Sin embargo, ODECU reconoce que, aunque la medida va en el sentido correcto, no es adecuado imponer costos de transacción para su activación, ni limitarlo al 40% más vulnerable, ya que, en el actual escenario de emergencia sanitaria, las dificultades para generar ingresos son transversales a todos los sectores y estratos de nuestra sociedad.
Por ejemplo, para el caso del sector telecomunicaciones, nos parece desafortunado que los propios usuarios deban contactarse con la empresa que les ofrece el servicio para solicitar el corte de su plan actual y el acceso al Plan Solidario de Conectividad en forma gratuita.
Al contrario, la empresa debería aplicar la medida utilizando métodos que garanticen que los usuarios más afectados puedan acceder al beneficio, sin la necesidad de solicitarlo. Existe un importante número de abonados que simplemente será excluido de esta medida solo por no solicitarla, o no poder contactarse con la empresa.
Asimismo, es comprensible que se busque limitar el alcance de la medida, dado su impacto económico, circunscribiéndolo a un grupo determinado de la población. No obstante, se deja fuera a una importante fracción de nuestra sociedad, que es la clase media, la que nuevamente es excluida de cualquier beneficio que pueda facilitar el Estado, aunque sea víctima de un gran impacto en sus ingresos y su participación del mercado laboral.
Finalmente, resulta cuestionable también la nula capacidad de coordinación para promover una medida común a toda la banca masiva nacional, prefiriendo dejar al arbitrio de cada institución las soluciones que estimen convenientes para modificar los regímenes de pago de créditos de consumo e hipotecarios, medidas que a la postre, no garantizan un beneficio real para los consumidores, sino que más bien aseguran el negocio de los bancos, aplicando nuevos intereses, e incluso generando nuevos créditos.
