Luego que Cencosud se viera obligada a echar pie atrás en su polémica decisión de acoger bajo la Ley de Protección del Empleo a dos de sus filiales (Paris y Johnson’s) tras pagar dividendos equivalentes al 80% de sus utilidades, recordamos otro suceso en el cual la transnacional controlada por Horst Paulmann también se aprovechó del espíritu de una ley para sacar beneficios a costa de los chilenos.

Transcurrían los instantes posteriores al terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, que causó centenares de muertos, daños por US$ 30 mil millones y decenas de miles de personas sin hogar. Acosado por la necesidad de responder rápidamente a la urgencia que vivía la población, el Gobierno dispuso facilidades para ingresar productos de primera necesidad en ayuda de los afectados por el sismo, los cuales serían declarados como «ayuda humanitaria», por lo que no pagarían impuestos de internación al pasar por la Aduana.

Fue así que la empresa hizo ingresar a través del Paso Los Libertadores 183 camiones con productos como agua, pañales, arroz, harina y fideos, entre el 3 y el 30 de marzo de 2010. Se trataba de una gran ayuda en medio del desastre, que mostraba la capacidad y compromiso de uno de los más poderosos holdings económicos del país.

Pero dichos productos no serían entregados a los damnificados gratuitamente como hubiera correspondido. Fueron finalmente vendidos a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) para su distribución, a pesar de que por estar caratulados como “ayuda humanitaria” no podían ser comercializados.

El hecho fue desvelado por personal de Contraloría, al detectar en las bodegas de acopio de la Onemi justamente mercadería adquirida a Cencosud declarada como ayuda humanitaria. Dicho descubrimiento quedó consignado en en el informe final de la auditoría a Onemi, efectuada por la Contraloría General de la República del 15 de diciembre de 2010.

Ante el escándalo, el director nacional de Aduanas de la época, por medio de una carta publicada en algunos medios de comunicación, señalaba que «entre abril y agosto de 2010, Aduanas fiscalizó este tipo de embarques, comprobando que, en el caso de las mercancías ingresadas por Cencosud, éstas no contaban con los certificados de la Onemi, por lo que se procedió a cobrar los aranceles e impuestos, los que fueron cancelados entre el 9 y el 29 de septiembre de 2010, quedando la empresa con su situación tributaria al día«.

Dicho pago habría ascendido a $561 millones (y que consideraba solo 182 de los 183 camiones ingresados), cifra arbitraria ya que Aduanas no pudo certificar el contenido específico de la carga transportada. Así, la empresa logró beneficios aduaneros que no le correspondían. Aún más, al detectar Aduanas esta irregularidad, sólo pidió que se hiciera el pago de los derechos no cancelados y no se querelló contra Cencosud, como sí lo hizo contra otras personas que cometieron la misma irregularidad tras el terremoto.

A fines de marzo, el ministerio de Hacienda decidiría intervenir la administración de Aduanas, debido a los “graves problemas de gestión” detectados en la entidad, entre ellos «la internación por parte de Cencosud, de alimentos con rebajas tributarias, calificados como ayuda humanitaria por el terremoto, que una auditoría de la Contraloría detectó que fueron vendidos a Onemi».

Esta decisión fue producto también de las quejas de la Asociación de Funcionarios de Aduanas (Anfach), que denunció que la autoridad de ese servicio había resuelto no comunicar la irregularidad al Ministerio Público para iniciar las acciones penales correspondientes, optando por ofrecer a Cencosud la posibilidad de acogerse al beneficio de pagar con retraso los tributos.

Casi en paralelo, se activó una investigación en Argentina, donde el Fisco allanó en mayo de 2011 12 oficinas de Cencosud en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, por la supuesta venta en Chile de mercaderías que habían sido enviadas como donaciones para las víctimas del sismo.

