El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó esta tarde en La Moneda que el Presidente Piñera decidió enviar un veto aditivo al Congreso para corregir el proyecto de ley de indultos conmutativos, con el que pretende beneficiar a unos 1.300 reos de las cárceles para de minimizar los efectos de la pandemia del Covid-19.

La iniciativa gubernamental fue despachada por el Legislativo, pero sin la norma que permite sancionar el incumplimiento por parte de las personas que se acojan a este beneficio -que cumplan con los requisitos y salgan de las cárceles- para pasar a arresto domiciliario total esto debido a los votos de rechazo de parlamentarios del propio oficialismo.

Finalmente, ante todo esto, el Ejecutivo resolvió enviar, con discusión inmediata, el veto para reponer los artículos rechazados, e incluso se agregará una nueva exclusión para acceder al beneficio: los condenados por violencia intramiliar.

«A la brevedad posible vamos a enviar con discusión inmediata este proyecto con el propósito de tener lo antes posible esta ley; es urgente dada la situación que hay en los recintos penitenciarios, necesitamos aliviar y que la población de riesgo pueda salir lo antes posible si cumple los requisitos de esta ley«, subrayó la autoridad.

Tras promulgarse esta ley, se estima que cerca de 1.300 internos e internas podrían solicitar el beneficio, siendo principalmente adultos mayores, mujeres embarazadas y madres con hijos menores de 2 años.

Entre las sanciones que se busca incorporar se incluye que, ante el incumplimiento del arresto domiciliario otorgado con este beneficio, se deba cumplir el resto de la pena en la cárcel.

Cabe recordar que senadores oficialistas (UDI, RN e independientes) ingresaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional acusando que el proyecto va contra «el principio de igualdad ante la ley», porque consideran «arbitrario» que el proyecto discrimine por tipo de delito cometido y no factores de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19, como la edad y el estado de salud de los reos, haciendo alusión en especial a la exclusión de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Dicho requerimiento ante el TC fue articulado por Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Francisco Chahuán (RN), siendo respaldado también por los UDI Juan Antonio Coloma, Ena Von Baer, y los independientes Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.

Ley Humanitaria

Buscando dar una clara señal hacia el oficialismo, Larraín también anunció que el Gobierno le dará «máxima urgencia» al proyecto denominado «Ley Humanitaria», con el fin de que reos de avanzada edad puedan acceder -solicitud ante los Tribunales de Justicia mediante- a arresto domiciliario total, impulsado desde diciembre de 2018.

«Existen personas que están en riesgo inminente de muerte, y creemos que ellos también son acreedores de una solución para enfrentar esta situación», sostuvo.

El ministro recordó que esa iniciativa «le permite este beneficio a los mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de una invalidez total, que los hace completamente imposible de desenvolverse por sí mismos«.

En caso de aprobarse, esta ley podría beneficiar a alrededor de 20 personas, correspondientes tanto a casos de delitos comunes como de lesa humanidad. El universo total de internos en el rango de edad que podría aspirar a esta medida suma 122 en todo el país.

Sin embargo, en los pasillos de La Moneda se ven pocas probabilidades reales de que la reposición de esta iniciativa llegue finalmente a puerto. «En el centro tiene cero votos» dijo una fuente, para quien se trata de un gesto dirigido en especial hacia el grupo que presentó el requerimiento ante el TC, buscando que bajen el recurso ante esta instancia para así apurar la tramitación del proyecto y el veto aditivo. En caso que los senadores no desistan de su presentación, la ley podría aprobarse pero para su promulgación habría que esperar el fallo del TC. De todas formas, el propio Ejecutivo podría pedir al Tribunal una tramitación express del recurso.

Paralelamente, en todo caso, el propio ministro Larraín señaló que una tercera alternativa podría ser el indulto humanitario, el cual tendría que analizarse caso a caso y es potestad del Presidente de la República.

Presiones al Ejecutivo 

En tanto, el diputado PS Leonardo Soto salió a criticar la acción de sectores de Chile Vamos que buscan extender el beneficio de indulto conmutativo por el coronavirus a condenados por violaciones a los DD.HH., los que impidieron la aprobación de aspectos claves del proyecto y recurrieron al Tribunal Constitucional.

«Estamos frente a un acto brutal e inmoral de aprovechamiento político de una crisis sanitaria, que afecta y tiene con miedo a todo Chile, para liberar por la ventana a los presos de Punta Peuco.  Además es muy preocupante que sea liderado por los presidentes de los dos principales partidos de la derecha, incluido un supuesto sector más liberal, que se enfrentan a su propio gobierno. Parece que incluso la derecha de Desbordes y compañía sigue en las cavernas», señaló.

Asimismo, subrayó el intento de estos sectores de presionar al Ejecutivo para que considere a los ex militares presos en el veto aditivo que enviaría al Congreso, advirtiendo el riesgo de que el Presidente Piñera ceda ante ellos «porque enfrenta problemas de liderazgo y conducción no solo ante la ciudadanía, sino que también dentro de su propia coalición», agregando que la presión «es muy potente porque es urgente no dilatar más un proyecto que busca evitar la propagación de un foco de contagio al interior de las cárceles que están hacinadas, el que puede colapsar por sí solo todo el sistema de salud del país».

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó que «cuando hay una emergencia como esta, uno tiene que analizar caso a caso y asumir costos políticos. Me imagino que hay un costo político en dejar libres a personas que están (detenidas) por la Ley de Drogas o a personas que podrían estar condenadas por una ‘encerrona’ violenta».

«Nadie pide que dejen libres a personas que están con presidio perpetuo, tres, cuatro, cinco o diez condenas; estamos hablando de personas que tienen una condena, sin reincidencia, adultos mayores, con enfermedades y condenas bajas; por eso es la discusión y es la diferencia que tenemos con el Gobierno», planteó el parlamentario.

A su vez, el capellán de Gendarmería, el jesuita Luis Roblero, declaró que «la cárcel de Punta Peuco es cárcel, es como todas las cárceles», asegurando que «por supuesto que soy partidario de que el proyecto de ley incluya a la gente de Punta Peuco. Entiendo que hay delitos que son muy sensibles para la humanidad (…) pero todos tenemos derecho a una muerte digna y con nuestras familias».

«Con esto no justifico, en absoluto, los delitos de lesa humanidad o los delitos que se cometieron durante la dictadura atroz que vivió este país, pero a los 80 u 85 años, cuando estás a punto de morir, hasta el más malo de los malos merece morir con un poco de dignidad. En la cárcel nunca se muere con dignidad«, agregó el religioso en conversación con Radio Cooperativa.

«Esta discusión tiene que ser con altura de miras a nivel político y nunca dando a entender que acá vamos a hacer borrón y cuenta nueva o que van a quedar en libertad, sino que solamente se va a conmutar una pena», sentenció Roblero.