La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile (ANOP) presentó una demanda de nulidad de derecho público, ante la justicia civil, que busca reparar el grave daño económico causado por el dictamen N°42.701 de la Contraloría General de la República (de junio de 2016) a los funcionarios de la institución, pues fijó un tope en la remuneración imponible de 60 Unidades de Fomento.
La acción judicial busca dejar sin efecto tal determinación del Contralor Jorge Bermúdez Soto y que el Estado indemnice a los funcionarios de Gendarmería, por los perjuicios sufridos en sus condiciones previsionales: pensiones, montepíos, indemnización por fallecimiento en acto de servicio, entre otros.
La demanda se presenta en momento en que la institución vive en estado de alerta constante -con una serie de motines, amagos de incendio, toma de rehenes y agresiones de gravedad a su personal- por la crispación de los internos en los penales, a raíz de las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia y cuando más de 350 funcionarios se encuentran contagiados por Coronavirus, señala la ANOP.
La demanda de nulidad fue admitida a trámite por el 22° Juzgado Civil de Santiago en contra del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. En esta acción legal se representa a 786 oficiales penitenciarios en servicio activo y otros 8 en retiro afiliados a la ANOP, además de viudas e hijos de funcionarios, quienes se han visto afectados por la drástica disminución de sus pensiones, situación que no se condice con la legislación vigente que regula esta materia, donde Gendarmería está en similar estatus que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
«Una demanda como la que presentamos es un camino complejo, pero es la única vía judicial para lograr que un Tribunal de Justicia se pronuncie sobre una decisión del Contralor que ha perjudicado -y seguirá perjudicando- gravemente a centenares de oficiales de Gendarmería”, aseguró el abogado representante de ANOP, Ciro Colombara.
El abogado, quien lleva la causa junto a los profesionales Aldo Diaz y Carola Cotroneo del Estudio Jurídico RCZ, agregó que «estamos ante un caso en que claramente la Contraloría se ha excedido de las funciones que le encomienda la Constitución y su Ley Orgánica, creando una nueva regla en materia previsional para los funcionarios de Gendarmería. Esta es la oportunidad para que los tribunales del país analicen el fondo del asunto discutido y resuelvan quien tiene la razón. No tenemos duda que la justicia nos dará la razón”.
La presentación – contenida en 227 páginas- considera un amplio informe histórico y jurídico de la situación previsional de los funcionarios, e incluye un análisis contable con gráficas comparativas de los montos aportados por la institución demandante y los demás imponentes de la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca), que evidencian el desmedro de Gendarmería en comparación a Carabineros y la PDI, todas instituciones expuestas a los mismos riesgos por contacto permanente con la delincuencia. Los datos demuestran que Gendarmería es la que más aporta al sistema en forma individual y la que menos retira, por lo que se solicita que la justicia anule el polémico dictamen y el Fisco reintegre los más de 4 mil millones de pesos en lo que respecta a laguna previsional, cifra que irá aumentando a medida que transcurra el tiempo.
El secretario nacional de la ANOP, teniente coronel Andrés Muñoz, explicó que “esta demanda es el resultado de un acucioso trabajo investigativo que se desarrolló por más de dos años. Con ello pudimos comprobar fehacientemente que más allá del trato discriminatorio y arbitrario del cual habíamos sido objeto, el Contralor con su dictamen ha pasado a llevar una serie de normas y beneficios previsionales que el Congreso Nacional y el Presidente de la República de aquella época nos otorgó por las condiciones de permanente exposición al riesgo”.
“El Contralor ha faltado a la verdad y ha mentido ante el Congreso Nacional y ante la opinión pública respecto a este delicado tema. Por lo tanto, hemos podido establecer que el Contralor en el cumplimiento de sus funciones ha tenido una conducta negligente inexcusable, lo que ha permitido que hoy la vida de un gendarme para el Estado chileno, valga menos”, advirtió el comandante Muñoz.
La Asociación Nacional de Oficiales de Gendarmería de Chile espera que se restablezca su derecho e igualdad en las condiciones previsionales estipuladas en la ley N°19.195 del año 1993.
Hay muchos ejemplos que reflejan la compleja realidad de los pensionados de Gendarmería tras el dictamen. Uno de ellos es el caso de la viuda del Coronel Vicente Hernán Monje Muñoz (Q.E.P.D), la señora Santos del Pilar Iturrieta Aguilera, quien perdió a su marido afectado por cáncer hace más de un año y aún no percibe lo que le corresponde.
De entre los más de 350 funcionarios contagiados por COVID-19, se puede mencionar al teniente Marcelo Saldías Fuentes, de la cárcel de Puente Alto. Estuvo 18 días en coma bajo ventilación mecánica, fue sometido a diálisis e internado en la UCI del Hospital de Carabineros. Cuando abrió los ojos, se emocionó al ver a su familia y como no podía hablar producto de la traqueotomía, escribió: “Vencí el COVID-19 Gracias a Dios”.
Otro caso de gravedad es el del Inspector Operativo de la Institución, coronel Eduardo Muñoz Bravo, tercera autoridad del alto mando institucional, quien recientemente fue conectado a ventilación mecánica en la UCI del Hospital de Carabineros. A lo anterior, se suma el Alcaide de la ex Penitenciaría de Santiago Coronel Álvaro Rivera Andrade, quién durante la tarde del lunes fue internado en el Hospital de Carabineros, además el Director Regional Metropolitano Coronel Víctor Provoste y el Presidente de la ANOP, Teniente Coronel Alberto Figueroa Quezada, ambos permanecen en reposo domiciliario contagiados por coronavirus.
