Todo un remezón está provocando la decisión de la Corte Suprema de validar la decisión de un fiscal de la Región del Bío-Bío de declarar como imputados a los integrantes de una patrulla de infantes de marina que sufrieron un intento de atropello por parte de conductor que intentó no ser fiscalizado en medio del toque de queda.

Los efectivos, que repelieron la agresión con el uso de las reglas de enfrentamiento legales para tal situación, acudieron a denunciar los hechos a una comisaría de carabineros, donde, por orden del fiscal de turno, fueron inesperadamente calificados como imputados.

Los hechos

El pasado miércoles 13 de mayo durante la madrugada, mientras efectuaban una patrulla a pie en el centro de la ciudad de Lota, un grupo de tres infantes de marina fue víctima de un intento de homicidio a la altura de la plaza Salvador Allende, cuando el conductor de un vehículo marca Jeep, al percatarse de la presencia de los uniformados, aceleró repentinamente y, sin hacer caso de la solicitud de detención, intentó arrollarlos. El personal naval, haciendo uso de su derecho de legítima defensa, efectuó disparos de al aire con salvas, para luego disparar un balín de goma contra el vehículo en movimiento, impactando en la puerta. El incidente se saldó sin heridos.

Luego del hecho, la patrulla se apersonó en la cercana Tercera Comisaría de Carabineros para hacer la denuncia correspondiente, de acuerdo a la ley. Lo insólito del caso fue que al comunicarse el hecho al fiscal de turno, Enzo Osorio, este instruyó a carabineros para que tome la declaración a los militares no como denunciantes, sino como imputados, obviando abiertamente la ausencia de cualquier investigación o antecedente adicional para dicha determinación.

Los efectivos navales hicieron uso de su derecho a guardar silencio, e interpusieron un recurso de amparo, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción, que determinó que la decisión del fiscal Osorio era ilegal ya que, sin existir elementos objetivos, había calificado a los infantes de marina, víctimas y denunciantes de un hecho delictual, como imputados.

Sin embargo, la telenovelesca historia de estos servidores públicos estaba lejos de acabar, ya que la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema, la cual, en una decisión sin precedentes, y en un fallo de una página, la sala -integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogando integrante Jorge Lagos-, revocó la decisión de la Corte de Apelaciones penquista y determinó que las decisiones de investigación del Ministerio Público son de su exclusiva competencia, y en tal calidad pueden atribuir con total libertad el carácter de imputado a una persona, aún cuando no existan los mínimos antecedentes para ello.

En pocas palabras, los tribunales no pueden revisar la actuación de los fiscales, ya que están fuera de su control.

Peor aún, pese a esta declaración, la Corte no desconoció la conducta inapropiada de la Fiscalía.

La decisión judicial encendió las alarmas en momentos en que la extensión de las declaratorias de cuarentena y el creciente irrespeto a la medida (como también a los toques de queda nocturnos, en paralelo), puede dejar a los efectivos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, con las manos atadas para responder a la agresión de los transgresores. O sea, inermes en el momento en que más se requiere de su actuar.

¿Ministerio Público legalmente sin sujeción a control judicial?

En ese sentido, el reconocido abogado Salvador Valdés Correa, socio del estudio Carey y Cía., y miembro de la ONG «Nos Importan», señaló en una carta publicada este martes en El Mercurio, aludiendo a la decisión de la Suprema en este caso: «Preocupante. El Ministerio Público no estaría sujeto a control judicial incluso cuando en su investigación hubiere incurrido en una ilegalidad. Así se concluye del fallo reciente de la Corte Suprema al pronunciarse sobre recurso de amparo interpuesto por una patrulla de infantes de marina luego que sus derechos de libertad personal y seguridad individual se hubieran visto amenazados y perturbados en el proceso».

Para el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, «se trata de un hecho lamentable, que deja en evidencia una enorme falta de criterio. El Ministerio Público debe cuidar con el mayor de los celos su facultad privativa y autónoma de dirigir la investigación penal, y para cuidar esto, debe investigar y sancionar aquellos casos en donde se hace mal uso de ella«,

Por su parte, el senador independiente por Valparaíso, Kenneth Pugh, hizo un llamado a que los «fiscales no sean parte de quienes pasan por encima de la Ley y burlan el Toque de Queda».

