El informe entregado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) al Ministerio Público sobre la violencia tras el estallido social y los incendios de estaciones del Metro no podrá ser utilizado en investigaciones penales que lleva la fiscalía por un resquicio legal.

Durante la semana, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, recibió de manos del director de la ANI, Gustavo Jordán, un informe entregado bajo secreto de la Ley de Inteligencia N° 19.974, lo cual significa que más allá de si este documento cuenta con algún valor probatorio, el secreto que lo rige imposibilita incorporarlo en cualquier investigación penal, ya sea actual o futura, del Ministerio Público.

Hay que recordar que previamente había sido anunciado por el Ejecutivo que se entregaría un informe preparado por organismos de inteligencia a la Fiscalía, con el fin de aportar antecedentes o prueba a las investigaciones relacionadas con delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones sociales de los más de dos meses que se han prolongado.

No obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, son «secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal».

Esto imposibilita, bajo cualquier aspecto, que su contenido sea incorporado en cualquier proceso de la justicia penal en tanto no se autorice el levantamiento del secreto por las autoridades competentes, por lo que la información no puede constituir ni siquiera un aporte de contexto, puesto que a quien está dirigida queda por ley imposibilitado de comentarla, traspasarla, difundirla o de tomar decisiones investigativas a partir de ella.

En ese sentido, la Fiscalía se ha visto en la necesidad de confirmar que le fue entregado este informe de inteligencia porque su existencia fue revelada con anterioridad a los medios de comunicación.