La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, se ha mostrado conforme frente al informe preliminar publicado por la Fiscalía Nacional Económica, FNE, respecto al mercado de los medicamentos en Chile.
El documento de la Fiscalía recomienda realizar una reforma estructural al sector, y para ello plantea un paquete de 14 medidas que responden a cuatro objetivos: introducir más medicamentos bioequivalentes al mercado; obligar a los médicos a recetar medicamentos sin marca; obligar a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos; y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.
Para Stefan Larenas Riobó, Presidente de ODECU, la recomendación de la FNE “se alinea completamente con lo que venimos promoviendo desde mayo de 2012, momento en que publicamos un estudio acerca de la Accesibilidad y Precios de Medicamentos de Venta Directa”.
“La conclusión que propone la Fiscalía, de aumentar la competencia, lo que debería bajar los precios de los productos, confirma nuestra opinión acerca de este mercado. Por ejemplo, desde 2012 estamos realizado diferentes propuestas, y en agosto de este año respaldamos el anuncio del Gobierno para que se pudieran vender medicamentos sin receta en recintos que no sean farmacias, reconociendo que la comercialización de los llamados OTC (over the counter) traería diversos beneficios económicos a los consumidores. A esto, la FNE agregó la venta a través de otros canales, como el online, lo que plantea una solución mayor envergadura”.
Implementar las medidas de la FNE podría lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes, lo que significaría un impacto total anual de entre US$ 76 millones y US$ 380 millones, en un mercado que mueve al año cerca de US$ 1.500 millones.
Como lo ha señalado ODECU, la compleja situación de los medicamentos, no solo representa un problema médico, sino, especialmente, es un problema ciudadano, en el que están en cuestión el acceso a ciertos medicamentos y la apertura de posibilidades para el libre ejercicio del derecho a elegir, y el deber del autocuidado.
“Cuando la FNE señala que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes, y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, los que terminan recetando esos productos en vez de otras alternativas más baratas, se confirma una práctica que afecta directamente al bolsillo de las personas, y que debería solucionarse con las medidas que promueven a los bioequivalentes, junto con una fuerte política de información y educación”, concluye Larenas.
