El 14 de octubre de 2019 dio inicio una de las semanas de más intensas movilizaciones que, a la fecha – pese que algunos dijeron que “esto no prendió” – nos tiene con 41 días de crisis social y con la evidencia empírica de la absoluta incompetencia del Gobierno y de la clase política en general, de dar respuesta a las causas que incubaron el malestar que ha estallado.
Hemos presenciado, a lo largo del país, multitudinarias marchas pacíficas que exigen cambios estructurales en nuestra sociedad, que exigen respuestas en materias previsionales, de sueldo mínimo, de medicamentos, de endeudamiento educacional, de dignidad, de verdadera protección a la salud de los más necesitados, de cambios de las bases constitucionales en que se funda nuestra República (bases actuales que se fijaron en Dictadura), todos temas intrínsecamente vinculados y, a la fecha, sólo se ha mostrado a la ciudadanía un acuerdo que, con sus imperfecciones, abre la puerta para elaborar una nueva constitución generada en democracia para nuestro país y, las respuestas inmediatas a los temas sensibles antes mencionados, se dilatan o se pasan por el cedazo de la gradualidad, en la clásica retórica de que “no se pueden solucionar todos los problemas a la vez”.
Paralelamenete, hemos sido testigos de cómo las manifestaciones – en su mayoría masivas y pacíficas – han servido de marco para que, por sus bordes, se desate la delincuencia y el bandalismo de manera oportunista, sumiendo a la ciudadanía a un clima de temor, a inaceptables episodios de quemas y destrucciones de medios de transporte y centros de abastecimientos, grandes y pequeños, con saqueos y destrucción desenfrenados.
Ambos fenómenos conviven simultáneamente y, uno debiere esperar que la autoridad de Gobierno tuviere la capacidad de afrontar estas problemáticas de manera sensata, con el despliegue de la fuerza pública actuando dentro de los marcos de la institucionalidad y respeto a sus propios protocolos, sin incurrir en excesos y en flagrantes violaciones a los derechos humanos, focalizando su accionar puntualmente en aquellos que incurren en actos
delincuenciales y de bandidaje y, manteniendo una actitud distinta respecto de quienes ejercen su derecho a manifestarse. Sin embargo, hemos sido testigos de un despliegue absurdo de la fuerza pública, reprimiendo de manera severa la manifestación y a los manifestantes pacíficos y, por otro lado, una absoluta incapacidad de focalizar el accionar en los violentistas (que son los menos), generando un grave cuestionamiento de parte de
organismos internacionales respecto de la violación de derechos humanos que hoy se han cometido en el país.
Tuvieron que ser organismos internacionales los que levantaran la voz para que el Gobierno reconociera un hecho evidente, pese a que el INDH y la Defensoría de la Niñez pusieron la voz de alerta de manera muy temprana. Cuánto mal nos habríamos evitado si el Gobierno hubiere actuado de manera temprana en este punto !, quizás no
tendríamos el triste record de ser el país con mayor cantidad de lesionados con ceguera permanente en alguno o ambos de los ojos producto de la acción policial. El Gobierno, de manera muy errónea, apostó por una respuesta de fuerza a la potente manifestación y, en esa apuesta, incluso echo mano de los estados de excepción constitucional lo que, a la fecha, no ha dado el resultado que pretendía alcanzar, sino que todo lo contrario. Podemos incluso
constatar que, esta estrategia, no ha sido del todo abandonda por el primer mandatario al anunciar un proyecto de ley que pretende militarizar la sociedad, sin necesidad de estado de excepción, con la excusa de proteger instalaciones sensibles o estratégicas para liberar de tales tareas a Carabineros.
En todo este escenario, sólo me viene a la mente lo que escuché a un manifestante, un hombre de la tercera edad que, pese a los anuncios de proceso constituyente, pese a los acuerdos en agendas sociales, pese a la fuerte represión policial, pese a que no tiene donde hacer sus compras por cuanto los locales de su barrio fueron saqueados, pese a los insistentes llamados de los políticos a rechazar la violencia, venga de donde venga, pese a las apocalípticas visiones de algunos de que se está desmoronando y poniendo en peligro nuestra democracia, sigue saliendo a la calle a manifestarse y marchar, exigiendo respuestas reales, efectivas y, por que no decirlo, inmediatas a los temas planteados. Ese hombre señaló que, a esta altura de su vida, no tiene nada que perder, que ya lo ha perdido todo y que no está en condiciones de seguir esperando los tiempos mejores prometidos o aquella alegría que se anunció que vendría, hace tantos años y que por lo visto, esta lejos aún de llegar.
