El primer informe de grupo conformado por el PS para la fiscalización del plan de emergencia del Gobierno detectó fuertes deficiencias en materia de accesibilidad, cobertura y transparencia en relación con el acceso al Fogape y la ayuda efectiva para las micro y pequeñas empresas.

De esta forma, un grueso importante de las MIPYMES no ha podido acceder al crédito; la cobertura ha sido insuficiente; promesas como una Tasa de Interés efectiva 0% ha resultado falsa; y la accesibilidad a los créditos ha sido tardía y reducida.

La colectividad, con el apoyo del Instituto Igualdad, conformó un grupo integrado por 16 representantes de diversos ámbitos para hacer seguimiento al Marco del Acuerdo por la Emergencia, con el objetivo de identificar eventuales debilidades, incumplimientos de acuerdos, y trabas de políticas públicas y proyectos de ley para ir en ayuda de las familias afectadas por la emergencia sanitaria y social.

Este equipo se reunió con más de 50 dirigentes de organizaciones de pequeñas y medianas empresas, escuchando sus observaciones, molestias y propuestas, en el pleno convencimiento de que cualquier análisis de la actual crisis requiere como primer paso, oír a la gente real, que sufre las principales consecuencias de esta pandemia.

Este primer informe se concentra en el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) y la realidad que aqueja a las pymes. En ese sentido, lo primero que se aprecia es una distancia ostensible entre lo prometido por el Gobierno y la realidad, lo cual lleva a concluir que es más lo adeudado que la ayuda concreta.

Entre las principales promesas se encuentra la capitalización del Fogape en US$ 3.000 millones, de los cuales se han adjudicado aproximadamente US$1.000 millones en líneas de garantías a 11 instituciones financieras (a abril 2020), alcanzando apenas a un tercio del total prometido.

Además, hay que consignar que el Ejecutivo proyectó garantía para nuevos créditos hasta por US$ 24.000 millones y de este total, entre US$ 12.000 y 13.000 deberían destinarse a MIPYMES.

El estudio señala en torno a lo anterior que hasta el momento se han otorgado créditos por US$ 7.850 millones, de los cuales solo unos US$ 4.280 millones se han destinado a las MIPYMES.

Otro elemento prometido era las facilidades bancarias (suspensión de otros créditos) para acceder al Fogape. Sin embargo, en la práctica existen problemas en la suspensión de otros créditos vigentes concedidos por los bancos debido a las condiciones exigidas, traduciéndose en barreras de entrada bancaria para las empresas más pequeñas, lo cual impide o ralentiza el proceso, en un momento en que la agilidad es vital para la sobrevivencia de las pequeñas empresas.

La promesa sobre una Tasa de Interés efectiva de un 0%, es calificada por la instancia PS como falsa, debido a diferencias percibidas entre las tasas comprometidas para los créditos y la Carga Anual Equivalente (CAE) que deben pagar los usuarios, por lo cual resulta indispensable desarrollar mayores niveles de transparencia y un inmediato y acucioso seguimiento de la CMF.

El grupo de fiscalización también recalca la necesidad de revisar el compromiso que implicaba la entrega de créditos por parte de los bancos de manera masiva, expedita y estandarizada. A juicio de los autores del informe, dicha entrega ha sido tardía y reducida, porque los bancos han sido reticentes a otorgar créditos que puedan implicar riesgos, produciéndose un avance más rápido para empresas grandes que para las pequeñas en el procedimiento.

Volviendo al terreno de las promesas, destaca la realizada por el Presidente de la República en el sentido de que se financiaría un millón de pequeñas empresas, entregando capital de trabajo hasta un potencial del 99,8% de compañías. Pero las cifras son mucho menores:  las postulaciones al Fogape han sido 263 mil, de las cuales 253 mil son MIPYMES. Y los créditos cursados llegan a 134 mil, de las cuales 128 mil son MIPYMES. Esto es apenas un 13% de la meta.

A juicio del grupo PS, un concepto que cruza la implementación del plan del Gobierno ha sido la insuficiencia, no solo por cobertura, sino porque existen segmentos Mypime que no fueron considerados y porque la aplicación de riesgo que ocupa la banca dificulta atender a estos grupos.

Finalmente, el documento elaborado establece propuestas de mejora, entre las cuales destacan aquellas en relación con la necesaria -y urgente- revisión de la normativa del Fogape para hacerlo más accesible a MYPES y sobre todo, para darle mayor agilidad a su operación.