El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, justificó la querella presentada por el Gobierno en contra del ex mirista Jaime Castillo Petruzzi, al señalar que «traspasó los límites», tras incitar «a la violencia, a una guerra de guerrillas, o incitar al uso de la violencia para fines de desestabilización institucional».

El también ex miembro del «Movimiento Revolucionario Túpac Amaru» del Perú, hizo alusiones a estos términos durante el lanzamiento del libro»Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM», el pasado 16 de enero en Santiago.

De acuerdo a la querella presentada por el abogado Eduardo Riquelme, «don Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi formuló, ante un grupo de personas, diversas expresiones que incitan a la subversión del orden público. Habló de la guerra de guerrilla, de desgaste y sabotaje, y planteó la posibilidad de establecer un poder militar superior que enfrente a las Fuerzas del Estado chileno con el fin de hacer colapsar ‘la columna vertebral de la Defensa del Estado’, en sus propias palabras, pues representan un impedimento para alcanzar sus ideales políticos».

El subsecretario afirmó que «presentamos una querella en contra de una persona que está identificada, que había participado en el extranjero en actividades terroristas, y que en Chile tenemos antecedentes de que llamó al sabotaje político-militar e, incluso, llamó a establecer una guerra de guerrillas y, por lo mismo, consideramos que hay que trazar claramente el límite de nuestro marco democrático y de aquellas personas que salen de ese marco democrático y que debe ser sancionados por incitar a la violencia, a una guerra de guerrillas, o incitar al uso de la violencia para fines de desestabilización institucional».

Añadió que «el contexto es indiferente cuando uno traspasa el límite. El límite es el marco del debate político dentro del marco democrático; la libertad se lo permite y obviamente está garantizada la libertad de expresión, pero esta tiene un límite cual es que no se puede incitar a una guerra de guerrillas o a la desestabilización político-militar, y eso fue exactamente lo que hizo esta persona independientemente del contexto en el que lo haya hecho; por eso nosotros queremos que se investigue y si las conductas son susceptibles de ser calificadas como delito, que es lo que nosotros creemos, deseamos que sean sancionadas como corresponde«.

La querella de parte del Ministerio del Interior se interpuso al amparo de la Ley de Seguridad del Estado por el delito que sanciona a aquellos que «hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales».

La acción judicial ya fue declarada admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.