional que presidía la ministra Donoso, en 2016, solo le dedicaron una semana a más de 850 casos, es decir, dos a tres minutos a cada solicitud. Luego, reclamó que la defensa y jueces que participaron en la comisión y expusieron en la instancia que analizó la acusación “mintieron descaradamente”.

Lo anterior, porque señalaron haberse enterado por la prensa de los alcances del informe psicosocial de Gendarmería que alertaba de la peligrosidad de dejar en libertad a Hugo Bustamante, mientras que las relatoras que participaron en la comisión habrían asegurado que solo les pidieron informar del tiempo de condena y la conducta en los últimos seis meses.

“No basta decir que no estoy obligado, eso es flojera, desidia y una negligencia que no tiene perdón”, dijo, haciendo referencia a los argumentos de la defensa que señalaban que los requisitos que se consideraron eran los que establecían el decreto 321.

El parlamentario relató partes del informe psicosocial desfavorable de Hugo Bustamante y señaló que, lo que pasó con él, fue lo mismo que ocurrió con un gran porcentaje de quienes fueron liberados en 2016 por la comisión, donde aumentó en un 90% el número de libertades condicionales otorgadas respecto de años anteriores.

Además, en su intervención, el diputado expuso otros casos, bajo otras instancias, donde la ministra ha expresado votos de minoría a favor de entregar libertad condicional o bien de acoger amparos sin considerar informes donde se señala la peligrosidad del imputado.

Planteó que los informes, sin necesidad de ser vinculantes, tienen que analizarse, pues todo vienen firmados por los jefes del establecimiento, sin embargo, resaltó que en la comisión se le dio la orden expresa a las relatoras de prescindir del contenido de esto. “Es revelador la desidia con la que operó”, agregó.

El parlamentario interpeló a los diputados presentes en la sesión, indicando “¿ustedes creen que la ministra Donoso pensó en las consecuencias que pesaban para la ciudadanía tomar esta decisión en solo dos minutos? Esa indolencia nos debería aterrar a todos”, agregando que “no hay abandono más notable que dejar en libertad a un asesino de forma liviana, causando un sufrimiento y un daño irreparable”.

“Si hoy rechazan esta acusación, la próxima decisión será también responsabilidad de ustedes. Y, cuando ocurra la próxima tragedia, serán ustedes los que serán juzgados no solo por su consciencia, sino por la de todos los chilenos”, remarcó haciendo un directo llamado a aprobar la acusación constitucional contra la ministra Donoso.

La defensa de Donoso

Por la defensa intervino en esta nueva fase el abogado Jaime Winter, quien afirmó que le tocaba defender de un verdadero peligro a una ministra excepcional, que en su trayectoria ha destacado por su apego a la ley como jueza intachable, con altas calificaciones y de una dilatada trayectoria.

Explicó que la ministra Donoso no solo no incumplió las obligaciones como jueza, sino que ha aplicado con la mayor rigurosidad posible las normas que, como tal, es llamada a observar e interpretar.

El profesional relató los supuestos deberes abandonados alegados por los acusadores, que son la supuesta inobservancia del principio de imparcialidad en el que habría incurrido la jueza Donoso y la vulneración del principio de convencionalidad.

“En esta acusación, no se trata de ver si esta interpretación de la comisión de libertad condicional es la correcta. Lo único que requerimos es decidir que esa interpretación es una interpretación plausible. Es decir, una interpretación que está dentro de las posibilidades”, planteó en su análisis.

Sostuvo que a una comisión compuesta por jueces “no se le puede obligar a interpretar la ley de una determinada manera” y afirmó que, “eso, es justamente lo que está intentando esta acusación”.

El abogado dijo que hay una falta de comprensión de cómo funcionan las comisiones de libertad condicional y, en general, cómo funcionan los tribunales de justicia.

“Todo el mundo sabe qué es lo que se necesita hoy y se ha dicho aquí más de una vez y es hora de que se haga. Necesitamos Tribunales de Ejecución. Es una larga deuda con nuestro país. Esos jueces de ejecución funcionarían sin relatores, con conocimiento directo”, planteó.

Luego, observó que algunos de los presentes estén considerando que a ofensores sexuales que, por supuesto, cometen hechos repugnantes, no se les debería conceder libertad condicional, pero recordó que el juez debe aplicar la ley.

“Debe aplicar una convicción, pero es su convicción, que no es política o moral, es su convicción jurídica. Es decir, por el convencimiento que es lo que dice la ley y si la ley dice algo y el juez está convencido de que dice eso, no le queda más que aplicarla”, puntualizó.

Finalizó señalando que, para ellos, es importante que el Congreso profundice en las causas que originaron este proceso y ahonde en las reformas legislativas que se han materializado, siendo la última de ellas la de 2019, de modo de consagrar un sistema de rehabilitación y de resocialización que esté a la altura del país.

Tras ambas exposiciones, se abrió un debate en el cual participaron, exponiendo sus distintas visiones sobre el tema los diputados Matías Walker (DC), Pablo Kast (Evópoli), Érika Olivera (IND), Natalia Castillo (RD), Raúl Soto (IND), Florcita Alarcón (PH), Carmen Hertz (PC), Carolina Marzán (PPD), Diego Ibáñez (PCS), Daniel Verdessi (DC), Leonardo Soto (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Marcos Ilabaca (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Iván Flores (DC) y Osvaldo Urrutia.