Las autoridades trasandinas aportaron más detalles al señalar que investigaban a Cencosud por la venta de mercancías valoradas en unos US$ 7 millones que habían sido enviadas como donación a las víctimas del terremoto de febrero de 2010. «No se pagaron derechos de importación, ni IVA, ni impuesto a las ganancias. La evasión impositiva sería de cuatro o cinco millones de dólares», precisaron, agregando que esta investigación involucraba 4.280.000 de kilos de mercadería enviados en los mencionados 183 camiones como donaciones, enviadas por la filial Jumbo Retail Argentina.

Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra quienes resulten responsables en noviembre de 2011. Ese mismo mes, la investigación pasó al Ministerio Público. Y en enero de 2013, el Juzgado de Garantía de Los Andes formalizó por contrabando y fraude al Fisco al entonces gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez, su gerente corporativo de planificación comercial, Pablo Vergara, otros dos ex ejecutivos de la empresa y un agente de aduanas.

En Valparaíso al filo de la ética

En 2014 fue el turno de Valparaíso de sufrir un desastre, luego del gigantesco incendio que arrasó buena parte del sector alto de la ciudad entre el 12 y 16 de abril. 

Aquí no hubo aprovechamiento de un beneficio del Estado, sino de una estrategia comercial dirigida a captar clientes aproblemados por perder prácticamente todo. 

Así fue que, por medio de anuncios, el holding Cencosud anunció que sus clientes con domicilio en Valparaíso tendrían 60 días de postergación en el pago de cuotas, si así lo solicitan, oferta válida para deudas de la tarjeta de crédito o créditos de consumo del banco. Sin embargo, el verdadero compromiso ético vendría con la oferta, entre el 16 y 30 de abril de 2014, de «quince cuotas sin interés comprando con Tarjeta Cencosud en Jumbo, París, Santa Isabel, Easy y Johnson” y “avance en efectivo de 100 mil pesos en quince cuotas sin interés”.

Quien cuestionó fuertemente esta ayuda en aquella fecha fue Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, quien señaló que «esto parece más una acción publicitaria que de beneficencia, porque una empresa de la magnitud de Cencosud ofrece hasta quince cuotas sin interés es claramente para que la gente pueda comprar. Lo que uno espera es que haya otro tipo de actitud, que ayuden entregando víveres, medicinas, dinero».

Y en tiempos de pandemia no podía ser menos

Aprovechando los beneficios que está entregando el Gobierno para apoyar a las empresas aproblemadas económicamente a causa de la crisis causada por la pandemia del coronavirus Covid-19, el holding Cencosud había anunciado que sus filiales Paris y Johnson’s se acogerían a la Ley de Protección del Empleo, lo que permitía suspender los contratos de los trabajadores acudiendo al seguro de cesantía, sin despedirlos.

Sin embargo, poco después, se revelaba que los accionistas retiraban el 80% de las utilidades del holding, superando con creces el 30% mínimo legal (piso establecido para proteger especialmente a los accinuistas minoritarios) que podría haber sido lo lógico en tiempos de crisis.

Acosada por la gran repercusión negativa a nivel nacional, la empresa señaló ayer jueves a través de un comunicado su decisión de retractarse y no acogerse a la citada ley, pagándole la totalidad del sueldo a los trabajadores, entre otras decisiones, como que «Cencosud y sus filiales reintegrarán los montos pagados a nuestros colaboradores por AFC».

La ministra del Trabajo María José Zaldívar, se refirió a esta decisión del directorio de Cencosud aclarando que «esto no implica que desaparezcan los cuestionamientos hacia la empresa, ya que el daño hecho a sus trabajadores y al espíritu de la Ley fue enorme».

«¡Acá quiero ser clara! Cualquier empresa que haga un mal uso de la Ley, deberá hacerse responsable de los efectos legales que tenga su decisión”, dijo Zaldívar a través de su cuenta de Twitter.

Además, destacó que el miércoles en el Congreso se aprobó la reforma a la Ley, para que las empresas que se acojan a este recurso no puedan retirar utilidades.