En la búsqueda de lograr un pronto acuerdo directo que evite llegar a una etapa judicial, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmó que su cartera se encuentra en constantes conversaciones con el Consorcio Puente Chacao (CPC) y su accionista controlador, Hyundai Engineering & Construction Hyundaise en torno a la construcción del Puente Chacao, que tiene previsto unir a la isla grande de Chiloé con el continente.
En ese sentido, el ministro recalcó que «nos interesa que este puente se construya, que conectemos a Chiloé en beneficio de las personas que ahí viven y de quienes quieran visitar la isla. Esa es nuestra prioridad«.
Sin embargo, el titular del MOP fue claro en precisar que ese acuerdo no puede lograrse a cualquier costo, haciendo hincapié en cuidar los recursos fiscales.
«Obviamente tenemos que hacer cuidando los recursos de todos los chilenos. El aumento de valores que está pidiendo la empresa constructora son US$300 millones; eso significa aumentar en 50% el costo total del puente», destacó, añadiendo que «consideramos que esas cifras no se sostienen y no se sostienen en el contrato que tiene el Consorcio Puente Chacao con el Estado de Chile«.
En este punto aclaró que «estamos trabajando con ellos para lograr un acuerdo para beneficio de todos, que permita que el puente se siga construyendo y que se pague lo justo y lo que corresponde de acuerdo al contrato y la licitación que ganó esta compañía«.
De esta forma afirmó, en torno a la consulta sobre si tiene reuniones agendadas con la firma asiática, que «sí; trabajamos permanentemente con ellos, a través de distintas personas de esta compañía de manera tal de poder ir avanzando en lograr un acuerdo«.
Pero, en caso de no poder alcanzar un consenso en torno a la construcción del puente, el ministro declaró que «el contrato establece la manera de resolver cualquier diferencia y, si las partes no se ponen de acuerdo, hay una manera de ponerse de acuerdo (la judicialización), pero nada tiene que ver con la construcción del puente».
El conflicto
El lunes 23 de diciembre, Hyundai anunció que le era imposible seguir con las obras del Puente Chacao, acusando al MOP de mala fe, falta de seguridad jurídica y reiterados compromisos incumplidos.
La declaración pública de la empresa coreana provocó una serie de réplicas desde el Gobierno.
Así, el Ministerio de Obras Públicas afirmó que cumplió con cada uno de los compromisos adquiridos con Hyundai «y cumplirá estrictamente sus compromisos de acuerdo al contrato y CPC debe hacer lo mismo».
Posteriormente el propio ministro Alfredo Moreno aseguró que el Gobierno «no asumirá costos que no corresponden», mientras que su par de Hacienda, Ignacio Briones, declaró que «hay discrepancias de visión» y no descartó recurrir a la Justicia.
La respuesta de CPC y Hyundai fue fulminante, por medio de un comunicado el miércoles 25, en el que descartaron que la situación haya nacido de una «diferencia de opinión», afirmando taxativamente que «el Estado de Chile actualmente no ofrece las garantías jurídicas y comerciales necesarias para que Hyundai siga financiando el proyecto».
La réplica del MOP fue inmediata, señalando que «esa manera de proceder, que incluye graves descalificaciones al Estado de Chile, no es la conducta que cabe esperar de contratistas de obras públicas y no contribuye a encontrar una solución».
Agregó además que «el MOP insiste en el diálogo para zanjar diferencias o que CPC haga uso de los mecanismos para abordar discrepancias que establece el contrato que el mismo consorcio aceptó y firmó», instó, ya que -apuntó- «esta no es la forma de someter al debate público un tema tan relevante como es la construcción del puente Chacao ni la de resolver las diferencias que pudiera tener un contratista».