Este miércoles el Senado «ha aprobado el informe de la Comisión Mixta de reforma constitucional que fija por ley el monto de la dieta parlamentaria y otras altas remuneraciones», informó escuetamente.
Cabe recordar que esta iniciativa se presentó hace 6 años y tomó fuerza tras el llamado estallido social del 18 de octubre pasado.
Sin embargo, se dejó sin efecto la rebaja automática del 50% que se había propuesto durante el proceso.
Pero, quien será el encargado de fijar el nuevo salario será el Consejo de Alta Dirección Pública, que está couteado políticamente y sus integrantes son: Alejandro Weber Pérez (Pdte.) e integrado por los consejeros Bettina Horst (Directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo -UDI-); Eduardo Abarzúa (Director departamento gestión y negocios en Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado cumplió ya los 6 años como conesejero), Cristina Orellana (DC y esposa del también DC diputado Gabriel Silber) y Eduardo Riquelme (ex subsecreario de pesca y militante RN).
Este organismo «imparcial» e «independiente» políticamente tendrá 30 días -después de promulgada la ley- para definir el sueldo de los legisladores y ministros de forma transitoria, a la espera de la conformación de un «órgano experto» que fiara los montos de manera definitiva.
Este «organismo» será integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex Contralor o sub contralor, un ex presidente de alguna de las dos cámaras del Congreso, un ex ministro de Hacienda y un ex director nacional del Servicio Civil y serán designados -imparcialmente- por el Presidente de la República de turno y será el Senado quien dará su visto bueno con aprobación de 2/3 de sus miembros.
