A través de una declaración oficial firmada por las más de 150 organizaciones que conforman la llamada Mesa de Unidad Social, rechazan las medidas anunciadas por el gobierno y que se traducen en proyectos de Ley como del Antiencapuchados, que para estas organizaciones representan la «agenda represiva».
En parte parte de la declaración señalan: «El proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación: 1) Paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpen servicios públicos; 2) El derecho a la autodefensa frente a la represión policial; 3) La interrupción del tránsito de personas o vehículos; y 4) Las tomas de terreno, de edificios y toda forma de reivindicación territorial, 5) Castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de «una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos» ya señalados, criminalizando la agrupación y organización social en la lucha por nuestros Derechos», sostienen.
