Como una estrategia “desatada y descomunal” calificó el diputado y presidente de la Comisión Investigadora de Casinos, Rodrigo González (PPD), las últimas acciones que ha encabezado la industria de casinos para influir en el futuro proyecto de permisos de juegos y licitaciones, lo que ha incluido reuniones con autoridades de Gobierno y que hoy se le pidió informar a la Superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán.
“Denunciamos una situación extremadamente delicada en que los casinos de juego están realizando una campaña desbocada, descomunal, para influir en las instancias públicas, porque hay un grupo de casinos que quieren gozar de una posición preferente en la renovación de las licencias de juego que la Superintendencia debe llamar en el corto plazo, mientras por otro lado Enjoy ha enviado cartas a los municipios con propuestas vinculadas a la futura legislación”, aseguró.
La situación es de gran importancia, ya que las boletas de garantía entregadas por Enjoy están próximas a cumplir sus plazos e influirían en el futuro del grupo económico y del casino de Viña del Mar, hecho que la Superintendencia no está resguardando debidamente.
“Los recursos deben estar disponibles para cumplir con las obras en la comuna, sobre todo con la oferta económica que se le hizo a la municipalidad, y para esto el día 15 de este mes se deben renovar las boletas de garantía que involucran montos cercanos a los 175 millones de dólares. Según se nos informó, la Superintendencia de Casinos está ofreciendo a la empresa la posibilidad de cambiar las boletas de garantías por pólizas de seguros, lo que haría mucho más frágil la garantía actual y las que sucedan posteriormente”, precisó.
Lo grave de la denuncia es sobre el futuro de lo que podría ocurrir con Enjoy en los próximos días, ya que según explica el diputado, la Superintendencia estaría obligada a cobrar las boletas de garantía, llevando al término de la licencia en el casino viñamarino, hecho que podría haberse evitado si hubiesen cumplido al momento de evaluar los antecedentes de la empresa.
“La Superintendencia tuvo todas las condiciones para conocer la situación deficitaria en que se encontraba la empresa Enjoy, y preguntamos por las medidas y las fiscalizaciones necesarias que ha hecho la Superintendencia sabiendo la situación de crisis que se encontraba Enjoy, mucho antes del estallido social y mucho antes de la pandemia la Superintendencia tuvo antecedentes y pudo evaluar la matriz de esta empresa y su situación de déficit financiero con anticipación, por lo que exigimos respuesta de su rol fiscalizador, tanto para resguardar los recursos públicos de municipios y Gobiernos Regionales como por respeto a los 8 mil trabajadores que están en una incertidumbre económica y laboral tremenda”, concluyó el parlamentario.
