El Informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, tiene un amplio capítulo especial dedicado a analizar el crecimiento de las vías marítimas en el trafico que ingresa al país desde otras fuentes sudamericanas y que sale al exterior, especialmente Europa y Australia.

Es así que el aumento del tráfico marítimo de drogas, a través de los puertos nacionales, es algo que los informes previos de la Fiscalía han ido señalando desde 2016, y al respecto acota que «las actividades ilícitas descritas, pudiesen constituir, en el corto y mediano plazo, una real amenaza para el desarrollo económico de Chile, toda vez que puertos nacionales pudiesen comenzar a ser evaluados de alto riesgo por parte de las principales economías mundiales».

El análisis también recalca que este crecimiento está siendo mencionado cada vez más reiterativamente en los informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), señalando como ejemplo que en 2017 puso a Chile como el tercer país en importancia en el envío de cocaína a Europa por la ruta a través de África (tras Brasil y Colombia) y también en el tercer lugar en el envío de droga a Oceanía, luego de Estados Unidos y Canadá. En 2018, el Informe de la UNODC constató que nuestro país Chile pasó a ocupar el segundo lugar en importancia para los envíos de cocaína a Oceanía, mientras que en el año 2019 «nos ubica oficialmente en el tercer lugar a nivel americano, como principal origen de la cocaína que llega a Europa, después de Colombia y Brasil».

El narcotráfico de Chile al mundo por vía marítima

De acuerdo al informe de la Fiscalía Nacional, se estima que a Chile ingresa y transita una importante cantidad de cocaína por vía marítima, cuyo destino es el consumo interno, y/o para el envío a terceros países, utilizando nuestros puertos y cargas chilenas, como fachada para el blanqueo de rutas, y de esta forma minimizar eventuales controles y revisiones durante la recalada en puertos de países consumidores.

Otro modo de internación detectado, lo constituye el empleo de embarcaciones pesqueras que realizan largas travesías, desde los países productores, hasta puntos previamente definidos, principalmente en la zona norte del país, donde se efectúa la entrega de la droga y su posterior desembarco, utilizando embarcaciones menores debidamente adaptadas para este propósito.

El documento indica que, «analizado el escenario mundial y regional, Chile se sitúa en una condición de privilegio para los fines del narcotráfico, considerando su cercanía a las zonas de producción, la creciente demanda mundial, la política nacional de mercados abiertos y el masivo uso de las vías marítimas para los efectos del intercambio comercial, siendo previsible que las cargas y puertos nacionales continúen siendo un objetivo prioritario para el envío de drogas por vía marítima».

Cabe considerar en dicho contexto que Chile moviliza el 96.4% de las toneladas exportadas por vía marítima, constituyendo el comercio por esta vía un eslabón fundamental en la cadena logística de la economía nacional.

Ello ha implicado una explosiva expansión de la capacidad portuaria nacional, dinamismo y variedad que, de acuerdo a la Fiscalía Nacional, «permite que el crimen organizado, de forma subrepticia y bien implementada, aproveche este quehacer para ejecutar actividades ilícitas de toda índole, empleando para ello todas y cada una de las tipologías con las que alcanzan sus objetivos. El narcotráfico es una de las principales actividades ilícitas que se estarían manifestando en los puertos nacionales, actividad delictual en la que la innovación, masividad y empleo de variadas técnicas, determinarían el alto grado de complejidad y dificultad para su detección y neutralización».

De lo anterior se desprende un particular dilema para el país, en especial para las instancias de control y fiscalización en los terminales marítimos, ya que por una parte, la llegada de este tipo de naves verifica el interés de determinadas líneas navieras por recalar en puertos nacionales, dada la demandante dinámica comercial, materializada principalmente, por un mayor flujo de transferencia de carga en puertos nacionales (según señala Directemar), pero por otro lado, «constituye una amenaza para nuestro país, considerando el hecho que el crimen organizado transnacional pueda acceder a esta nueva y masiva posibilidad de transporte, facilitándosele el envío hacia Chile, por vía marítima, de grandes volúmenes de estupefacientes desde países productores de drogas, lo anterior, ya sea para el consumo interno o, con el propósito de utilizar cargas y puertos chilenos como fachada para el blanqueo de las rutas, para acceder a mercados objetivos transnacionales».

