La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer este viernes el informe sobre la crisis social que se vive en Chile, estableciendo que en las protestas masivas y estado de emergencia, Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de manifestaciones y uso de la fuerza, recomendando a su vez poner fin al “uso indiscriminado de escopetas antidisturbios”.

Una delegación enviada por la alta comisionada Michelle Bachelet estuvo en el país las tres primeras semanas de noviembre para investigar la situación en siete regiones chilenas y en 35 páginas detalla extensas alegaciones –con ejemplos específicos- de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual cometidas por Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales habrían sido arrestadas arbitrariamente.

Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad.

El equipo enviado por la ACNUDH se reunió y recibió amplia cooperación de un gran número de autoridades locales y nacionales, como también el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, reuniéndose también con más de 300 miembros de la sociedad civil.

El equipo realizó 235 entrevistas a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos – incluidas las personas manifestantes heridas y detenidas y sus familiares- y realizó 60 entrevistas a oficiales de Carabineros, incluidos algunos heridos durante las protestas.

Se otorgó al equipo libre acceso a hospitales y centros de salud y se le permitió entrevistar a personas heridas durante las manifestaciones. Además, se recibió acceso rápido e irrestricto a lugares de detención, incluidas comisarías de policía y cárceles, así como a personas privadas de libertad a quienes el equipo quiso entrevistar en privado, y a los informes y registros relevantes.

De esta forma, el informe señala que «Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos.»

El equipo enviado por la ACNUDH documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de Carabineros y militares, por lo que el INDH ha presentado querellas relacionadas con cientos de este tipo de hechos.

» El Ministerio Público ha indicado que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado la información sobre 11 de estas 26 muertes. De estas 11, el informe afirma que cuatro casos constituyeron «privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado». En dos de estos casos, se señala que «parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia. Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial», señala el documento.

El informe también cita la cifra del Ministerio de Justicia de 4.903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, incluidos 2.792 oficiales de Carabineros, pero hace notar que otras fuentes sugieren la existencia de un mayor número de personas heridas.

En ese sentido, expresa que hubo un «uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente».

“El número alarmantemente alto de personas con heridas oculares o faciales (aproximadamente 350) demuestra que hay razones fundadas para creer que «se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas», precisa.

Señala asimismo que, si bien las heridas oculares resultaron principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del «uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno.»

El documento señala que las autoridades «tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre. Sin embargo, no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves».

Por otra parte, el informe hace notar varios fallos recientes de Cortes de Apelaciones en todo el país que han restringido el uso de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas, y que también han limitado o prohibido el uso de gases lacrimógenos en ciertos lugares (por ejemplo, hospitales).

Además, el documento entrega una serie de recomendaciones al Estado chileno como es «el cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlas las manifestaciones».

A lo anterior se añade el llamado a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea «estrictamente necesario, y nunca dentro de establecimientos educativos y de salud», agregando que los oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso adecuado de gases lacrimógenos, entre lo que se incluye que los cartuchos de gas lacrimógeno siempre «se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales».

“Diferentes instituciones estatales han tomado medidas para asegurar que las investigaciones de supuestas violaciones de derechos humanos; asegurar el acceso a abogado para las personas detenidas; el acceso a servicios para las víctimas; y proporcionar información integral, regular y accesible al público. Se han dictado fallos judiciales para proteger a las personas que ejercían su derecho a la asamblea pacífica», sostiene.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, en particular, «han cumplido de manera pronta y eficaz con su mandato de proteger los derechos humanos.»

El informe señala en sus conclusiones que las manifestaciones que han tenido lugar en Chile «han tenido múltiples causas, incluida la desigualdad económica y social. La mayoría de las personas que ha ejercido su derecho a la asamblea durante este periodo lo ha hecho de manera pacífica. Sin embargo, ha habido numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y sus instalaciones. También hubo saqueos y destrucción de propiedad tanto durante como fuera de las manifestaciones».

«Existen razones fundadas para creer que, desde el 18 de octubre, se ha cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos», afirma el documento y agrega que «estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias».

Y sostiene que «el control de asambleas por Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva», añadiendo que «algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio».

En su informe, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda también una serie de medidas específicas para rectificar las prácticas policiales y hace un llamado al Gobierno a «asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.»

«Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante», afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien señaló que «el informe recomienda que se establezca un mecanismo de seguimiento, que involucre a nuestra Oficina Regional para América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en este informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos».

«Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses – especialmente,  mientras las protestas continúan a lo largo del país, si bien con menor intensidad, y continuamos recibiendo alegaciones de violaciones de derechos humanos. El resultado del trabajo de este mecanismo debería hacerse público», concluye.

Leer el informe completo acá: