Por sistema de sorteo, la Cámara de Diputados definió la composición de la comisión que estará encargada de analizar la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Tras darse cuenta de la presentación del libelo acusatorio ante la Sala, la Corporación inició el sorteo que definió la participación de los diputados Marcos Ilabaca (PS), Sergio Gahona (UDI), Joaquín Lavín (UDI) y Jaime Bellolio (UDI) y de la legisladora Catalina Del Real (RN).

Definidos estos pasos, comienza hoy a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al exsecretario de Estado, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país, mientras se desarrolla este proceso.

A partir de la notificación, el exministro Chadwick tendrá diez días para hacer presente sus descargos ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.

La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.

Estas normas, así como los procedimientos a seguir tienen su base en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI).

La acusación

La acusación constitucional fue ingresada el pasado miércoles 30 de octubre con la firma de diez diputados: Gabriel Boric (IND), Manuel Monsalve (PS), Ricardo Celis (PPD), Boris Barrera (PC), Daniella Cicardini (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Catalina Pérez (RD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Camila Rojas (IND), Tomás Hirsch (PH) y Gabriel Silber (DC).

Se trata de un libelo centrado en la responsabilidad de mando del exsecretario de Estado, en materia de violaciones a los derechos humanos, esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las tareas de orden público, durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional.

En tal sentido, se recalca que el Estado de Emergencia que se decretó tras el estallido social solo permite limitar dos derechos civiles; el derecho a reunión y el derecho a la locomoción, por lo que es obligación de la autoridad velar por el respeto del resto de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos: el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad síquica, los cuales no habrían sido cautelados por el exministro Chadwick.

Cabe agregar que, si bien Chadwick ya dejó su cargo en el Gobierno, la acusación constitucional solicita la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.