En este sentido, señala la Fiscalía, el informe de la United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), señala que actualmente nuestro país mantiene un rol importante en la distribución por vía marítima de drogas, provenientes de la hoja de la coca, hacia Europa. Este hecho evidenciaría que las organizaciones criminales transnacionales, han comprendido la importancia geoestratégica de Chile como país de tránsito para el transporte de este tipo de sustancias ilícitas, provenientes principalmente de Colombia, Bolivia, Perú, como también de Ecuador, aunque en menor medida.

“El tráfico de drogas, en particular de clorhidrato de cocaína, por vía marítima desde los puertos de Chile hacia Europa, ha seguido aumentando, lo que convierte a Chile, junto al Brasil y Colombia, en uno de los principales países de salida de la cocaína incautada en Valencia y Algeciras, en España, que es una importante vía de entrada de las remesas de cocaína en Europa”, se recalca en el informe

Lo anterior lleva a concluir que nuestro país y su trascendente y creciente quehacer marítimo portuario, constituiría un importante eslabón en la “cadena de valor” del narcotráfico, que estaría facilitando la materialización de los objetivos ilícitos del crimen organizado transnacional y a la vez, afectando la imagen país.

La amenaza de lo antes mencionado quedó tristemente graficada el año pasado «con la incautación de variados embarques de droga decomisados en puertos de terceros países. Es así como se destacan las 1.2 toneladas en el Puerto de Rodman, Panamá; 2.2 toneladas en el puerto de Callao, Perú, 1.4 toneladas en el puerto de Nueva York y 16 toneladas en Filadelfia, EE.UU.«

El informe explica que en estos casos, «la mayoría de los contenedores contaminados correspondían a contenedores embarcados en puertos nacionales con destino a mercados europeos. Si bien a la fecha no existe evidencia de que los embarques de estupefacientes se hicieron en Chile, lo cierto es que todos los casos tienen conexión con cargas, contenedores y/o puertos nacionales«.

Se indica además que «el análisis especializado, desde la perspectiva de la Inteligencia Marítima, ha permitido determinar que, entre los principales países de destino para el envío de drogas, Bélgica constituye el preferido de las bandas criminales, en particular el puerto de Amberes, dado que moviliza más de 11 millones de contenedores anuales», agregando que «prueba de lo anterior, lo establece la incautación efectuada por autoridades de dicho país de alrededor de 50 toneladas de clorhidrato de cocaína el año 2018, un 22% más que en el 2017 y seis veces más que años anteriores. Otros puertos elegidos por las organizaciones criminales transnacionales son Róterdam, en Holanda; Hamburgo, en Alemania y terminales en España y el Reino Unido. Cabe señalar que en la actualidad en Europa el precio del kilo de cocaína pudiese superar los US$50.000».

También pone especial interés en el surgimiento de otros mercados consumidores que aparecen como objetivos para las bandas latinoamericanas, como Australia y Nueva Zelanda, y que ha llevado a la búsqueda de nuevas rutas a través de océano Pacífico, donde nuestro país, por su crecientes lazos con dichos países, aparece como punto de partida muy codiciado.

Inteligencia Marítima

Los antecedentes entregados por la Armada de Chile, y recogidos por la Fiscalía Nacional para este análisis, también dan a conocer un fuerte incremento en el tráfico ilícito de drogas por vía marítima, aunque pone énfasis en que en varios casos las naves, si bien zarpan desde Chile, no embarcan la droga en puertos nacionales.

Al respecto, el Informe 2020 de la marina nacional, da cuenta de una tabla «que a nuestro juicio, delata el incremento en el uso de la vía marítima, para el trasiego ilícito de droga que, eventualmente, podría provenir desde Chile:»

Citado por la Fiscalía, el informe naval explica al respecto: “Cabe señalar que, como resultado del trabajo investigativo policial especializado que realiza el Departamento de Inteligencia Marítima, dependiente de DIRECTEMAR, es posible señalar que en muchos de los casos considerados en el cuadro de decomisos, la droga habría sido cargada en contenedores durante la permanencia de estos en puertos intermedios y no en Chile; o en su defecto la contaminación pudo haberse realizado a bordo de las naves durante la navegación, posterior al zarpe del último puerto en Chile. Modalidad que evidenciaría una eventual colusión por parte de la propia dotación, y apoyo de otro tipo de embarcaciones para el traslado de la droga por mar hacia la nave, acorde a lo indicado por fuentes internacionales, en particular, respecto del caso de junio del año 2019 en el puerto de Filadelfia, oportunidad en la que se confiscaron más de 15 toneladas de cocaína”.

