La creación de una norma que permita a las FF.AA. asumir funciones de apoyo a la seguridad interna a través de la protección de infraestructura estratégica, es una actualización largamente postergada en Chile. Debido a los acuerdos de transición y a la natural sensibilidad derivada de esta, el país fue quedándose atrás ante los desafíos que supone la violencia organizada contemporánea. Fuertemente influida a través de procesos políticos vinculados a la globalización, los elementos de su desarrollo ya no tienen ni la alerta ni los procedimientos que tradicionalmente eran manejados por las fuerzas policiales. La aparición del terrorismo internacional termino por hacer fundamental la presencia de las fuerzas armadas.
Países con credenciales democráticas consolidadas, como Reino Unido, Francia, Alemania o España, han desarrollado legislación al respecto ya desde hace mas de dos décadas, y es común ver personal militar en aeropuertos, monumentos, instalaciones eléctricas, de agua potable o incluso bancos y centros comerciales.
Esta situación tiene varias ventajas: permite a las FF.AA. usar su capacidad de respuesta ante amenazas, dificultando seriamente la acción de fuerzas anti sistémicas como terrorismo o vandalismo; permite a las FFAA aprovechar sus capacidades logísticas de despliegue y también aquellas menos visibles como Inteligencia o movilidad estratégica; además, libera a las fuerzas regulares de Orden y Seguridad que pueden ir, desde policías comunitarias hasta fuerzas nacionales de seguridad, al disponer de forma mas eficiente de sus medios y recursos.
Una acción así, también, permite al Estado sincerar el hecho de que muchas de las amenazas y desafíos que este enfrenta superan largamente las definiciones clásicas y precisas de lo que era el simple crimen y el terrorismo, asumiendo concepciones fluidas y líquidas de las amenazas contra el estado, cuyos orígenes y patrones de acción mutan con velocidades sorprendentes.