Al respecto indicó que «uno de los principales problemas que se vienen dando en este Estado de Emergencia por el Covid-19, es el no acatamiento de las medidas como cuarentena y toque de queda de parte de la ciudadanía, pero lo más grave es que en este afán por burlar el Toque de Queda, se han registrado varios casos de intento de atropello a personal militar, y que este domingo cobró la vida de un joven soldado del Regimiento Nº12 Sangra, que fue atropellado en la ruta que une Alerce con Puerto Montt».

El parlamentario acusó que esta situación «se ve agravada cuando la Fiscalía y la Justicia, en vez de proteger a quienes son agredidos, se pone del lado de los agresores, tal como ha ocurrido en el caso de la patrulla de infantes de marina que, bajo toque de queda en la noche del 13 de mayo en la ciudad de Lota, fue embestida por un vehículo que quería saltarse el control por estar circulando en horario del toque de queda, por lo que los soldados hicieron uso de sus armas según lo establecido en la RUF –disparo de salva y disparo con balín de goma- pero el vehículo huyó».

Añadió que «los uniformados, siguiendo el protocolo, acudieron a estampar la denuncia a la comisaría de carabineros, pero el fiscal determinó calificar a los infantes de marina como imputados y no como testigos y víctimas, a pesar de que fueron ellos los atacados».

En este punto precisó que «si los fiscales van a optar por calificar de imputados –sin mediar diligencia alguna- a quienes tienen el deber constitucional de resguardar el orden y la seguridad en el Estado de Emergencia, y que se ven atacados por ciudadanos que se creen que están por sobre la ley, estamos abiertamente entrando a un callejón sin salida donde el sentido de la Justicia se está diluyendo en este loco afán revisionista donde todos los derechos –incluso el del respeto mínimo a normas en un estado de catástrofe- están por sobre los deberes«.

Por lo anterior, el senador anticipó que propiciará «que el Fiscal Nacional sea invitado a una sesión especial del Senado para que explique los criterios que están aplicando los señores fiscales a la hora de analizar hechos tan graves como los ocurridos, donde el agresor pasa a ser víctima y los defensores de la ley son los victimarios, o ¿acaso la Fiscalía espera que ocurran más atropellos como el que le quitó la vida al joven conscripto Hugo Jonathan Muñoz Sotomayor?».

Fatal atropello

Justamente en el caso que se refiere el parlamentario por Valparaíso, esta jornada fue decretada la prisión preventiva para Rolando Cea Ramos, el sujeto que atropelló al soldado conscripto Hugo Muñoz el domingo 7 por la noche en un control militar que se instalaba en el cruce La Vara, en la ruta Puerto Montt–Alerce, a pocos minutos de iniciado el toque de queda, hecho que terminó con la muerte del militar.

El fiscal Marcelo Maldonado formalizó la investigación por el delito de homicidio simple, además de acusar al imputado de faltar al Artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes ponen en peligro la salud de las personas en tiempos de catástrofe.

«Eludir la acción de control de fiscalización, encontrándose en un horario con obligación de haber permanecido en su domicilio en aislamiento nocturno para evitar cualquier tipo de propagaciones de contagios, son acciones que pueden poner en riesgo la salud pública«, señaló durante la audiencia, desarrollada virtualmente en la capital de la Región de Los Lagos.

El juez, así, desestimó lo señalado por la defensa que, si bien reconoció que su representado cometió una imprudencia, afirmó que no tuvo intención de matar.

Cabe recordar que tanto el Gobierno como el Ejército anunciaron la presentación de sendas querellas en contra de Rolando Cea, por la muerte del militar.

Los funerales del joven conscripto se efectuaron este martes 9 en su natal Dalcahue, y contaron con la presencia del ministro de Defensa, Alberto Espina, y el comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Martínez.

En la ocasión, el general Martínez manifestó que «los soldados nuestros han sido extremadamente prudentes y han hecho uso de las armas en contadas oportunidades. No queremos más soldados muerto y tampoco civiles muertos».

El ministro Espina, en tanto, señaló que «quitarle la vida a un joven que protegía al país es criminal y el responsable debe recibir una durísima pena«.