En 2019, Amnistía Internacional registró 657 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 5% con respecto al año 2018, en que se registraron, al menos, 690 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en al menos una década, aún cuando las cifras distan de ser precisas debido al oscurantismo con que manejan sus cifras reales en particular China, pero también países como Irán, Vietnam y Corea del Norte.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, por este orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de, al menos, 657 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que, presumiblemente, tuvieron lugar en China.

Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán.

Bahréin y Bangladesh reanudaron las ejecuciones el año pasado, tras una interrupción en 2018. Amnistía Internacional no tuvo constancia de ejecuciones en Afganistán, Tailandia y Taiwán, donde sí se habían registrado en 2018.

Las ejecuciones se redujeron ligeramente en Irán de, al menos, 253 en 2018 a, por lo menos, 251 en 2019. En Irak se duplicaron las ejecuciones de, al menos, 52 en 2018 a, por lo menos, 100 en 2019, y Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de personas, pasando de 149 en 2018 a 184 en 2019.

En 2019, en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, República Centroafricana y Zimbabwe se registraron acciones positivas o pronunciamientos que podrían dar lugar a la abolición de la pena de muerte.

Barbados también eliminó de su Constitución la pena de muerte preceptiva. En Estados Unidos, el gobernador de California estableció una moratoria de las ejecuciones en el estado que tiene la cifra más elevada de personas condenadas a muerte, y Nuevo Hampshire se convirtió en el vigésimo primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte para todos los delitos.

La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.

Al concluir 2019, 106 países (la mayoría de los países del mundo) habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, y 142 países (más de dos tercios del total) la habían abolido en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 24 países: Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU., Egipto, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, Marruecos y el Sahara Occidental, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Singapur, Sudán, Tailandia, Zambia y Zimbabwe.

Se registraron al menos 11 exoneraciones de personas condenadas a muerte en dos países: EE. UU. y Zambia.

Amnistía Internacional registró, al menos, 2.307 condenas a muerte en 56 países frente a las 2.531 registradas en 54 países en 2018. Sin embargo, Amnistía Internacional no recibió información sobre cifras oficiales de condenas a muerte impuestas en Malasia, Nigeria y Sri Lanka, países que, en años anteriores, habían comunicado cifras oficiales elevadas al respecto.

Se tenía constancia de que al finalizar 2019 había en todo el mundo al menos 26.604 personas condenadas a muerte.

Los métodos de ejecución utilizados en 2019 fueron los siguientes: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento.

En Irán se registraron, al menos, 13 ejecuciones públicas. Al menos seis personas —cuatro en Irán, una en Arabia Saudí y una en Sudán del Sur— fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. En varios países, como Japón, Maldivas, Pakistán y Estados Unidos, se condenó a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual.

Se tuvo constancia de la imposición de condenas a muerte en procedimientos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos en países como Arabia Saudí, Bahrein, Bangladesh, China, Egipto, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur, Vietnam y Yemen.

Análisis por regiones

América
Por undécimo año consecutivo, Estados Unidos, volvió a ser el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones. Trinidad y Tobago era el único país de la región donde la pena de muerte seguía siendo preceptiva para los delitos de asesinato.

El número de ejecuciones (de 25 a 22) y condenas a muerte (de 45 a 35) registradas en Estados Unidos disminuyó con respecto a 2018.

Más del 40% de todas las ejecuciones registradas se llevaron a cabo en Texas, que continuó siendo el estado del país que más ejecutaba (de 13 a 9). Misuri llevó a cabo una ejecución en 2019, tras no haber practicado ninguna el año anterior. Por el contrario, Nebraska y Ohio no practicaron ninguna ejecución en 2019, después de haberlo hecho en 2018 (una cada estado).

Fuera de Estados Unidos, siguió avanzándose hacia el fin de la pena capital. Barbados eliminó de su Constitución la pena de muerte preceptiva, mientras que en Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía no había personas condenadas a muerte y no se tuvo constancia de nuevas condenas.

Asia y Oceanía
Por primera vez en casi un decenio se registró un descenso del número de países ejecutores en la región de Asia y Oceanía, en donde se tuvo noticia de siete países que habían llevado a cabo ejecuciones durante el año.

