La tecnologización forzada a la que ha llegado el país producto de la pandemia del COVID-19 aún no se percibe en las Notarías, debido a que la pelea interna entre notarios que abogan por la digitalización de los trámites y quienes aún mantienen las viejas tradiciones de tener a sus clientes presentes en sus oficinas, permanece incólume.
Lo anterior producto de la disputa entre la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y la abogada y dueña de la Décima Notaría de Santiago, Valeria Ronchera, quienes considerada pionera de la tecnificación del sector.
Hay que consignar que su notaría se ha tecnologizado diseñando para esto su propio repositorio, certificado por Amazon y homologado y autorizado por el Ministerio de Economía, creó su nube para encriptar su firma y la de sus clientes, y trasladó el mesón de su notaría a una web para continuar ejerciendo su labor y para que los documentos que tramitan tengan efecto jurídico, lo cual se traduce en que puedan ser considerados en un proceso judicial posterior.
También establecer que el pasado el 23 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la primera escritura pública digital que fue sometida a un proceso judicial, documento relacionado con una adjudicación de remate de una propiedad y que contaba con firma electrónica avanzada.
Ante esta situación, la notaría tuvo que volver a realizar el documento para avanzar en el proceso judicial, pero esta vez con firma presencial, lo cual pone un dejo de duda porque a su juicio los documentos que tramitan deben ser 100% digitales o físico, pero no mixtos.
Es así que la Décima Notaría posee una plataforma digital que en la práctica puede ser considerada como una extensión en línea de su mesón físico de atención. Pero ¿qué significa esto?
En primer lugar que dicha plataforma de atención en línea estaba disponible directamente en su página web, con un sistema de usuario y clave, en un ambiente web cerrado, de alta seguridad, solo para un determinado número de trámites (es decir, quedan fuera las Escrituras Públicas) y cuya tramitación es 100% digital (desde la confección del documento, firma digital avanzada, verificación de identidad con estándares biométricos, autorización de firma por parte de la notario y posterior disponibilidad del documento al usuario).
Y en segundo, otras notarías ocupan servicios de digitalización de documentos de empresas externas, lo que en la práctica significa “tercerizar” el servicio y que finalmente terminan dando existencia a documentos donde conviven firmas manuscritas o digitales simples (no avanzada) que eran autorizadas por notarios en un mismo documento; cuestión que va en contra de la regulación actual.
Además, es importante no confundir una videollamada, como hacen otros notarios, que terminó haciendo la propia Asociación de Notarios, con un sistema de tramitación digital en línea de alto estándar.
Apagón tecnológico
La disputa tecnológica llegó a tales ribetes que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió intervenir y un juicio salomónico, determinó imponer un “apagón tecnológico” a todas las notarías de la capital, con el objetivo de abstenerse de usar cualquier tipo de sistema computacional implementado para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza, esperando que se estudien las leyes y normas complementarias y revise “uno por uno” las plataformas informáticas de estas oficinas.
El fallo ordena a todos los notarios de la jurisdicción a “que se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado en sus oficios para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”.
Es así que el tribunal de alzada capitalino optó por paralizar todos los trámites que se hacen en las notarías con el apoyo de herramientas tecnológicas, “de manera indefinida”, a la espera de que una comisión de la propia Corte estudie las leyes y normas complementarias aplicables al caso y revise uno por uno, las plataformas informáticas de las notarías de la ciudad.