La siguiente es la crónica de la Agencia francesa AFP, que reproducimos íntegramente:

Las protestas sociales llegaron este miércoles al centro comercial Costanera Center, la puerta de entrada al distrito financiero y las zonas acomodadas de Santiago, hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile.

A dos semanas y media del estallido, cientos de personas -en su mayoría jóvenes- llegaron hasta el centro comercial más grande de Sudamérica y que alberga la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno. Hubo fogatas, saqueos a una farmacia y al menos dos bancos y enfrentamientos con la policía en varios puntos cercanos al Costanera Center y el barrio de Providencia.

Desde temprano, la policía había acordonado el lugar y la administración decidió cerrar las puertas después del mediodía. Locales comerciales aledaños resguardaron con madera y latones sus vitrinas y durante toda la jornada se vivió un ambiente de tensión en todo el sector que lo rodea.

«Estamos viviendo un nivel de violencia y destrucción nunca antes vistos en la comuna», dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

A través de mensajes anónimos en redes de sociales se convocó a trasladar durante esta jornada a los barrios ricos las protestas que se iniciaron el 18 de octubre y que se han concentrado en el centro de Santiago.

Llegó la hora de llegar al oriente», el este acomodado de la capital, decía una de las convocatorias, en la que se explicaba que era el momento «de que el empresariado sienta el descontento del pueblo» y «las clases se unan».

La policía antimotines usó chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que se concentraron en varios puntos alrededor del centro comercial, un ícono del progreso económico de Santiago.

«La gente está más bien triste y asustada por cómo retomar la normalidad del país», dijo a la AFP Andrea Ortega, una abogada de 43 años, que dejó su oficina para buscar a sus hijos antes de la hora habitual por miedo a disturbios.

Para Arturo Donoso, un padre de 40 años, «todos entendemos que hay una demanda justa, no porque vivamos aquí no lo sabemos».

Horas después, miles de manifestantes volvieron a congregarse en Plaza Italia, principal escenario de las protestas desde su estallido, donde se registraron incidentes aislados.

Para este miércoles también hubo llamados a protestar en las afueras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, cuya sede en la exclusiva comuna de Vitacura representa uno de los mayores íconos arquitectónicos de la ciudad.

«Esto tenía que pasar y me conmueve que sean nuestros nietos los que hayan tomada la posta de luchar por un Chile que no merece estas injusticias», relató ahí con un megáfono Rebeca Pemjean, una jubilada de 64 años, exiliada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Nada que ocultar

Junto con las protestas, crecen las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.

El martes, dos estudiantes de secundaria resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron a su liceo. Uno de ellos fue detenido y se le imputará el delito de apremios ilegítimo, informaron medios locales.

La Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por «tortura» contra dos personas, uno de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia decretado por Piñera y vigente en los primeros 9 días de protestas.

Ante esta ola de denuncias, Piñera afirmó el miércoles: «Establecimos transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar».

El mandatario aseguró que con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que provocaron disturbios violentos, saqueos y dañaron más de 70 estaciones de Metro se hará con «cualquier exceso que se haya cometido» en el uso de la fuerza.

La justicia por su parte anunció que admitió a trámite una querella para investigar la supuesta responsabilidad de Piñera en crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas sociales.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por policías y militares. El Colegio Médico, en tanto, contabiliza más de un centenar de heridos oculares por el uso de perdigones en las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita al país, sumándose a la misión de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH que ya se encuentra en Chile. El miércoles, además, varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura, arribaron al país para investigar las denuncias.

Junto a varios de sus ministros en la sede presidencial de La Moneda, Piñera firmó un proyecto de ley que eleva -financiado por el Estado- el salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (467 dólares), en el marco de la agenda social con la que busca aplacar el malestar.