Luego de largos años de anuncios y otros tantos de desencuentros, la disputa entre Inversiones GNL Talcahuano y Gasoductos del Pacífico entró en una nueva fase, luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abriera una investigación tras la denuncia de la empresa penquista, en contra de la concesionaria por el conflicto en la distribución del gas natural en la región de Bío Bío.
La parte querellante aseguró que existe un monopolio en el mercado, que está impidiendo la llegada de nuevos oferentes y la baja en los precios del producto. En ese sentido, si se compara un consumo promedio de gas en Santiago (58 m2) este cuesta $46 mil, mientras que en Concepción llega a los $66 mil. Es decir en la Región del Bio Bio los precios son ente un 30 y 40% más caro.
Para la empresa, esta posición monopólica afecta directamente el proyecto que tiene en la Bahía de Concepción actualmente, y que espera poner en operaciones a contar del próximo año.
De acuerdo al gerente de Asuntos Públicos de GNL Talcahuano, Francisco Ibieta, el tema pasa porque la empresa Innergy forma parte del mismo grupo económico del operador del ducto (CGE Gas Natural), y comercializa actualmente gas natural, asegurando que lo anterior impide que llegue gas natural a la zona a precios más accesibles a la población.
Por su parte la empresa aludida, Gasoductos del Pacífico, a través de una declaración pública dio cuenta de la notificación en su contra y aseguró que en todo momento ha actuado en torno a la normativa vigente y acorde a las facultades que tiene para el trasporte de gas natural en las regiones de Ñuble y Bío Bío, las que se serán demostradas en las instancias pertinentes.
La intervención de la FNE se produce luego de sostener reuniones con los representantes de ambas empresas y tras recabar antecedentes que permiten suponer una duda razonable en torno a la denuncia de GNL Talcahuano, por lo que decidió entrar a investigar el fondo de la misma.
En razón de estos mismos antecedentes, GNL Talcahuano presentó un recurso de protección a principios de junio del año pasado ante la justicia en Concepción.
«En lo concreto, desde la perspectiva de los fines de este recurso, es que la referida nota unilateral de Gasoducto del Pacífico S.A. produjo el efecto de remover la base de certeza, claridad y estabilidad, del proyecto de la empresa que represento, base que estaba dada por el Certificado de Factibilidad de Conexión, tan claro y preciso, de 2011».
Lo anterior se refiere a una carta escrita por la gerente general de Innergy, Patricia Palacios, quien señaló en la misma, en cuanto al certificado de factibilidad emitido en 2011, que «fue otorgado a una razón social diferente; que fue otorgado en términos muy generales y sin detallar condiciones de operación; y que la conexión en cuestión no se halla considerada entre las inversiones de corto plazo de la compañía que dirige gerencialmente», según se indica en el recurso judicial.
Lo anterior viene a resumir la postura de Gasoducto del Pacífico y que, decisión que obviamente quita certeza al proyecto general de GNL Talcahuano, y que complica la opción de cerrar contratos como proveedores de empresas de la zona, ofreciendo precios competitivos especialmente gracias al abaratamiento del transporte con la construcción del terminal GNL en la bahía de Concepción.
En definitiva, se busca saber si la concesionaria mantiene o modifica el certificado de conexión de 2011; En especial, si lo modifica, se requiere saber qué condiciones finales considera sujeta esa factibilidad, de manera de poder resolver si se debe impugnar o no la definición oficial y final de Gasoducto del Pacífico, y que la Fiscalía Nacional Económica defina, en paralelo, la pertinencia o no de las medidas adoptadas por la concesionaria y que están perjudicando el actuar de GNL Talcahuano.
Según explicó a Infogate el propio Ibieta, la distribuidora y vendedora de gas natural Innergy, y Gasoducto del Pacífico concesionaria de transporte de gas, se comportan de hecho como si fueran una sola empresa. Así, pone como ejemplo que Innergy trata las tuberías de Gasoducto del Pacífico como si estuvieran destinadas a la utilización en interés suyo (tal y como lo indican por lo demás en la presentación ante la justicia penquista) contexto en el que parecen olvidar que se trata de una empresa que recibió la concesión de un servicio público de transporte de gas, «y por eso, como lo hemos manifestado reiteradamente, deben ofrecer y prestar dicho servicio con acceso y trato igualitario”.
