Este viernes la Contraloria General de la República liberó el Informe Final 54-2019 Consejo para la Transparencia, que apunta al ex presidente del organismo.
Marcelo Drago, el mediático ex presidente el Consejo Para la Transparencia –lo más parecido a la Inquisición posmoderna- que apuntaba con el dedo a autoridades civiles y militares por la más mínima de las irregularidades, resultó pillado por la Contraloría General de la República que detectó irregularidades dentro del CPLT constatando lo que se denomina “corrupción blanda” por el mal uso de vehículo fiscal, y otros hechos “no blandos” como una contratación irregular e inconsistencias contables, así lo establece el Informe Final 54-2019 de la Contraloría General de la República . Cabe recordar que debido a esta investigación Marcelo Drago renunció al consejo el 23 de junio pasado, a pocos días antes de la apertura de una investigación interna ordenada el 2 de julio por otros consejeros del organismo.
El Mercurio de Valparaíso en una amable entrevista publicada el 5 de julio pasado desatacaba: “Marcelo Drago Abarzúa fue hasta el 24 de junio recién pasado presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), cargo en el que estuvo 18 meses y al que por ley no podía volver a postular, aunque sí podía seguir siendo consejero. Pero prefirió irse a trabajar al mundo privado (Magliona Abogados) a sacarle lustre a lo aprendido en los más de cinco años que estuvo en el servicio público”, pero nada se dio de su salida vinculada a los problemas tras la fiscalización que realizaba la Contraloría.
El organismo señala que: “Se constató que el vehículo institucional placa patente HSXX74-2, era utilizado para transportar al ex Presidente del Consejo para la Transparencia a su domicilio particular (Marcelo Drago), de acuerdo a los registros contenidos en la bitácora del móvil, respecto de lo cual debe indicarse que ni el Presidente del Consejo ni su Director General están incluidos en la enumeración de autoridades a las que, de acuerdo al artículo 10, en relación al artículo 3°, ambos del decreto ley N°799, de 1974, sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales, se les puede asignar un vehículo fiscal sin restricciones. En relación con este asunto, ese organismo deberá ajustarse en lo sucesivo a lo dispuesto en el citado decreto ley, y a las instrucciones impartidas sobre la materia por esta Entidad Contralora, a través del oficio circular N° 35.593, de 1995, ejerciendo controles periódicos para verificar que el vehículo fiscal de la entidad sea utilizado en los fines generales de la institución y para el desempeño de las funciones propias de sus funcionarios y directivos”.
En concreto, el informe revela y destaca que Drago -presidente del CPLT 2017 a 2019- habría aprovechado su cargo para utilizar de forma indebida el vehículo fiscal y el chofer institucional para realizar traslados no relacionados con sus funciones. Además, detalla la indagatoria, se advirtió sobre “deficiencias” en las bitácoras del vehículo, las cuales no contenía detalles de los recorridos realizados.
Oscuras transparencias
Además la Contraloría detectó otra oscura transparencia en el CPLT, relacionada con la contratación irregular del secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez, debido a que “la contratación del señor José Ruiz Yáñez, no se ajustó a lo dispuesto en el citado artículo 17 de los estatutos de funcionamiento del CPLT, en orden a seleccionar al secretario del Consejo Directivo del mismo entre las personas que presten servicios en esa entidad”, señala la Contraloría.
Asimismo, se dejó constancia de que Ruiz había sido amonestado por escrito tras un sumario realizado por el CPLT por la falta de publicación de 66 actas en el portal de Transparencia Activa. Producto de las irregularidades, Ruiz fue despedido el 30 de junio de 2020.
Reparos al manejo de recuros
El informe de la Contraloría señala además que: “Se verificó que la información contable sobre los bienes físicos del activo fijo presentaba inconsistencias con el registro administrativo que mantiene la entidad, advirtiéndose que bienes dados de baja por $ 2.086.359, se encuentran incluidos en la contabilidad, en tanto que otros por la suma de $10.079.069, no han sido incorporados en ella. Sobre el particular, el Consejo deberá efectuar los ajustes pertinentes a fin de reflejar de manera fidedigna en los estados financieros, la información referente a los activos fijos que posee, la que debe ser concordante con el control administrativo que mantiene al efecto. Todo lo anterior deberá cumplirse dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final”.
