Tras la muerte por COVID-19 en junio pasado de un niño de 13 años que vivía en el Hogar San Ricardo ―que atiende a población con discapacidad intelectual severa―, y los últimos brotes conocidos del virus en los centros del Sename de Illapel y Coronel, el diputado Gabriel Boric, en conjunto con la Subcomisión de Salud Mental e Infancia de Convergencia Social, ofició al Sename, Senadis y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Con esto se busca conocer qué medidas se han adoptado para prevenir la propagación del virus y, en particular, fiscalizar la atención brindada por el Hospital Roberto del Río al niño de 13 años antes de su fallecimiento en ese recinto de salud.

Para Pablo Selles, integrante de la Comisión de Salud Mental e Infancia de Convergencia Social «las y los niños, y en especial los con discapacidad, deben ser prioridad en la protección del Estado en estos tiempos. Las instituciones deben asegurar que sean protegidos e incluidos«.

Según la última Auditoría Social publicada por Sename, el 92% de los más de mil niños, niñas y adolescentes con discapacidad que viven en algún centro de la red, habita en una residencia administrada por un organismo colaborador.

Ese es el caso del Hogar San Ricardo de la comuna de Lampa, que pertenece a la Fundación de la Obra don Guanella y que en su historial cuenta con denuncias por abuso sexual, maltrato e irregularidades en actas de defunción de algunos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.

En este contexto de pandemia y confinamiento el riesgo aumenta, por lo que el diputado Boric dijo que “hemos enviado una serie de oficios a las instituciones supervisoras y a quienes tienen responsabilidad hoy día sobre niños, niñas y adolescentes, para conocer en detalle cuáles son las condiciones en las cuales se ha desarrollado la pandemia en estos centros y poder contribuir a mejorar, en función del interés superior del niño, las condiciones de vida de quienes han sido vulnerados en sus derechos”.

En particular, el oficio dirigido a la directora nacional del Sename, Claudia de la Hoz, busca que la institución informe contagios, hospitalizados y fallecidos a causa del COVID-19, y qué medidas se han adoptado para mantener la vinculación de los niños y niñas y sus familias, y la continuidad de los planes de intervención, rehabilitación y procedimientos médicos de los NNA residentes.

Por otro lado, el oficio a Senadis, tiene por objeto conocer la existencia de protocolos especiales para niños y niñas con discapacidad, y si se trabajó en conjunto con Sename para enfrentar esta pandemia o no.

Por último, el oficio enviado a Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, pide antecedentes sobre la muerte del niño de 13 años ocurrida en el Hospital Roberto del Río, hasta ahora único caso conocido de muerte por covid-19de un niño bajo protección del Estado.

Para Sofía Aliaga, coordinadora del Observatorio Para la Confianza, esta es una acción necesaria porque “diversos informes dan cuenta de la violencia y la discriminación de la que son objeto niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, y el riesgo de ser vulnerados en sus derechos es mayor si presentan algún grado de discapacidad, por eso, es importante que se fiscalice el trato y la atención otorgada por el Hospital y también como Sename ha actuado ante la pandemia”.