Estados Unidos ha sancionado este viernes al jefe del Ejército y al ministro de Finanzas de Nicaragua, Julio César Avilés e Iván Adolfo Acosta, respectivamente, por su apoyo al «régimen corrupto» de Daniel Ortega.

«Las continuas violaciones de los Derechos Humanos, la flagrante corrupción y la extendida violencia contra el pueblo nicaragüense son inaceptables», ha dicho el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, quien ha avisado de que «Estados Unidos seguirá atacando a quienes apoyen al régimen de Ortega y perpetúen la represión al pueblo nicaragüense».

A Avilés le ha reprochado que, como jefe del Ejército, «rehusó ordenar el desarme y desmantelamiento de los grupos paramilitares o parapoliciales durante y después de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018».

Estas protestas comenzaron por una polémica reforma del seguro social, escalaron hasta demandar la «democratización» de Nicaragua y se saldaron con más de 300 muertos, 2.000 heridos, cientos de presos políticos y más de 100.000 refugiados.

«Las Fuerzas Armadas proporcionaron armas a los grupos parapoliciales que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, lo cual resultó en 300 muertes, significativos actos de violencia y abusos de los Derechos Humanos contra las personas asociadas a las protestas», ha recriminado el Tesoro.

En el caso de Acosta, ha sido sancionado por sus tratos para proporcionar un «signifivcativo apoyo financiero al régimen de Ortega». «Además, amenazó personalmente a bancos para que no participaran en la huelga organizada por la oposición en marzo de 2019, cuyo propósito era presionar para conseguir la liberación de los presos políticos», ha precisado.

Estados Unidos ya ha sancionado a varios altos cargos del Gobierno de Nicaragua, incluidos el propio Ortega, su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y dos de sus seis hijos, por violaciones de los Derechos Humanos.

Las sanciones dictadas este viernes implican que todos los activos de Avilés y Acosta bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y la prohibición para ciudadanos y empresas estadounidenses de hacer negocios con ellos.