Luego de que el proyecto del gobierno sobre entregar la protección de infraestructura crítica bajo la custodia de las Fuerzas Armadas quedara congelado en la Comisión de Defensa, en la tarde de ayer lunes comenzó la discusión del mismo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde fue trasladada la iniciativa por solicitud de los senadores, quienes estiman que las nuevas atribuciones de las FF.AA. deben pasar por una reforma constitucional y no una mera modificación de la Ley Organica Constitucional respectiva.
La reunión, que duró poco más de una hora tuvo su punto álgido en la dura intervención del senador PS Alfonso de Urresti, quien solicitó, sin éxito, que la sesión se transformara en secreta para poder conocer en detalle los antecedentes que maneja el gobierno sobre amenazas que justificarían la reforma y las nuevas atribuciones de las FF.AA.
El senador fue incluso más allá, criticando al ministro de Defensa, Alberto Espina y la declaración conjunta del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la que contestaban el informe de Amnistía Internacional, como también haciendo alusiones a 1973 y el gobierno militar, y pidiendo respeto para el partido Socialista.
El ministro, en tanto, junto con negar cualquier tipo de ofensa hacia el partido socialista o que se continúe aplicando cualquier concepto de guerra para referirse a la crisis social que vive el país, pidió a De Urresti «facilitar la discusión sobre la base de que los senadores le pidieron centrarse y avanzar en reforma constitucional», mientras que el senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión, comentó que «si vamos a trabajar sobre la base de los 3 proyectos actualmente presentados, debemos considerar que hay algunos que consideran estado de excepción por lo que no es posible refundirlos como parece ser la idea original».
«Lo otro -añadió-, es que se debe conocer la opinión del Presidente de la República, porque decretar la salida de militares a la calle está entre sus facultades, pero entiendo que él no quiere decretar el estado de emergencia por la presión que implica dicha decisión».
En tanto el senador Francisco Huenchumilla hizo hincapié, por su parte, en la necesidad de que el Ministro del Interior asista a las próximas reuniones «ya que es competencia de su ministerio hablar de los presupuestos para estas nuevas responsabilidades facultades de las FF.AA.
Al término de la reunión, el Ministro Espina indicó que «vi la mejor disposición de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado para lograr que se apruebe un proyecto de ley que permita que las FFAA puedan colaborar en el resguardo ya la custodia de la infraestructura crítica del país que son los aeropuertos, todo lo que dice relación con los servicios básicos: agua, electricidad, gas, y que es muy importante de preservar. Queremos que las FFAA, como pasa en muchos países del mundo, en esos puntos resguardar nuestra infraestructura crítica porque nos parece que es esencial tener la tranquilidad de que están bien custodiadas».
Precisó que esta modificación no significaban otorgarle a las FF.AA. «atribuciones en materia del orden público, la que corresponde a Carabineros e Investigaciones; es simplemente un resguardo que se hace necesario y prudente por los actos de violencia que han ocurrido».
Explicó además que «tenemos la convicción de que esto se pudo hacer mediante una ley orgánica pero, en definitiva, lo que importa es el objetivo: sacar adelante esta norma que es muy importante para la seguridad de todos nuestros compatriotas y su infraestructura crítica y servicios básicos».
El titular de Defensa aprovechó la oportunidad para profundizar en torno a que la reforma «no es un estado excepción, porque su esencia es que se restringen los derechos delas personas, y esta norma de que las FF.AA. colaboren en la custodia de la infraestructura crítica no pretende restringir el derecho de ningún chileno; entonces, lo que parece razonable si uno quiere sacar adelante esta norma y así lo están pidiendo un grupo importante de parlamentarios, porque hay que obtener los votos, es que se haga mediante una reforma constitucional pero no dentro del estado de excepción porque no se está restringiendo ningún derecho especial».