La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, abrió una verdadera caja de Pandora luego de conocerse sus declaraciones en una entrevista publicada ayer domingo por el diario La Tercera, en las que señala que por varios años existió al interior de la entidad una tramitación lenta de las causas, con incumplimientos de plazos para dictar sentencia, acusando además, una selección de las salas a las que eran destinadas las causas, todo lo cual, en su opinión, “estuvo al límite de la corrupción”.
«Yo creo que el desprestigio del TC se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones», señaló la jurista, manifestando en ese contexto que «me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación de sentencias, suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones».
Frente a ello exministros del Tribunal Constitucional (TC) como los ex presidentes del Tribunal, Raúl Bertelsen y Marisol Peña, afirmaron que los dichos de Brahm son «muy graves».
En especial, Peña sostuvo que “sus declaraciones son gravísimas porque imputan directamente a todos quienes hemos sido ministros en los últimos años”, añadiendo que Brahm “no advierte que está imputando a antiguos y actuales ministros sin perjuicio del expresidente (Aróstica) del delito de prevaricación».
«Me avergüenza por el tribunal y por la institucionalidad chilena que hoy se ventilen diferencias de criterios en temas personales y de criterio jurídico a través de la prensa”, recalcó la abogada.
Por su parte, el exministro José Antonio Viera Gallo también lamentó que “se produzcan conflictos de esta magnitud al interior del tribunal”, aunque precisó que de los dichos de la actual presidenta del TC “no saco la conclusión de que puede haber un delito sino que puede haber una conducta muy reprochable”.
Desde otro frente, el director del INDH, Sergio Micco, valoró la «valentía de la presidenta del TC» e hizo un llamado a la Fiscalía para que indague el asunto, ya que estimó que «ello es sumamente grave», declarando que «como INDH oficiaremos para que se nos informe cuáles son las causas de DD.HH. en las que se habría dilatado su tramitación a fin de favorecer a responsables de violaciones a los DD.HH. Instamos, además, al Ministerio Público a que investigue estos hechos, pues podrían revestir carácter de delito».
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dio a conocer su molestia con el actuar del TC denunciado por Braham, y anunció que como organización tomarán acciones legales en contra del ex presidente Iván Aróstica.
“La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos tomará acciones legales porque no puede ni debe un personaje como Iván Aróstica seguir como ministro de un tribunal que se supone que está impartiendo justicia en forma imparcial”, afirmó la dirigenta.
Asimismo, el senador Felipe Harboe, miembro de la Comisión de Constitución del Senado hizo un llamado a María Luisa Brahm para que denuncie los hechos que ella consideró como “al borde de la corrupción”, declarando que «la motivaría a que si ella considera eso, en vez de declararlo en la prensa solamente, bueno, hiciera la denuncia correspondiente. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si es que hubo dilaciones apropósito, por ejemplo, en el caso de derechos humamos y otros, de parte del Tribunal Constitucional cuando el señor Aróstica era presidente”.