En efecto, lo que las clases dirigentes no entienden, sean estas políticas y/o empresariales (e inclusive los medios de comunicación) es que la ciudadanía que se manifiesta no confía en que se vaya a dar respuesta a sus demandas y, por lo demás, no se hace eco de las medidas de la agenda social aprobada en el Senado con el Ministro de Hacienda. ¿Cómo se le explica a un pensionado de 68 años que debe seguir esperando a cumplir 80 años, para que su pensión roce la linea de la pobreza si, por sus dolencias, tiene severas y fundadas dudas de llegar incluso a cumplir 69 años? ( y nótese que muhos pensionados no van a tocar ninguna de estas mejoras graduales). Ese es el punto clave del asunto; hoy, los que marchan no tienen nada que perder, ya lo perdieron todo y miraron desde la vereda como su país se modernizaba, como algunos amasaban florecientes fortunas, como los políticos se dedicaban a legislar entregando, con cuenta gotas, mejoras a todos aquellos que tuvieron que postergarse para que el país creciera de la forma en que lo hizo, con estudiantes que hipotecaron su futuro a la banca, estudiando carreras saturadas que no reguló el Estado, constatando como las enfermedades catastróficas retornaban a la indigencia a familias de clase media por no disponer de un sistema de salud público o privado que les diera justa cobertura, constatando que sólo el que tiene dinero puede costearse una salud digna e incluso la vida, o constatando como los trabajadores han tenido que llegar a endedudarse con el retail para poder alimentar a su familia mes a mes pues, el sueldo mínimo no alcanza para comer y, a la vez, pagarle a todos los acreedores que, de manera muy ventajosa, lucran con todas aquellas prestaciones que, en los países civilizados, constituyen derechos sociales.
Hoy esos millones que marchan ya no pueden ni quieren esperar y no se les puede convencer de desmovilizarse por el temor de que ahora esta en peligro la democracia pues, paradojálmente, ha sido esta democracia, nuestra democracia, la que la construido su prosperidad económica a costa de todos ellos.
Así las cosas, mi impresión es que llegó el momento en que la clase dirigente (política y económica) pongan en la balanza si están dispuestos a dar respuesta inmediata a las demandas, sin gradualidad (la gradualidad es aceptable cuando estamos en un estado de normalidad y confianza, lo cual hoy no existe) o, de lo contrario, sacrificarán nuestra estabilidad democrática, hipotecando así todo nuestro futuro como república. Hoy se debe dar respuesta inmediata a un aumento significativo del sueldo mínimo, quizás a $500.000.- pesos (sin letra chica), sin que sea sólo expresión de un esfuerzo estatal; se debe elevar todas las pensiones mínimas a ese mismo piso; se deben condonar deudas CAE y ver que se hace con las demás del sistema de endedudamiento. Ese tipo de medidas inmediatas deberán ir acompañadas, más adelante, de las mejoras estructurales que permitan sostener un esfuerzo económico de tal envergadura, sea nuevas reformas tributarias, o en los sistemas de salud
(público y privado), sistema previsional (y no de capitalización), entre otras pero, en lo inmediato, se deberá recurrir al endeudamiento fiscal, a los ahorros soberanos o a los mecanismos que se estime pertinente para implementar estas respuestas. ¿De qué sirve tanta responsabilidad fiscal, tanto ahorro soberano, tanta gradualidad si, lo que esta en peligro, es la estabilidad democrática y la viabilidad de nuestro país?.
Creo que esa es la pregunta que deberán hacerse los que hoy detentan el Gobierno, partiendo por el Presidente
de la República quien ha recibido potentes críticas que, al parecer, han resultado no ser infundadas respecto de su manejo político, críticas tanto a nivel interno, como en la prensa internacional.
Paralelamente, se debe ser categórico y rápido en investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos, abordando las reformas y cambios en los mandos que se requieran en nuestras fuerzas policiales pues, de esa manera irán recuperando, en parte, la autoritas de la que actualmente se han visto carente por las malas acciones y decisiones que se han adoptado para enfrentar el estallido social. Quiero dejarlo claro; un Estado democrático
necesita de una fuerza policial que sea capaz de enfrentar estos estallidos sin caer en la falsa trampa de que, sólo violando y conculcando derechos se puede accionar. La experiencia comparada nos demuestra que es posible y no dudo de que nuestras policías tendrán que asumir el desafío.
Cuando aquellos que “no tienen nada que perder” sientan efectivamente que se ha dado respuesta a sus legítimas y postergadas demandas, sólo en ese momento, menguarán las manifestaciones masivas y pacíficas y, consecuentemente, desaparecerán las condiciones para que los delincuentes y bandidos se aprovechen de ese marco para saciar sus bajos instintos. Veamos si nuestra clase dirigente esta a la altura del desafío, la historia será un juez
implacable a este respecto.
