La denuncia sobre las boletas de Bancard en la Municipalidad de Valparaíso es sólo el último de una serie de conflictos que ha tenido el Presidente Sebastián Piñera y que han jalonado su carrera empresarial y política desde la década de 1980, transformándolo en el ícono de la denostada combinación de política y negocios en nuestro país.

A continuación les presentamos algunas de las más icónicas polémicas del Mandatario en las últimas cuatro décadas.

1. El vergonzoso caso «Banco de Talca»

En los ’80 la debacle bancaria nacional obligó a intervenir varias entidades financieras, entre ellos el Banco de Talca que se encontraba en “cesación de pagos” y que afectaban al Banco Central. La información de la época revela que a octubre de 1981, la deuda superaba los US$38 millones de la época. Sebastián Piñera entre marzo de 1979 y septiembre de 1980 fue el gerente general del Banco de Talca. En esos años quedaron al descubierto las “empresas de papel” que podría calzar con la actual denominación de “ideológicamente falsas”. Un modelo de negocios que pareciera seguir tan vigente y adecuado a los tiempos.

[Lea detalles en: 28 de agosto de 1982 el día en que Sebastián Piñera se fugó de la Justicia por el caso Banco de Talca]

Sebastián Piñera recibiría otro golpe cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multarlo por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada en 2007, en su calidad de director de LAN Airlines S.A.

El SVS sancionó al ex mandatario por haber adquirido un total de 3 millones de acciones de LAN con información privilegiada en julio de 2006, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A. En consecuencia, el organismo resolvió multar al actual Mandatario con UF 19.470 ($363 millones) y dado que, en su calidad de director y al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad, los cuales no eran de público conocimiento.

4. El  caso “Cascadas”

El escándalo financiero protagonizado por  Julio Ponce Lerou y algunos accionistas de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo-Colo, remeció el ambiente político durante el primer gobierno de Piñera, en lo que se conoce como el caso «Cascadas».

De acuerdo a lo informado por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, algunas de las sociedades dueñas de SQM, Norte Grande, Pampa Clichera y Oro Blanco, habrían participado en operaciones de compra de legalidad cuestionables entre los años 2008 y 2009 en dos remates de acciones que trajeron importantes ganancias al grupo de accionistas que participó.

Ponce Lerou enfocó su estrategia de defensa en “solicitar que se investiguen si el Presidente de la República, Sebastian Piñera, aún figura como accionista de SQM por la vía del Fideicomiso Ciego que administra la corredora Moneda y que correspondería a un 2,6% de Norte Grande  y un 1,6% de  Oro Blanco”.

Según se explicó posteriormente, el accionar del Presidente Piñera consistió en ingresar a los negocios de las sociedades de Ponce Lerou en 2008, mismo año en que saldría de las mismas, logrando recaudar US$213 millones. Posteriormente volvería a ingresar y salir, pasando todo ese dinero a formar parte de su fideicomiso ciego.

Piñera, sin embargo, negaría toda relación con el caso al responder a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

5. Negocios con pesquera peruana durante juicio en La Haya y paraísos fiscales

La decisión de la empresa Bancard de adquirir acciones de la pesquera peruana Exalmar en pleno desarrollo del juicio de La Haya entre Chile y Perú, abrió un flanco inesperado al Mandatario que había hecho varias declaraciones de corte patriótico que perdieron peso ante la toma de posiciones en una empresa del rival jurídico del país.

La operación posicionó al mandatario en el ojo del huracán durante la última campaña presidencial ante el eventual conflicto de interés.  Pero la operación traería un combo 2×1, cuando se conoció que el domicilio legal de la sociedad Bancard está radicado en las Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.

Peor aún, Piñera alguna vez declaró que los “paraísos fiscales se utilizan se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como la lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado”. Del dicho al hecho, varias sociedades del Mandatario han realizado diversos negocios en países con bajas tasas de tributación. Vinculadas a su propiedad se conocen sociedades domiciliadas también en Luxemburgo y otros países, con inversiones en Chile y el extranjero.

