La relación entre Chile y Argentina ha sido históricamente compleja, y ha pasado por períodos de profunda amistad hasta complejos momentos al borde la guerra. Y durante las últimas dos décadas con el kirchnerismo en el poder, los vínculos han sido cuando mucho, normales.

Y con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, pese a las muestras de amistad inicial, la cantidad de desencuentros entre ambos gobiernos ha ido en aumento.

El destacado analista argentino Rosendo Fraga, de hecho, califica la relación bilateral actual como tensa. «Ambas partes están en guardia y no hay buenos canales de comunicación funcionando. Cada uno se percibe como agredido y eso es lo peor que puede suceder en las relaciones internacionales entre dos estados».

En medio de la intensa pugna diplomática por las estadísticas de la pandemia de coronavirus, ambos gobiernos se están enfrascando en otro encontrón mayor vinculado a las delimitaciones fronterizas marítimas basadas en las reclamaciones sobre la extensión de la plataforma continental submarina.

Las perspectivas trasandinas son bastante claras, según explica el analista Guillermo Holzmann: «acreditar soberanía en el suelo submarino en las Malvinas o asociado a las Malvinas, incluso llegando a la idea de que la plataforma continental de las Malvinas es parte de la plataforma continental de Argentina. Lo otro es asegurar una posición que neutralice la proyección de Chile hacia la Antártica y a los recursos que hay ahí en el fondo marino».

Fue así como el Ministerio de Relaciones Exteriores nacional envió el pasado 11 de mayo una nota diplomática a Argentina señalando que las pretensiones de plataforma extendida que pretende la Casa Rosada en la zona del Mar Austral no son oponibles a nuestro país. En pocas palabras, Chile no reconoce la reclamación por tratarse de una declaración unilateral por parte del estado argentino.

En ese contexto, nuestro país se reserva el derecho para determinar su posición frente a ese sector.

La reacción del Ministerio encabezado por Teodoro Ribera fue consecuencia de lo señalado por el gobierno peronista, en especial en diciembre del año recién pasado, cuando deslizó la idea de avalar por ley la resolución de la ONU en medio de un acto en el Palacio San Martín por el día de la Antártida. Allí remarcó que la nueva ley de demarcación del límite de la plataforma continental “tiene como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y fortalecer la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas de 1982 y por otros que también dieron la vida en la Antártida”.

Política concreta y permanente

Al respecto, Holzmann explicó que «Argentina ha mantenido durante décadas una visión geopolítica muy concreta respecto no solo al cuidado de su territorio tanto terrestre, como marítimo y aéreo, sino que también ha tenido muy claro los objetivos respecto de las negociaciones para establecer sus límites«.

Añadió además que «también ha estado claro respecto a las proyecciones hacia la Antártica y ahí hay decisiones geopolíticas de parte de Argentina para potenciar su zona austral. Luego está el tema de las Malvinas, donde para ellos es fundamental establecer cómo  poder acreditar soberanía sobre ellas y poder disputárselas directamente a Reino Unido, dado que por la vía bélica eso no fue posible».

En relación a las aspiraciones trasandinas, Holzmann señala que «es así como se empiezan a hacer diversos estudios y aparece esta opción, validada por Naciones Unidas, de las plataformas continentales. Algo que no muchas naciones habían empezado a mirar, pero que sí se veía en otros países como Noruega o Rusia. En eso, Chile es sorprendido hace unos años atrás cuando Argentina hace ver plataformas continentales que no solamente tienen que ver con las Malvinas, sino que tienen que ver también con el estrecho y la proyección hacia la Antártica».

Es así que, como explica el senador Kenneth Pugh, «Argentina desde el año 2009 viene presentando un mapa respecto de su reclamación de plataforma continental extendida en territorio antártico y desde el año 2016 una senadora argentina ha presentado y renovado cada dos años un proyecto de ley que demarque con carácter definitivo y obligatorio el límite exterior de la plataforma continental».

«Es ahí cuando Chile reacciona diplomática y técnicamente, cuestión que se ha mantenido hasta el día de hoy», precisa Holzmann, quien añade que «lo que llama la atención es que estando este tema en un proceso de definiciones en los sistemas internacionales, en los organismos propios de Naciones Unidas, haya sido materia de mención política por el Mandatario argentino y la propia Cancillería, lo cual sin lugar a dudas levanta alertas, no sólo por respecto de Chile, que es el principal afectado y que tiene aún muchos instrumentos para evitar eso o establecer qué es plataforma continental (…) En ese sentido este es un llamado de alerta respecto a la forma en que Chile se proyecta o se debe proyectar, o debe anticiparse a los escenarios futuros que puede encontrar, tanto con Argentina como con otras naciones que sean vecinas paravecinas o simplemente no estén en América del Sur«.

En este sentido, además, el senador Pugh destacó que para nuestro país «es muy importante reconocer la plataforma continental extendida, dado ésta involucra áreas muy extensas en el territorio marítimo, como lo es por ejemplo la que circunda Rapa Nui junto a Salas y Gómez».

En este punto el parlamentario añade que «en cuanto a las reclamaciones en el Territorio Antártico debemos comprender que éste está sujeto a un tratado internacional perpetuo, a menos que un Estado miembro decida iniciar un proceso distinto, en que ha primado la colaboración entre naciones y el compromiso de preservación e investigación en beneficio de la humanidad».

En todo caso, frente a la reacción chilena, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino declararon que, por ahora, no responderán a Chile. Rechazan eso si los cuestionamientos de la diplomacia chilena, y creen que se limita al caso de un proyecto de ley de la senadora kirchnerista Norma Durango tendiente a aplicar en una ley los consejos que dio la ONU. Y también objetan el oportunismo de presentar esta queja: “es raro que todo esto se de en el marco de las comparaciones que hizo el Gobierno ante los resultados de la pandemia en Chile”, dijo un funcionario de la Cancillería argentina.

Para Chile, en tanto, se trata de enfrentar una estrategia sigilosa, no en el sentido de esconder una acción que en realidad ha sido publicitada, pero que implicó que, al momento de presentarse ante la ONU, no se avisó a Santiago.

«Hay una estrategia acá que supera los Gobiernos y que es una estrategia de más largo plazo y que si bien es cierto Fernández lo podría estar usando como distractor, la verdad es que no tiene esa capacidad en términos de la situación que se está viviendo a nivel mundial y en Argentina en particular. En consecuencia, yo diría que esa hipótesis tiene menos probabilidad ante aquella de que estamos frente a una estrategia de más largo plazo que busca resultados concretos», concluye Holzmann.