Con tres votos contra dos, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía rechazaron la idea de legislar del proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica, más conocido como ley humanitaria.
El mensaje en primer trámite, ahora deberá ser revisado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se pronunciará en cuanto a las ideas matrices. De aprobarlas, se analizarían las indicaciones presentadas, tras lo cual iría a la Sala.
La iniciativa fue ingresada a fines de 2018 y se reactivó luego de que el Gobierno le pusiera discusión inmediata, esto tras la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley de indultos conmutativos que hoy analiza el Tribunal Constitucional (TC).
En simple, busca que los condenados por cualquier delito que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario. El proyecto establece que este beneficio sea otorgado por los tribunales de justicia.
En contra de la propuesta votaron los parlamentarios Juan Ignacio Latorre, Adriana Muñoz y Alejandro Navarro. A favor lo hicieron los senadores Iván Moreira y Kenneth Pugh (este último en reemplazo del senador Felipe Kast). A su vez, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín junto a sus subsecretarios hicieron uso de la palabra en distintos momentos de la sesión para responder las diversas inquietudes planteadas.
ARGUMENTACIÓN EN CONTRA
El rechazo de la idea de legislar pasa por el hecho que se incluiría en este beneficio carcelario a los reos condenados por delitos de lesa humanidad. Se planteó que la propuesta genera división en el país, contrario a lo que ha solicitado el Ejecutivo en este momento.
El presidente de la instancia, el senador Juan Ignacio Latorre manifestó que “se había acordado acelerar la tramitación de proyectos en relación al combate al COVID 19, pero esto no va en esa línea. Además este mensaje ha generado confusión en la ciudadanía porque acabamos de despachar una ley de indulto, entonces no se entiende que estemos discutiendo de nuevo el tema”.
Retomando la nueva ley que está siendo analizada por el TC -luego que parlamentarios oficialistas presentaran requerimientos ante la citada entidad para impugnar la norma-, el congresista aseveró que “dilatar la entrada en vigencia de esta ley es ir en contra de la dignidad de las personas. Se trata de mil 300 reclusos que deberán seguir esperando de dos semanas a un mes cuando el TC entregue su veredicto”.
Por su parte, la senadora Adriana Muñoz reconoció que el sentido del mensaje es correcto porque tiene que ver con lo humanitario pero hizo ver que “trasgrede las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos humanos (…) Voy a votar en contra porque esto abre la puerta a que personas que están recluidas por la violación de los derechos humanos, puedan irse a sus casas a cumplir su condena. Esto genera ruido”.
A su vez el senador Alejandro Navarro admitió que “en Punta Peuco existen condiciones dignas, no así en las cárceles comunes, ahí debe garantizarse un trato humanitario. Hay una herida abierta en un sector importante de la ciudadanía y no me parece que este proyecto termine burlándose del dolor de miles de familias víctimas de la dictadura”.
Otro de los argumentos que se entregaron en contra de la propuesta, fue que el Presidente de la República siempre tiene la facultad para indultar. En tal sentido, el Primer Mandatario tiene en su escritorio 14 antecedentes de reos que solicitaron indultos y que el Ministerio de Justicia catalogó como «favorables para indultar».
DICHOS A FAVOR
“Esto tiene que ver con la persona, con su dignidad, y no con el delito que hizo que estuviera encarcelado, porque aquello ya se juzgó. Creo que la izquierda confunde justicia con venganza. Cuando se trata de personas con cáncer terminal o que usan pañales, las defiende, pero cuando éstas fueron militares, se les condena a condiciones indignas (…) Pienso que hay que pensar en el futuro, en lo que nos une”, planteó el senador Iván Moreira.
En la misma línea, el senador Kenneth Pugh explicó que “esta iniciativa perfecciona el Estado de Derecho porque se entrega una herramienta a los tribunales de Justicia para poder decidir si una persona se merece este beneficio carcelario. Esto debiera ser un instrumento jurídico no político pensando en la humanidad de los condenados”.
