Los diputados de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Mellado, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y René Manuel García, presentaron un requerimiento a la Contraloría General con el objeto de que se pronuncie sobre la legalidad de la Resolución Exenta N° 3.925 emitida por Gendarmería el 29 de julio, y que permitió al Gobierno negociar y dar beneficios al machi Celestino Córdova, quien está condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.
De esta forma, los parlamentarios pidieron al organismo que defina la legalidad de la Resolución que aprobó disposiciones sobre aplicación del reglamento penitenciario, orientadas a la pertinencia cultural y religiosa de internos. Las disposiciones, fueron aprobadas, mientras condenados e imputados por delitos de violencia rural mantenían una huelga de hambre para lograr beneficios carcelarios, permitiendo con estos ajustes, que el Gobierno pudiera negociar y entregar beneficios a Celestino Córdova.
“Encuentro lamentable que el Ministro de Justicia y su gente, negociaran con el asesino del matrimonio Luschinger Mackay, cambiando el reglamento penitenciario a fin de que ex-antes, arreglaran su traslado a un Centro de Educación y Trabajo. Esto hace tener presos de primera y de segunda, chilenos de primera y de segunda, y sobre todo indica que cualquier asesino que no ha mostrado arrepentimiento ni ha pedido perdón a la familia, tenga por el solo hecho de llevar una increíble huelga de hambre de 107 días, el premio de ir a mejores condiciones penitenciarias relajando el reglamento expresamente para ellos”, señaló Miguel Mellado.
Cabe destacar que la presentación indica entre sus puntos, que la resolución de Gendarmería es “una norma de rango inferior, dictada por un Jefe de Servicio, que pretende fijar el alcance de un reglamento que solo puede dictar el Presidente de la República en base a sus competencias constitucionales y en tanto jerarca de la Administración del Estado”.
Además, los parlamentarios argumentan que “se pretende fijar el alcance de un reglamento que solo puede dictar el Presidente de la República en base a sus competencias constitucionales en tanto jerarca de la Administración del Estado”.
Asimismo, el texto argumenta que la huelga de hambre se presenta como “una forma pacífica de protesta social, en circunstancias que la norma reglamentaria vigente para todos los chilenos las califica como falta grave de disciplina”.
Respecto de la libertad condicional, en tanto, señalan que la resolución, “al borde de la vulneración de la voluntad legislativa, dispone criterios favorables a los miembros de pueblos originarios, desconociendo los fundamentos centrales del beneficio e indirectamente los requisitos legales”.
Consultado sobre el escrito, el diputado Rathgeb señaló que, “como fiscalizadores de los actos de gobierno, este requerimiento lo que quiere es tener un pronunciamiento claro de la Contraloría sobre este tema, a fin de determinar los alcances y la política que se debe seguir a futuro, para que las autoridades no cometan situaciones que estén fuera de la normativa que corresponde”.
Mientras que su par, René Manuel García sostuvo que “consideramos que esta Resolución viola el principio de igualdad ante la ley, porque le otorga privilegios a un condenado por doble homicidio que chantajea al Gobierno con una huelga de hambre que pone en riesgo su vida”.
“Queremos que la Contraloría revise si efectivamente Gendarmería de Chile violó el principio de legalidad, toda vez que a nuestro parecer se trata de una resolución que debió haber sido sujeto de toma de razón y firmada por el Presidente de la República y el ministro de Justicia. Además, nos preocupan los considerandos de la resolución, que a nuestro juicio, envían una señal muy perniciosa a la población penal y que dejan entrever un manto de impunidad que consideramos es intolerable”, finalizó Paulsen.
