Tras conocerse el envió al Congreso el veto para el proyecto de ley que busca suspender el corte de servicios básicos, el senador Francisco Huenchumilla (DC) llamó al Gobierno a dejar de “bloquear los intentos” del Congreso para “solucionar los problemas de la gente”, acusando al Ejecutivo de un “enfoque economicista” y de querer “beneficiar a sus amigos”, haciendo una clara alusión a las empresas.

“Aquí hay una cosa que es bastante clara: estos proyectos, que el Gobierno llama inconstitucionales, están instalados por una necesidad de las personas, que como políticos tenemos el deber de solucionar. Por eso, le pido al presidente que deje de vetarlos, que se abra al diálogo y que, si va a vetarlos, presente alternativas plausibles a los puntos que busca restringir”, estimó el senador.

“Un ejemplo de lo que digo, fue lo ocurrido con el post natal de emergencia. El acuerdo alcanzado al respecto da cuenta de que esto es un tema de voluntad política: o buscamos solucionar de verdad los problemas de la gente, o se escudan en la formalidad del respeto constitucional, lo cual por supuesto es muy importante, pero no podemos quedarnos ahí. Es necesario buscar alternativas frente a las necesidades de las personas”, estimó el senador.

El veto

Huenchumilla analizó el veto en sus distintos puntos, refiriéndose en primera instancia a la nueva dilación que tendrá la promulgación del beneficio.

“Con este tipo de gustitos del ejecutivo, lo único que se logra es retrasar la publicación de una ley que tiene por objeto beneficiar a los chilenos que más lo necesitan. Se añade un trámite más, a un proyecto que llevaba listo alrededor de un mes, en circunstancias que día por día tenemos a personas que quedan sin trabajo y comienzan a acumular deudas”, argumentó.

Añadió que “en segundo lugar, el gobierno quiere excluir a los servicios de telecomunicaciones, y argumenta que el proyecto original iguala la importancia de esos servicios, con el agua y la luz. Pero la conectividad había dejado de ser un lujo hace años. Y en periodo de pandemia, tenemos a miles de personas que necesitan conectividad para trabajar desde sus hogares, o los estudiantes, para cumplir con sus estudios”.

El senador se detuvo en este punto y consideró que “este gobierno acostumbra arreglar las cosas con sus amigos del mundo empresarial, y en este caso excluye a los servicios de telecomunicaciones, argumentando que tiene acuerdos previos con estas empresas, de entregar conectividad gratuita al 60% más vulnerable”.

“Una administración sana del Estado, es aquella que utiliza sus facultades para dar certezas jurídicas, a favor de los más necesitados, no aquella que basa su acción en “acuerdos amistosos””, afirmó.

“El problema es que estas materias no pueden ser objeto de acuerdos entre amigos, de dejar esto a la buena voluntad de las empresas. Si el día de mañana alguna de ellas decide no respetar estos acuerdos y corta los servicios, el ciudadano ¿a quién le va a reclamar? La Subsecretaría no tiene ninguna forma de fiscalizar eso, aunque el gobierno diga lo contrario”, expresó.

“Es por eso que estas materias deben estar reguladas por ley. Porque la ley es lo único que ningún ciudadano, ni ninguna empresa, puede desconocer”, recalcó.

“Pero hay en este veto otra muestra de la mirada economicista del ejecutivo, porque el veto ingresado limita la cantidad de agua que las familias gasten, para que sea efectiva la suspensión del corte, y argumenta que es para fomentar el cuidado del agua. Con eso, lo que uno ve es la búsqueda de excusas a cualquier precio para poder limitar el beneficio que aquí se ha planteado. Señor presidente, la escasez de agua no se explica por el consumo de agua de los hogares, sino por el uso indiscriminado de las aguas que hacen las empresas (…) esto es completamente incompatible con la necesidad de mantener una especial higiene en medio de la crisis. ¿Dónde quedó la necesidad de lavarse las manos repetidamente?”, consultó.

Facultades

Finalmente, el parlamentario señaló que “quiero recordar por qué surgió una iniciativa como ésta. El presidente tiene las facultades de limitar el derecho de propiedad respecto al cobro de los servicios básicos, porque el país está bajo estado de catástrofe o calamidad pública. El presidente podría limitar este derecho de propiedad con las facultades que la Constitución le otorga, pero ya vemos cuál es el camino de las soluciones que prefiere el ejecutivo”.