La idea aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que busca bajar los sueldos parece que está a punto caerse, puesto que hay varios altos cargos del Estado que no están dispuestos a disminuir sus salarios en un 50% como lo señala la propuesta legislativa.

Hay que mencionar que la mencionada comisión aprobó el miércoles rebajar a la mitad los sueldos de los tres poderes del Estado como es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya medida comenzaría a regir cuando el Banco Central proponga una fórmula para establecer las remuneraciones.

Además, se estableció respaldar la propuesta para que sea el BC fije las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la administración del Estado como también del Gobierno, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Servel, Fuerzas Armadas y de Orden, Contraloría General de la República y empresas y universidades del Estado.

La función de bajar los sueldos apuntaría a estar en sintonía con las demandas ciudadanas, que reclaman por remuneraciones más acordes con el resto de las personas que no pueden acceder a “millonarios” sueldos y deben vivir con el salario mínimo.

De esta forma, el Congreso busca bajar la efervescencia social y las grandes diferencias que existen entre la “elite” y la ciudadanía “de a pié”.

Reclamos y voces disidentes

Sin embargo, ya las voces contrarias comienzan a alzarse por el inconveniente que conlleva la idea de bajarse los salarios como una forma de adecuarse a las demandas ciudadanas que estallaron el pasado 18 de octubre.

De esta forma, el Poder Judicial fue uno de los primeros poderes en poner el “grito en el cielo” al rechazar la idea de bajar sus sueldos en un 50%, idea que afectaría a los 21 miembros del máximo tribunal del país.

Fue el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, quien dio a conocer el parecer de la Corte al señalar que una baja en sus sueldos atenta contra la independencia e inamovilidad de los magistrados.

“En nuestro nivel superior, si se hace una rebaja, quiere decir que un ministro de la Corte Suprema queda, en términos de remuneraciones, en el nivel de un juez de comuna y eso significa colocar a un ministro de la Corte Suprema en el nivel inicial de la carrera. Un juez de comuna inicia ahí su trayectoria y después va aumentando su conocimiento y capacidad y pasa a ser juez de asiento de corte, luego ministro de Corte de Apelaciones y después de varios años, 30 en algunos casos y más en otros, llega a ser ministro de la Corte Suprema con una experiencia y una cantidad de preparación importante que, en este caso, queda de una sola vez y con una sola medida por los suelos“, explicó.

Otras voces disidentes a la idea fueron los trabajadores del Congreso, específicamente los asesores que reclamaron contra una indicación propuesta por el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, para reducir las asesorías parlamentarias que afectaría directamente los sueldos de algunos funcionarios del Parlamento.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios Parlamentarios, Paulina Lara, dijo en la semana que la ciudadanía está pidiendo “la rebaja de sus dietas (de los parlamentarios), no el sueldo de sus trabajadores”.

En ese sentido, dijo que “a nosotros nos afectan los mismos aspectos que a la ciudadanía, porque nuestros sueldos no son exorbitantes como debe pensar la gente”.

Incluso, solicitó que se los distinga de los funcionarios del Congreso, quienes a su juicio tienen “sueldos bastante elevados, incluso más que los diputados, mientras que los trabajadores tenemos sueldos bastantes ínfimos”.

Incluso al interior del Congreso hay voces contrarias, ya que existen parlamentarios que no están de acuerdo a bajarse sus dietas parlamentarias, argumentando para ello un sinnúmero de explicaciones para sostener sus privilegios.

Una de las que se niega a esto es la presidenta de la UDI y senadora, Jacqueline van Rysselberghe, quien no ha tenido sintonía con las demandas ciudadanas y ha argumentado su rechazo a la idea, pero sí ha dado su beneplácito para que la rebaja vaya en dirección de los sueldos de altos funcionarios del Estado.