Un grupo de senadores y expertos en temas de salud manifestaron este domingo su preocupación por lo que consideran “apresuradas” medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera y que buscarían “normalizar” el país en plena crisis de pandemia y cuando aún no se llega al peak de contagios por CORONAVIRUS.
“Nos parece extremadamente grave que hayan sido tomadas sin ser consultadas ni validadas por el Consejo Asesor COVID-19, sino que parece responder al lobby de las empresas y no a las recomendaciones técnicas que el Gobierno se había comprometido llevar adelante”, sostienen.
En ese sentido, expresaron que aún queda mucho por hacer y mejorar para aplanar la curva, disminuir los contagios y evitar la muerte de muchos chilenos, argumentando que “aún no es el momento de relajar las medidas y cuando se haga debe hacerse bajo estrictos criterios epidemiológicos”.
Precisan que “hay que considerar que aún no se llega al peak de la epidemia en Chile y, por tanto, a la situación crítica de uso de camas UCI, ni al umbral de personas que pueden fallecer por el coronavirus. Todavía se requiere hacer todos los esfuerzos para disminuir la velocidad de los contagios y reducirla aparición de nuevos casos. Si bien se ha avanzado en ese camino, pero no se está haciendo con la potencia que se requiere”.
Recordaron que de acuerdo a las experiencias internacionales exitosas apuntan a que lo fundamental, para reducir la transmisión del virus cuando la epidemia va en ascenso y hay trasmisión comunitaria sostenida es “utilizar la estrategia de cuarentenas de las comunidades afectadas. La cuarentena permite disminuir la circulación del virus y da espacio para establecer una estrategia amplia de testeo de personas con síntomas y sus contactos para identificar tempranamente los infectados y aislarlos en lugares con supervisión por personal preparado ya sea en hoteles sanitarios o en hospitales y la identificación de los contactos que requerirán cuarentena”.
“Al presente sólo una fracción mínima de los contagiados o casos probables cumple su cuarentena en recintos destinados a eso y con supervisión profesional. La mayoría lo hace en sus casas con altísimo riesgo de difundir la pandemia, como ha ocurrido hasta ahora. En la situación actual que el virus se expande en los sectores de menores recursos donde, por el hacinamiento y escasos servicios higiénicos las posibilidades de aislamiento son mínimas y por tanto, las de contagio altas. Aquí hay un déficit estructural que la autoridad no ha sido capaz de resolver”, manifestaron.
Afirmaron que en una epidemia que va en alza, “aún no contamos con la capacidad de testeo suficiente para pesquisar tempranamente los casos, aislarlos con supervisión, trazar a los contactos y ponerlos en cuarentena, nos parece de altísimo riesgo la reapertura del comercio, particularmente, en las zonas populosas donde se está diseminando el virus: San Bernardo, Puente Alto, La Florida, Maipú, San Joaquín, Quilicura, etc”.
Los expertos y legisladores también se oponen al regreso a clases y al retorno al trabajo de los funcionarios públicos.
Asimismo, disparan en contra de la idea del Minsal de entregar un carnet de alta COVID-19, puesto que a su juicio es una “medida para legitimar el retorno de las actividades económicas lo que, evidentemente, es apresurado y arriesgado. Esta medida no puede reemplazar a la columna vertebral de la estrategia para contener la pandemia, que es el distanciamiento físico, el aislamiento en condiciones sanitarias de los casos y la búsqueda de contactos”.
“Por el contrario, vemos en el Gobierno chileno un espíritu exitista que no se condice con la gravedad de lo que ocurre en Magallanes, Ñuble, La Araucanía o en el sector poniente de la Región Metropolitana, en pleno proceso de incremento del número de casos, muertes y requerimientos sanitarios”, criticaron.
Por tales motivos, exigen que se deje sin efecto las medidas anunciadas por el Gobierno, ya que “violan precisamente el derecho a la protección de la salud de miles de personas y trabajadores en tiempos de pandemia y catástrofe en Chile”.
El documento está firmado por Adriana Muñoz, presidenta del Senado; Rabindranath Quinteros, vicepresidente del Senado; Carolina Goic, presidenta de la Comisión de Salud del Senado; Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro; Helia Molina ex ministra de Salud; Jeanette Vega, exsubsecretaria de Salud, experta OMS y Jeanette Dabanch, miembro de la Sociedad chilena de Infectología.
