El Presidente Piñera y su ministro de Hacienda anunciaron este jueves medidas económicas por casi 12 mil millones de dólares para afrontar los graves efectos económicos y sociales que causará en el país la pandemia del coronavirus. Pero La Moneda quedó en deuda, evidenciando -nuevamente- la desconexión del Gobierno con la mayoría de los chilenos.
El grueso de las medidas anunciadas con detalle están dirigidas a mantener a flote financieramente a las pequeñas y medianas empresas y así evitar un aumento explosivo de la cesantía, que pese al esfuerzo será considerable. En cuanto a decisiones directas para proteger el empleo, prácticamente nada. Solo se ofrece la opción de suspender temporalmente la vigencia del contrato de trabajo en los casos en que por consecuencia de la pandemia no sea posible continuar la actividad productiva, situación en la que el trabajador podrá recurrir al Fondo de Cesantía y el empleador deberá seguir pagando las imposiciones previsionales del colaborador. Lamentablemente, la autoridad no explicó si las empresas pagarán todas las imposiciones del empleado -AFP, seguro de cesantía y 7% de salud- o solo la parte de ello que paga mensualmente el empleador, que es muy menor.
Menos vigor tuvo el anuncio de un bono para los ciudadanos más vulnerables, que sumará 130 millones de dólares y beneficiará con poco más de $50 mil a cerca de dos millones de personas afectas al subsidio único familiar. Pero las autoridades no indicaron si el bono será por una vez o más, ni cuándo lo recibirán las familias.
La raquítica oferta del gobierno para las familias no da cuenta de la profundidad de los efectos económicos y sociales catastróficos que se extenderán a los más vulnerables y también a la clase media, en un país donde un tercio de los trabajadores se gana la vida como independiente (vendiendo agua mineral, por ejemplo) y de los que reciben un salario, la mitad lo hace por menos de $500 mil al mes.
Parte de estas personas quedará sin ingresos o los verán seriamente disminuidos. Por ejemplo, en el barrio El Golf ya hay un elegante restorán que cerró sus puertas dejando más de 100 empleados -garzones, cocineros- en la cesantía y otros con su contrato suspendido.
Sumemos a esto que la especulación y el alza de precios ya son una realidad. En las ferias de barrios modestos el kilo de papas ya está escalando a $600, las coliflores a entre mil y 1.500 pesos, y en los supermercados se observa el alza de productos como el aceite, por ejemplo. Eso sin considerar la ausencia de productos de limpieza y hasta de paracetamol en farmacias.
A partir de mayo los efectos se sentirán en toda su magnitud: alta cesantía, escasez de productos, acumulación de deudas familiares, alza de precios y especulación. Pero el gobierno prefiere no anticiparse a ese muy probable escenario. Así, en vez de garantizarle a los chilenos de clase media baja y pobres que se vean afectados, que tendrán un bono para alimentación al mes por cada integrante de la familia hasta que se reactive la economía, se anuncia un aporte de $52 mil que no está claro si se otorgará una sola vez o todos los meses necesarios.
Para enfrentar la especulación de productos, nada se dice sobre fijar una canasta de alimentos y productos básicos, que puedan ser subsidiados para los más vulnerables. Tampoco hubo anuncio sobre agua y luz, ya que es necesario garantizar el suministro a las familias que resulten cesantes durante estos meses, llegando a acuerdo con las empresas concesionarias.
La Moneda, una vez más, desaprovecha la oportunidad de ejercer un liderazgo conectado a las necesidades más apremiantes que tendrá gran parte de los chilenos. Si no se produce un cambio de rumbo en esta materia es muy incierto el escenario de los próximos meses. Ya no será el alza de $30 del Metro, sino miles de personas sin posibilidad de alimentar medianamente a sus familias, agobiados por deudas y embargos. Ese puede ser el combustible de una hoguera social que no se apagará con estados de excepción.