Por ello, explica Ibieta -a INFOGATE.CL-, la empresa necesita certeza y claridad, información precisa, clara y concreta. «No es posible que se le mantenga, caprichosamente, en una situación de incerteza», destacando especialmente que el ducto es una infraestructura pública, entregada a concesión a Innergy, lo que significaría otro argumento que justifica la acción judicial y toda la estrategia de GNL Talcahuano..
En definitiva, según explica lo que se busca conocer es si la concesionaria mantiene o ha modificado el certificado de conexión de 2011.
¿Desde cuándo viene la contienda?
En 2011, según se señala desde GNL Talcahuano, habían alcanzado con los entonces dueños de CGE un entendimiento para la utilización del ducto, que hoy, en manos de los nuevos dueños españoles, la empresa desconoce.
Entonces, según consta en documentos, Gasoductos del Pacífico entregó a GNL Talcahuano un «certificado» que señalaba que «era posible» conectar el proyecto a su cañería.
En este contexto, GNL siguió avanzando en la tramitación del proyecto, especialmente en materias medioambientales. Sin embargo, según indica Ibieta, una vez que CGE cambió de propietarios (en 2016 la española Naturgy, denominada en ese momento Gas Natural Fenosa, pasó a controlar CGE), dicho acuerdo pareció quedar en nada.
Según consta en diversas notas de prensa, en 2017 los ejecutivos de ambas empresas intercambiaron una serie de correos con el objetivo de poder arribar a acuerdo. Pero las dos compañías tuvieron opiniones divergentes. Así, mientras GNL exigía el cumplimiento del acuerdo de 2011, Gas Pacífico decidió por su parte realizar un proceso abierto (conocido como open season, modalidad ocupada tradicionalmente en Argentina y validada a nivel local, exigencia basada en el Reglamento sobre Concesiones Provisionales y Definitivas para la Distribución y Transporte de Gas Nº 263 de 1995) para que cualquier empresa solicitara pasar gas por el ducto, proceso que se cerró sin oferentes.
Para GNL Talcahuano, se trata de poder acceder a conectarse al ducto, en el punto que indique la concesionaria, y según el acuerdo de 2011, por lo que no comprenden que se les haga pasar ahora por un procedimiento distinto que viola justamente el acuerdo de palabra previo.
GNL se ha reunido con diversas instancias y autoridades para dar a conocer su situación. Ha habido encuentros con parlamentarios, que llevó a un documento elaborado por diputados en el que señalan que actualmente el ingreso de nuevos actores al mercado está totalmente limitado, explicando además que «diversos estudios señalan que las cuentas de gas natural son en promedio un 25 a 30% más altas que en comparación a la Región Metropolitana y que el alza en los precios ha sido sostenida desde el año 2018».
Añaden que «la Gerente General de Gasoducto del Pacífico S.A. es también Gerente General de Innergy S.A., la que vende y distribuye gas natural argentino que posteriormente transporta a Chile a través de Gasoducto. En efecto, ambas empresas forman parte del holding de las empresas CGE Gas Natural, filial de la empresa española Naturgy». Esta última dueña del ducto.
Por otro lado, los ejecutivos de la empresa también se han reunido con diversas autoridades del Ministerio de Energía para plantear sus apreciaciones, aunque en este caso, hasta el momento, parecen estar inclinados más bien por no involucrarse al considerarlo un «asunto entre privados».
Cabe recordar que el gasoducto, que demandó en sus orígenes en la década de 1990 de una inversión de US$ 320 millones, tiene cerca de 600 kilómetros de longitud y conecta la región argentina de Neuquén con la Región del Biobío en Chile. Después de estar alrededor de una década sin enviar gas desde el vecino país a Chile por disposiciones de las autoridades trasandinas, el flujo se reinició en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
