Luego de conocer los archivos del denominado “PacoLeaks”, el escándalo que involucra a los departamentos de inteligencia de Carabineros y la PDI que reveló antecedentes que demuestran el seguimiento por parte de policías a agrupaciones y líderes sociales, los senadores Alejandro Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC), ingresaron un recurso de amparo contra el ministro del interior Gonzalo Blumel, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, con el fin de esclarecer las causas de la persecución de tres de las personas mencionadas en el informe.
Se trata del líder del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el máximo representante de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez.
“Queremos saber cuáles son las razones de este verdadero espionaje a organizaciones sociales, si se les ha acusado de un delito o si se les ha aplicado la Ley de Inteligencia del Estado. En el primer caso, correspondería saber si se ha denunciado un delito en contra de estas personas, qué fiscal dirige la investigación, y qué diligencias ha ordenado. En el segundo caso, cuáles serían las razones para considerar a estas personas vigiladas como peligros para el orden y la seguridad nacional, que es la única razón habilitante para vigilarlos. En caso de carecer de motivos, pedimos a la Corte ordenar que cese la vigilancia”, señaló Navarro.
El parlamentario aseguró que “los servicios de seguridad y las fuerzas Armadas y de orden no deben convertirse en juguetes del Presidente de turno, no se crearon como policía política del Ejecutivo. Eso ocurre con las Dictaduras, y le pedimos al Presidente Piñera, como Jefe de Estado, que reafirme su compromiso con la democracia, y de inmediato emita la orden para que termine este espectáculo, pues la Seguridad interna ha sido expuesta, y los organismos internacionales están alertas sobre Chile. No podemos actuar como país, como si existiera una Dictadura encubierta”.
De la misma forma, la senadora DC, Yasna Provoste, indicó que “el seguimiento de Carabineros a distintos líderes sociales es algo que la justicia debe indagar. Primero, no consideramos que la policía deba jugar un rol político de seguimiento a líderes sociales mientras el país se debate hoy con altos índices de narcotráfico, con cifras de inseguridad ciudadana muy altas”.
“Lo más adecuando es que Carabineros se ocupe de esas funciones y no de ser el brazo armado político del gobierno. Creemos que el seguimiento de los líderes sociales debe terminar por parte de las policías. Y la inteligencia de este cuerpo policial financiado por todos los chilenos y chilenas tiene que dedicarse a las tareas que la ciudadanía espera de ellos”, cerró la parlamentaria.