Sin tener la cifra de Vietnam, el número de ejecuciones registradas (29) mostró una ligera disminución a consecuencia de los descensos en Japón (de 15 a 3) y Singapur (13 a 4). Como en años anteriores, el total regional no incluye las ejecuciones de China —presumiblemente, miles— y se ve afectado por el secretismo tanto de este país como de Corea del Norte y Vietnam.

Aunque Bangladesh reanudó las ejecuciones (dos), se tuvo conocimiento de que Afganistán, Tailandia y Taiwán, países que habían ejecutado a personas en 2018, las interrumpieron. Malasia siguió respetando la moratoria oficial de las ejecuciones establecida en julio de 2018.

En 2019, en Pakistán se registró el mismo número de ejecuciones que el año anterior y al menos 14 hombres fueron ahorcados. El número de condenas a muerte aumentó considerablemente hasta, al menos, 632, tras la entrada en funcionamiento de tribunales adicionales para aliviar la acumulación de causas pendientes.

El número de ejecuciones en Japón descendió de 15 en 2018, cuando el país informó de su cifra anual más elevada desde 2008, a tres en 2019. El 2 de agosto se ejecutó a dos hombres japoneses, y el 26 de diciembre, a un ciudadano chino. Todos ellos habían sido declarados culpables de asesinato.

En Singapur se registraron 4 ejecuciones en 2019, respecto a la cifra récord de 13 en 2018.

Filipinas intentó reintroducir la pena de muerte para “crímenes horrendos relacionados con las drogas ilegales y la corrupción”.

Se tuvo constancia de que se impusieron al menos 1.227 nuevas condenas a muerte en 17 países, lo que representaba un aumento del 12% con respecto a 2018.

Europa y Asia Central
En Bielorrusia se registraron, al menos, dos ejecuciones en 2019 frente a las cuatro de 2018. La última vez que otro país de la región había llevado a cabo ejecuciones fue en 2005.

La Federación Rusa, Kazajistán y Tayikistán siguieron aplicando moratorias de las ejecuciones. Kazajistán también anunció medidas para iniciar el proceso de incorporación al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el que los países se comprometen a abolir la pena de muerte.

Oriente Medio y Norte de África
En la región de Oriente Medio y el Norte de África se registró un incremento de las ejecuciones del 16%, de 501 en 2018 a 579 en 2019, en contra de la tendencia a reducirlas registrada desde 2015.

Esto se debe principalmente a un marcado aumento del uso de la pena de muerte en Irak y Arabia Saudí. En Irak casi se duplicaron las ejecuciones de, al menos, 52 en 2018 a, por lo menos, 100 en 2019, y Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de personas (184) en 2019, frente a 149 en 2018. Junto con Irán, fueron responsables del 92% de todas las ejecuciones registradas en la región.

Durante 2019 se tuvo noticia de ejecuciones en siete países: Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Irak, Irán, Siria y Yemen.

En 2019, se registraron 707 condenas a muerte en la región, cifra que suponía una reducción del 40% con respecto a las 1.170 de 2018.

Egipto continuó siendo el país que más condenas a muerte confirmadas imponía en la región, pero el número en 2019 (al menos 435) fue considerablemente menor a las, al menos, 717 personas condenadas a muerte en 2018. El número de condenas a muerte que las autoridades iraquíes impusieron durante el año también fue significativamente menor, con al menos 87 en 2019 frente a las, al menos, 271 en 2018.

África subsahariana
En 2019, cuatro países llevaron a cabo 25 ejecuciones: Botswana, Somalía, Sudán y Sudán del Sur. Se registró una ejecución más que en 2018 en la región.

Por segundo año consecutivo, hubo un alarmante aumento de ejecuciones en Sudán del Sur, que ejecutó al menos a 11 personas en 2019, el número más alto registrado desde la independencia del país en 2011. De las personas ejecutadas, tres pertenecían a la misma familia, una era un niño menor de edad en el momento en que se cometió el delito y tenía unos 17 años cuando fue condenado a muerte.

El número de condenas a muerte registradas aumentó un 53%, de al menos 212 en 2018 a 325 en 2019.

El número de países que dictaron condenas a muerte ascendió a 18 frente a las 17 registradas en 2018.

Revise a continuación el informe completo de Amnistía Internacional:

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