En medio de la discusión por una nueva Constitución como paso clave en la solución de la crisis social que enfrenta el país, Greenpeace planteó la necesidad de que los temas medioambientales se ubiquen como una de las prioridades en el contenido de la nueva Carta Fundamental.

De acuerdo con la ONG, la discusión de las fórmulas para llegar a una nueva Carta Magna no pueden esconder el verdadero cimiento sobre el cual debe ser elaborada: con una ciudadanía protagonista, con un rol vinculante y que resguarde los derechos medioambientales que han sido vulnerados durante décadas.

“La actual Constitución establece el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, pero para todos es claro que se ha tratado de letra muerta. De hecho, buena parte de las injusticias y desigualdades que vive nuestro país tiene un componente medioambiental. Solo es cosa de ver la realidad de miles de personas que han debido vivir por décadas en zonas de sacrificio, los millones que respiran un aire contaminado, una pesca que ha arrasado nuestros mares o los miles y miles de compatriotas que hoy no tienen acceso al agua”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

Desde el organismo medioambiental señalaron que es el momento de corregir aquellos problemas que han significado una enorme injusticia medioambiental para miles de chilenos.

En este sentido, dice la ONG que es momento de revisar si el agua debe seguir siendo un bien privado mientras estudios dan cuenta que Chile ocupa el lugar 18 de los países del mundo con mayor estrés hídrico, apenas a un puesto de entrar al grupo de las 17 naciones más afectadas del planeta.

“Hoy casi medio millón de chilenos recibe agua gracias a camiones aljibes. La situación es gravísima y por eso es hora de preguntarse el tipo de resguardo constitucional que debe tener el agua a futuro”, señaló Asun.

Además de la crisis hídrica y la realidad de las zonas de sacrificio, Greenpeace resaltó la necesidad de revisar en la nueva Carta Fundamental la protección de los océanos, la contaminación ambiental que afecta a millones de chilenos, la industria forestal, la protección de los glaciares y la necesidad de que se garantice la participación ciudadana al momento de definir proyectos de inversión que pueden afectar medioambientalmente a la población.

“Es necesario confirmar un itinerario claro y que la ciudadanía tenga un rol protagónico en la definición de los grandes temas medioambientales que hoy afectan al país y que también han sido causal de injusticia y desigualdad durante ya demasiado tiempo. Y por eso es que hemos lanzado una campaña en nuestra página web para que la ciudadanía se pueda sumar y exigir una Constitución que esté a la altura de los desafíos ambientales que tenemos a futuro”, finalizó el director de Greenpeace.