Carabineros tuvo que salir a aclarar la denuncia hecha por Amnistía Internacional respecto al ocultamiento de información sobre el caso de Gustavo Gatica, indicando que el oficial aludido por el organismo fue puesto a disposición de la fiscalía al igual que otros funcionarios que hicieron uso de las escopetas antidisturbios durante el estallido social del 18 de octubre pasado.

Hay que recordar que el miércoles AI publicó nuevas evidencias que muestran que un teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, identificado con el código “G-3”, habría utilizado su escopeta antidisturbios de manera abusiva contra manifestantes en múltiples escenarios y días durante las protestas de finales de 2019, además de ocultar información respecto al caso de Gustavo Gatica, quien quedó sin visión en sus dos ojos tras recibir perdigones en su rostro.

Los antecedentes señalan que el oficial “G-3” resulta ser el Subprefecto de los Servicios 2, un alto mando de las Fuerzas Especiales que integra la “Plana Mayor Especial”, un equipo que, según su directiva, se forma al interior de la institución para brindar asesoría durante contingencias o conflictos.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, dijo que “es inaceptable que los mandos de Carabineros toleraran que oficiales de alto rango como ‘G-3’ hicieran uso indebido de su arma de forma repetida. Al no tomar medidas concretas para impedir que este Subprefecto y, por ende, sus subordinados, siguieran operando sin apego a los protocolos internos y a la normativa internacional, los mandos de Carabineros propiciaron uno de los episodios más lamentables de la historia chilena reciente, donde Gustavo Gatica, de apenas 21 años, quedó ciego por disparos de balines de goma y metal mientras participaba en una protesta”.

Por tal motivo, Carabineros respondió a la acusación del organismo internacional y usando la cuenta oficial de Twitter indicaron que “Los carabineros que hicieron uso de escopetas antidisturbios cuando resultó lesionado Gustavo Gatica ya fueron puestos a disposición de Fiscalía, incluyendo a oficial mencionado, por lo que no  es efectivo lo señalado”.

Asimismo, señalan que el sumario interno que lleva la institución aún no ha finalizado y que el estado parcial del mismo no son conclusiones finales.

“Además, sumario interno no ha concluido, por lo que estado parcial de hace cinco meses no eran conclusiones finales. Identidades y antecedentes de personal involucrado han sido aportados a instancias correspondientes a cargo de investigación penal: PDI y Ministerio Público”, agrega.