El representante regional para América del Sur de la Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, manifestó a través de una carta dirigida a la Cámara de Diputados su preocupación por los proyectos de ley enmarcarcados en la «agenda de seguridad», que han sido presentados por el Gobierno de Sebastián Piñera.
El ente internacional reconoce «la necesidad de adoptar estrategias y medidas de distinta índole para prevenir actos de violencia y saqueos».
La misiva señala también que, «sin embargo, la Oficina coincide con los diagnósticos que señalan que la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo, y que la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la ultima ratio».
Asimismo, subraya que, «si bien los robos, daños, incendios y saqueos son conductas ilegales y punibles conforme a la legislación nacional vigente, lo que ha dificultado la persecución penal de los perpetradores no es la falta de tipos penales, de penas más altas o de agravantes de responsabilidad penal, sino la ineficacia de la policía de identificar y perseguir a estos autores de hechos ilícitos», recalcan.
En relación con el proyecto «antisaqueos y antibarricadas», aprobado este jueves, indican que «el derecho a la reunión pacífica no debe de estar regulado por un régimen de autorización (…) la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia».
«La solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de los policías de identificar y apartar los elementos violentos (y no en la criminalización de otras conductas)», puntualizan.
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