El Gobierno se enfrascó en una polémica con la Justicia luego de las críticas planteadas por los ministros Gonzalo Blumel y Karla Rubilar a la decisión de dejar en libertad a 43 de los 44 supuestos integrantes de la primera línea, que fueron detenidos el martes en las cercanías de Plaza Baquedano.
Por contrapartida, el Fiscal Nacional Jorge Abbott, dejó las razones esgrimidas por el oficialismo de lado al explicar que los fiscales tienen la obligación de actuar bajo el principio de objetividad, y que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que definirá «si teníamos o no la razón», coincidiendo con las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en cuanto a que «la existencia de la primera línea en sí misma (…) no constituye un delito».
Así, y durante la cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el titular de Interior se refirió a la posición del Gobierno ante la polémica decisión del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, señalando que “el fallo no nos gustó”, ya que en opinión del Gobierno en los hechos donde actúa la Primera Línea “se cometen delitos muy graves: ahí lo que está ocurriendo es que, además de desórdenes públicos, también se interrumpe el libre tránsito de las personas, se ataca con bombas molotov a carabineros, se les lanza piedras. Tenemos bastantes delitos que son muy graves, que tienen que no solo recibir sanciones mayores, sino también medidas cautelares más gravosas para evitar que esto se repita”.
Cabe recordar que desde el Ministerio de Interior se argumentó que los sujetos detenidos, a quienes calificaron como miembros de la «primera línea», debían quedar en prisión preventiva debido a «una alta pena probable» y que los imputados se coordinaron para cometer ilícitos. En tanto, fiscalía y defensoría descartaron la reclusión bajo el mismo argumento, aunque desde otro enfoque: que la posible sanción no amerita dicha medida cautelar. Añadieron que la mayoría no cuenta con antecedentes penales.
En ese sentido Blumel justificó plenamente la apelación efectuada por el Gobierno dirigida a revertir la libertad concedida a estas 43 personas: “creemos que son delitos graves y esos delitos graves tienen que tener sanciones muchísimo mayores”.
Por otra parte, y ante la consulta sobre el rol del Poder Judicial en esta caso y otros similares, dijo que “no quiero entrar a polemizar, porque el orden público depende fundamentalmente del Gobierno, pero requiere de toda la colaboración de todos los poderes estatales, por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio Público”.
Ante ello, recalcó que “a lo que convoco es a la colaboración de las instituciones públicas que tienen responsabilidades en impartir justicia”.
Vocera de Gobierno tampoco comparte decisión
Ya este jueves la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, había lanzado fuertes críticas al Poder Judicial, señalando no compartir la decisión que había dejado libres a 43 de los 44 detenidos por Carabineros en la jornada del martes.
«Nosotros no compartimos (el fallo) dados los antecedentes, la Fiscalía tampoco, porque podía haber aplicado medidas cautelares gravosas; no compartimos la decisión que tomó el juzgado, pero tampoco nos corresponde profundizar en esa decisión”, señaló la ministra, quien dijo también que llevan un trabajo de tres meses en materia de orden público lo cuales ya están “dando sus primeros frutos”.
La titular de la Segegob indicó que hablarán con hechos, pues “vamos a apelar a la Corte de Apelaciones y esperemos que ellos retrotraigan esa decisión y aumenten la gravedad de las medidas cautelares, porque creemos que esa es la señal que está esperando la ciudadanía”.
Lo anterior apunta a que “si Carabineros mejora sus acciones y logra detener a quienes están causando desmanes y alterando la paz y la seguridad de las personas, los tribunales de justicia nos ayuden en esa materia dando señales claras de que la sanción va a ser importante y que no va a salir gratis generar estos desmanes”.
Fiscal Abbott destaca principio de objetividad
El fiscal nacional, Jorge Abbott, entró a la polémica que surgió esta semana a raíz de la formalización de 44 personas detenidas la tarde del martes en los alrededores de Plaza Baquedano.
La máxima autoridad del ente persecutor recalcó, que a diferencia de los intervinientes -como lo es el Ministerio del Interior-, los fiscales «tienen la obligación» de actuar bajo el principio de objetividad, y que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que definirá «si teníamos o no la razón».
Aún más, y coincidiendo con lo señalado este jueves 5 por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, Abbott afirmó que «la existencia de la primera línea en sí misma, y eso tiene que comprenderlo la ciudadanía, no constituye un delito», precisando que «son los hechos que comenten las personas, que eventualmente integran la denominada primera línea, lo que puede ser eventualmente constitutivo de delito. Y nosotros actuamos respecto de esos hechos en particular».
Por ello, indicó que como Ministerio Público «tenemos una obligación que no tienen los demás intervinientes, que es el principio de objetividad, nosotros no podemos olvidar ese principio».
El fiscal nacional explicó que los hechos que se llevan a tribunales se califican jurídicamente «desde un punto de vista absolutamente objetivo», debiendo actuar «con mucha prudencia».
Así también, aseguró respetar la función que desempeña quienes están a cargo del orden publico, al igual que sus expectativas y las de la ciudadanía en torno a estos casos, pero que «el problema es que mucha de estas acciones tienen una penalidad que no justifican la prisión preventiva».
«Es paradojal, porque por una parte se nos critica que tenemos en prisión preventiva a miles de personas producto de manifestaciones sociales, por otro lado se nos critica porque no pedimos prisiones preventivas respecto más personas», acotó.
Reconoció que como institución «podemos cometer errores» y que ante ello los intervinientes podrán llegar hasta tribunales superiores de justicia para discutir la situación.
«La forma de resolver estos conflictos, la mirada distinta entre el Ministerio Público y quienes actúan como querellantes, está precisamente están en los instrumentos que el proceso le entrega a los intervinientes. ¿Cuáles son? Los recursos que se pueden interponer. Veamos el resultado de los recursos para ver si efectivamente teníamos o no razón en en los planteamientos que hemos hecho«, concluyó.
