Esta semana nos hemos informado, por diversos medios, de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, uno de los más reputados termómetros de nuestra sociedad, cuyo trabajo de campo tuvo lugar entre el 28 de noviembre de 2019 y el 06 de enero de 2020 y , sus resultados, han generado una serie de análisis por lo preocupante de los datos arrojados en relación a lo que podríamos llamar “la salud de nuestra democracia”.
En efecto, estamos en un escenario extremadamente peligroso para una democracia representativa si consideramos que, junto con la pésima evaluación de 6% que tiene el Presidente de la República, este guarismo va acompañado de un rechazo del 82%, cifras inéditas en nuestro país desde el retorno de la democracia respecto de un mandatario.
Estos paupérrimos niveles de aprobación quizás no serían tan preocupantes si fueran tan solo el reflejo de un “político inepto”, como señalo el medio británico Financial Times hace algunos meses, en referencia a Sebastián Piñera, sin embargo, estos números van acompañados de cifras que reflejan el desplome en la confianza de todas las instituciones relevantes para una democracia, a saber, partidos políticos (2%), Congreso (3%), Gobierno (5%), Ministerio Público (6%), tribunales de justicia (8), entre otros y, es precisamente ese fenómeno, el que debiere centrar la preocupación de quienes tienen las primeras responsabilidades en proteger la democracia que tanto esfuerzo y sacrificio demandó para su recuperación a otras generaciones.
Observamos que la ciudadanía ha entrado en una vorágine de desconfianza generalizada y que la clase dirigente y política del país, no ha estado a la altura de los desafíos que plantean las inequidades que campean en nuestra sociedad. Han pasado tres meses desde el comienzo del estallido social y tenemos a un Gobierno que ha sido incapaz de articular una respuesta urgente y contundente para afrontar las inequidades de salud, educación, previsión, trabajo, distribución de la riqueza, protección de los recursos naturales y, por el
contrario, ha transitado por la antigua vereda de armar una agenda “en la medida de lo posible”, creyendo que con esa estrategia, a la larga, logrará mantener el modelo económico con los mínimos rasguños posibles, modelo económico que está siendo cuestionado en sus pilares fundamentales por una sociedad civil mas informada y extremadamente empoderada. En la práctica, el Gobierno, y el Presidente en particular, han apostado a la
estrategia de “los enemigos poderosos”, pretendiendo criminalizar la manifestación social, guardando una actitud muy tibia para con las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas policiales, violaciones constadas por varios organismos internacionales, sin perjuicio de que ya se han acogido en nuestro Tribunales de Justicia querellas por delitos de lesa humanidad en contra del Presidente, sus Ministros del Interior y Seguridad Pública, el General Director de Carabineros de Chile e Intendente, a cuya
evolución deberemos estar atentos.
Por otro lado, las fuerzas políticas de oposición parecen no estar conscientes de la responsabilidad que les cabe en este momento pues, en lugar de ver cómo rápidamente generan una convergencia y agenda común para, desde el Congreso, impulsar con más decisión las transformaciones que requiere la sociedad y asumir el liderazgo en esta senda transformadora, los vemos cada vez más atomizados, con muchos parlamentarios con “agenda propia”, que negocian su voto con un Gobierno que, si bien esta en el suelo, aún administra cuotas de poder, o vemos a otros congresistas aprovechando de pavimentar un camino propio, en momentos en que la consigna debiese ser la unidad.
Es este desorden opositor el que decepciona y profundiza el malestar de la sociedad civil con aquellos que, hace años, dejaron guardadas muchas de sus banderas históricas y reivindicativas en los sótanos de sus sedes partidarias. Así, solo puede haber desconfianza.
Mención aparte merece el tema constituyente, con las volteretas ya casi tradicionales de conspicuos líderes de la derecha (Allamand, Chahuan, entre otros ) o la falta de una mística común en todas aquellas fuerzas políticas que, por años, buscaron crear una Nueva Constitución en democracia y dejar de lado el legado institucional del Dictador. Sorprende que este valioso fruto del estallido social, no haya sido recogido y asumido por la oposición con la responsabilidad histórica que ello implica pues, como lo refleja la CEP, la ciudadanía parece captar que, en los pasillos del congreso, lo que parece primar es el cálculo pequeño
de la política, la hoguera de los egos y la lógica transaccional, ampliamente rechazada por nuestra sociedad.
Por todo lo anterior, debo manifestar mi profunda preocupación por el riesgo que esta corriendo nuestra democracia. Estamos viviendo la evolución de un estallido social que, si bien en estas semanas está algo más ralentizado, todos los pronósticos indican que retomará fuerza en marzo y de ahí, hasta abril 26, día del plebiscito contituyente, hay un paso y, en ese contexto, si se mantiene este nivel de deterioro de nuestras instituciones relevantes para la democracia, lo que le espera al país es quedar como una fruta madura a la espera de aquel o aquellos que sean capaces de conectar con el malestar social tan profundizado. Ya hemos visto en otras latitudes que estas condiciones son las ideales para el surgimiento de liderazgos y propuestas populistas que, indistintamente de derecha o de izquierda, tienen algo en común: llevan al acelerado desmantelamiento de la democracia y sus instituciones,transitan el sendero de las violaciones a los derechos humanos y someten la libertad de los ciudadanos y sus sociedades.
Aún creo que estamos a tiempo para conjurar el riesgo manifestado anteriormente y, para ello, lo primero es ver si se recupera la capacidad de poner por delante los intereses de nuestras y nuestros ciudadanos, tantas veces postergados, tanto por el Gobierno, como por la oposición, con un sentido de urgencia, mostrando consecuencia y liderazgo al servicio de las grandes reivindicaciones sociales pues, sólo así se puede volver a recuperar, en parte, la confianza perdida. En este momento, la principal responsabilidad la tiene el Gobierno y, en particular, el Presidente de la República pues, es dable recordar que estamos ante un sistema extremadamente presidencial y, el errático ejercicio de liderazgo o su virtual ausencia (como ocurre en estos momentos), implica que muchos comiencen a cuestionarse la viabilidad de un Gobierno que estará virtualmente acéfalo por dos años, abriéndose a pensar en adelantar los procesos electorales que renueven los rostros en la Presidencia y en el Congreso para que, con nuevos liderazgos institucionales, se pueda encauzar un proceso constituyente con
un mínimo de confianza ciudadana refrendada en las urnas.
Ha llegado el momento de que los que tienen las mayores responsabilidades en nuestro país, políticos, empresarios, líderes de opinión, líderes sociales, autoridades de las instituciones de los poderes del Estado,
enfilen su accionar hacia renovar la viabilidad de nuestra democracia, darle la capacidad de responder a los requerimientos justos y urgentes que motivaron el estallido social de octubre y antepongan los intereses de la República por sobre sus propias agendas. De no hacerlo, ya sabemos que nos espera, a la vuelta de la esquina.
