El 29 de junio el Ministerio de Defensa de Argentina publicó el Decreto 571/2020, DCTO-2020-571-APN-PTE – Disposiciones que revoca las disposiciones adoptadas en la administración Macri y «Que el artículo 4o de la Ley de Defensa Nacional No 23.554 establece que para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Que esa diferencia esencial que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior surge del tipo y/o naturaleza de la amenaza, correspondiendo al Sistema de Seguridad Interior prevenir, conjurar e investigar las amenazas de naturaleza criminal, mientras que la misión de conjurar y repeler las amenazas de naturaleza militar estatal corresponde al Sistema de Defensa Nacional»
La medida llamó la atención del cinco veces ex ministro de Defensa transandino Horacio Jaunarena (Unión Cívica Radical UCR), manifestó inmediatamente sus reparos al giro que le está dando la administración Fernández a las FFAA, así lo hizo saber a través de una columna que tituló «Lamentable retroceso en materia de Defensa» y que se resumen en «Volvemos, corregidas y aumentadas, a las disposiciones fijadas por nuestra ley de Defensa que eran justificadas y razonables en un mundo que existía hace treinta años pero que ya no existe más».
A continuación el texto completo de Jaunarena:
En momentos en que las Fuerzas Armadas realizan el mayor despliegue operacional después de la Guerra de Malvinas, para atender a necesidades de nuestra población debido a la pandemia de Covid-19, realizando tareas que en las condiciones actuales son las únicas que las pueden realizar; cuando gobernadores de provincias fronterizas solicitan al Gobierno el envío de tropas a zonas de nuestra frontera cuyo control adolece de serias fallas; cuando en Salta elementos de nuestras fuerzas de seguridad son atacadas con armas letales por grupos de contrabandistas; cuando el gobierno nacional dispone el cierre de la frontera a causa de la pandemia mientras tenemos más de 800 pasos clandestinos en los cuales diariamente entran y salen nacionales y extranjeros sin ningún control; cuando las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería, tienen empeñado un importante número de su personal custodiando la seguridad en centros urbanos, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y no pueden, como la ley de su creación lo dispone, abocarse al control de nuestros límites territoriales; cuando nos enteramos, por informes de la Armada chilena, que en un solo día atravesaron el Estrecho de Magallanes una flota de treinta barcos pesqueros chinos mientras nuestro mar sufre la depredación de sus riquezas por la pesca ilegal que realizan embarcaciones extranjeras gracias a la ausencia de un efectivo patrullaje; cuando se detecta la existencia de centenares de pistas de aterrizaje clandestino mientras nuestra Fuerza Aérea carece de un sistema en capacidad para hacer respetar nuestra soberanía en el aire. Cuando todo esto sucede, el Poder Ejecutivo, entre otras disposiciones, vuelve a poner en vigencia un decreto (727/06) derogado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, por medio del cual se restringe el empleo de nuestras Fuerzas Armadas únicamente para los casos de agresiones «de Fuerzas Armadas pertenecientes a un Estado contra la soberanía, la integridad territorial de nuestro país … etc.»
Volvemos, corregidas y aumentadas, a las disposiciones fijadas por nuestra ley de Defensa que eran justificadas y razonables en un mundo que existía hace treinta años pero que ya no existe más.
Para esta lectura de nuestra realidad, no existió el atentado a la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, el crecimiento exponencial del narcotráfico, la pérdida del control de nuestras fronteras, el crecimiento de la inseguridad en nuestra población, la aparición de verdaderos ejércitos no estatales con una capacidad que en muchos casos supera la de los propios ejércitos nacionales. Y la existencia de legislaciones en la mayor parte del mundo en donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante cuando, por las características de las emergencias, son llamadas por los gobiernos respectivos en la defensa de la seguridad de los derechos constitucionales de sus habitantes.
Mantener una legislación que en los hechos impide, como nos ocurre en la actualidad, y se agudiza con la existencia de este nuevo decreto, brindar a quienes participan de un adecuado sostén legal y una suficiente instrucción y equipamiento para atender los requerimientos que reciben, supone d ar la espalda a la necesidad de satisfacer las exigencias que la realidad genera o verse obligado a mantener un comportamiento esquizofrénico entre una situación que requiere determinadas decisiones y una normativa que lo impide.
Una lectura correcta de lo que nos pasa, de lo que está pasando en el mundo y de los que nos puede pasar, es entender que el empleo del instrumento militar no depende de la localización geográfica del agresor o de su pertenencia o no a un estado, sino a las características que la agresión tiene, es decir el armamento que está utilizando, su poder letal, la logística que está empleando etc. Impedir el empleo de la respuesta adecuada o utilizar un elemento sin la instrucción, la doctrina y el equipamiento necesario para responder a la emergencia es exponer a severas consecuencias a quienes por patriotismo eligieron ofrecer su vida en cumplimiento de su deber.El Ministro de Defensa, poco tiempo atrás, convocó a la tarea de buscar consensos para la modernización de ciertos aspectos de la normativa vigente en el ámbito de la defensa. Se trata de una medida saludable, que inteligentemente avanza en el camino en el cual debemos buscar acuerdos si queremos dotar a nuestro futuro de un sistema de defensa acorde con nuestras necesidades. Persistir en ese camino y extenderlo a otros ámbitos de nuestra realidad es entender que es el único que nos permitirá salir del estado de postración en el que estamos y superar un futuro que se presenta lleno de interrogantes», remata el ex ministro Horacio Jaunarena.