6. Financiamiento irregular de su campaña presidencial

El ex administrador electoral y ex brazo derecho de la campaña presidencial de 2009, Santiago Valdés, estuvo formalizado por el caso Penta, atribuyéndole facilitar facturas falsas por 360 millones, además de un contrato forward fraudulento por 49 millones. Estas facturas no fueron solo a Penta, sino también a empresas como  Task Andes, Aguas Andinas, Inversiones Pampa Calichera y Asesorías e Inversiones Illihue.

El financiamiento de su campaña también se vinculó a SQM, según reconoció el propio ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, al referirse a las presiones para no querellarse por delitos tributarios: Reconoció que había “una lista de los que habían recibido más plata de SQM y ME-O no estaba en el primer lugar (…) Por ejemplo algunas empresas del Presidente Piñera estaban en el primer lugar de la lista y otras más”.

Pese a todo, Valdés sería sobreseído definitivamente en enero de 2019.

7. La contradicción de Minera Dominga

En agosto de 2010, durante su primer mandato, y mientras Sebastián Piñera presionaba por  el término del proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, su familia era una de los principales accionistas de otro proyecto que apuntaba a instalarse en la misma zona: Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga, uno de cuyos principales dueños es la familia Délano… Sí, de estrecho vínculo de amistad con la familia Piñera.

El proyecto Dominga también ha estado bajo el ojo del Ministerio Público, en torno al presunto soborno que habría recibido el ex subsecretario de Minería de la administración Piñera, Pablo Wagner, de parte de empresas Penta y los montos investigados se alzan por los 42 millones de pesos, para presumiblemente favorecer a la minera. La Corte de Apelaciones de Santiago desestimaría en enero del año pasado el delito de cohecho y confirmó la condena de Wagner, a dos años de pena remitida (libertad vigilada), el pago de una multa de 72 millones de pesos por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito y la prohibición a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

Los actuales fideicomisos de Piñera 

De acuerdo a la documentación oficial, Piñera indicó que él y las sociedades en las que participa concretaron una serie de mandatos de administración de su patrimonio, con el fin de cumplir con la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y con «los compromisos voluntariamente adoptados al asumir mi candidatura».

Se constituyeron así mandatos para la administración de US$1.170 millones, de los cuales US$665 millones corresponden a activos personales de Sebastián Piñera y el resto de sus hijos, pero sigue siendo una parte menor del patrimonio familiar.

Dados a conocer en marzo de 2018, estos acuerdos fueron:

1.- Mandato especial entre Sebastián Piñera E. y BTG Pactual Chile S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 2 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 1,1 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 0,9 MM».

2.- Mandato especial entre Bancard Inversiones Ltda. y BTG Pactual Chile S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 226 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 119 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 107 MM».

3.- Mandato especial entre Bancard Inversiones Ltda. y Moneda S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 227 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 143 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 84 MM».

4.-. Mandato especial entre Bancard Inversiones Ltda. y Altis S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 210 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 1 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 209 MM».

Al igual que su esposa, la futura Primera Dama, Cecilia Morel, se había comprometido voluntariamente a sumarse a las medidas tomadas por él. Ante esto, se informó que Morel, «ha entregado en préstamo a Bancard Inversiones Ltda. sus activos financieros en exceso de 25.000 UF, para que estos sean administrados a través de los Mandatos Especiales regulados por la ley 20.880 que dicha sociedad ha suscrito».

«Esta decisión se adoptó por el hecho de que la legislación vigente no le permite a Cecilia Morel Montes suscribir Mandatos Especiales de aquellos regulados por la referida ley», precisó.

Finalmente, los cuatro hijos del matrimonio Piñera-Morel cumplieron con realizar acciones voluntarias en relación a su patrimonio. Así, se indicó que éstos celebraron hoy «dos mandatos adicionales de administración de cartera ciegos y voluntarios». El primero fue celebrado «entre Inversiones Santa Cecilia S.A. y BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 247 MM». Mientras que el segundo se efectuó «entre Inversiones Santa Cecilia S.A. y Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 257 MM».

Diversos medios, sin embargo hicieron hincapié en que parte de la fortuna familiar de los Piñera-Morel no habría ingresado en estos mandatos de administración. Por otra parte, y apenas en poco más de un año de constituirse estos acuerdos, el patrimonio de Piñera administrada por el fideicomiso ciego aumentó en casi 1.800 millones de pesos a mayo de 2019.