Desde hace algunos días atrás, el país ha sido testigo de un nuevo lamentable episodio que involucra al INE y su estimación del IPC. A través de un escueto comunicado, el INE dio cuenta el 12 de febrero de una “actualización” de la variación del producto electricidad, publicado apenas 5 días antes junto con el IPC. Con todo, no se habría afectado el IPC agregado, según indicó el INE. Como era de esperar, esto generó todo tipo de dudas sobre el INE y críticas desde diversos sectores de la economía.
Lo cierto es que los indicadores estadísticos no se actualizan a 5 días de haber sido publicados, pero sí se deben corregir cuando contienen errores. Y la difusión de estos errores corresponde a una fe de erratas, transparente y no disfrazada como un proceso de mejora continua. La buena práctica internacional así lo establece: las revisiones son el resultado de un proceso planificado y comunicado con anticipación, y los errores se comunican como tales apenas se detectan.
Ahora bien, tratándose del IPC y por convención internacional, éste no se cambia, en particular cuando se trata de economías altamente indexadas. Por lo mismo, el proceso de recopilación, validación y control de calidad debe ser en extremo riguroso. Claramente algo de esto falló en la última estimación y será el INE el que deba dar las explicaciones del caso.
Pero hay algo más detrás de esto y se relaciona con el marco regulatorio bajo el cual se elaboran las estadísticas en Chile. Aspectos sobre difusión de estadísticas, transparencia, independencia profesional y gobernanza, uso de fuentes de datos alternativas, recursos para fortalecer su gestión, entre otros, son elementos que una legislación estadística moderna debiera tener y la actual normativa no los tiene. Peor aún, el proyecto de ley que los aborda ha tenido nulo avance en el Congreso desde marzo de 2018. Es cierto que una ley per se no transforma al INE en una institución moderna de la noche a la mañana, pero le brinda atribuciones y recursos para avanzar en forma sólida en ese camino. Mientras no se tenga una legislación adecuada para abordar las necesidades de información que plantean los desafíos de desarrollo que enfrenta nuestro país, difícilmente este triste episodio del INE será único o el último de su tipo.