Sin embargo, es necesario hacer notar que estas importantes incautaciones de droga en terminales marítimos de diferentes países, en contenedores provenientes de puertos chilenos, «ha contribuido a la generación de desconfianza respecto de la eficiencia de los mecanismos de control del país», acota la Fiscalía.

La ruta marítima para ingresar droga a nuestro país

Se logró detectar una variación en la forma de transporte de la droga con destino a Chile, registrando durante los años 2018 y 2019, procedimientos marítimos (en mar y puertos nacionales), a través embarcaciones que navegan por aguas internacionales frente a las costas de Ecuador y Perú para luego desembarcar en Chile.

Cabe destacar que, de acuerdo a la planificación naviera que realizan las empresas nacionales e internacionales de este rubro, los puertos chilenos no solo son utilizados como puntos de embarque y desembarque de cargas, sino que, además, como zonas para el reordenamiento de mercancías provenientes de puertos extranjeros y con destinos en el extranjero.

Lo anterior constituye un aspecto relevante para las organizaciones criminales, dado que la condición antes indicada, les permite disponer de una mayor cantidad de contenedores, y a la vez, de una gran capacidad de espacios para el envío de drogas, y representa para el Departamento de Inteligencia Marítima de DIRECTEMAR, un permanente trabajo especializado para evidenciar cargas y naves con perfil de riesgo. Ejemplo de esto, fue la alerta emitida el año 2019 a la Policía Nacional Peruana, que permitió la incautación en el Puerto de Callao de 2.2 toneladas de cocaína, dentro de un contenedor, a bordo de una nave que había transitado por puertos chilenos.

Respecto al narcotráfico transnacional, fuentes especializadas y reportes de medios de prensa internacional, señalan que en países vecinos se ha evidenciado la presencia de miembros de organizaciones criminales colombianas, mexicanas, brasileñas y europeas, entre otras, gestionando y dirigiendo actividades que incluyen el envío de cargas, a bordo de naves que consideran el arribo a puertos nacionales.

Ello determina que las cargas chilenas y eventualmente los terminales portuarios nacionales, continúen siendo utilizados como plataforma viable para el tránsito de drogas hacia el exterior, principalmente a través del ocultamiento de droga entre mercancías legalmente declaradas, por medio de la intervención de contenedores, a través del conocido sistema de “rip off” o gancho ciego, cada vez en mayor escala, considerando que últimamente, se han evidenciado entregas de grandes volúmenes de drogas, con apoyo de embarcaciones, a naves mercantes durante sus navegaciones por rutas de ultramar.

Estas actividades ilícitas pudiesen constituir, en el corto y mediano plazo, una real amenaza para el desarrollo económico de Chile, toda vez que puertos nacionales pudiesen comenzar a ser evaluados de alto riesgo por parte de las principales economías mundiales, determinando entonces un deterioro de la fluidez de la cadena logística y altos costos de tiempo, lo anterior debido al mayor nivel de exigencia en los controles y fiscalizaciones de carga chilenas.

Algunas conclusiones del estudio

El informe de la Fiscalía Nacional concluye que «la mayor disponibilidad de drogas en la región, sumado a factores geopolíticos y comerciales de Chile, entre otros, continuará amagando la jurisdicción marítima nacional, afectando la imagen y seguridad del país. Se prevé que la estricta fiscalización, a ser ejercida en controles fronterizos terrestres para el combate del narcotráfico, inmigración ilegal, contrabando, y otros ilícitos, indefectiblemente producirá una tendencia a utilizar los espacios marítimos jurisdiccionales para alcanzar sus objetivos.

Añade que «el importante crecimiento de la actividad marítima en el país abre múltiples flancos posibles de ser aprovechados por el crimen organizado transnacional, lo que conlleva nefastas repercusiones para el país; esta condición obliga a la Policía Marítima a potenciar y modernizar sus actuales capacidades, objeto contribuir a la mantención del Estado de Derecho en el mar. Es necesario que los diferentes actores participantes en la persecución del narcotráfico, comprendan de la especificidad de la dinámica marítima, objeto actuar de la forma más eficiente en el combate de este delito, sin perder, por desconocimiento, importantes oportunidades de brindar certeros golpes al narcotráfico.

Concluye que «sin constituir una novedad, el trabajo conjunto y la creación de vínculos de confianza entre entidades persecutoras, fiscalizadoras, policías y terceros países, en definitiva, son un instrumento contundente que permiten aminorar los nocivos efectos del narcotráfico«.