El canciller, Teodoro Ribera, participó en una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, realizada en la sede del organismo, en Washington D.C., y cuyo objetivo fue informar sobre los eventos sociales y de violencia ocurridos en Chile durante las últimas semanas, como de las medidas adoptadas por el Estado al respecto.
En su intervención, el secretario de Estado señaló que las causas de lo que se está viviendo en el país son múltiples y se incuban desde hace décadas, como lo reconocen las diversas fuerzas políticas del país.
Si bien, indicó que, dada su estabilidad política y económica, Chile logró reducir drásticamente la pobreza para convertirse, de acuerdo al PNUD, en un país con «alto desarrollo humano«, en una parte de la población la sensación que predomina «es que el desarrollo económico no ha llegado aún por igual a todos, y que subsisten desigualdades e inequidades que aún deben superarse».
El ministro señaló que en este contexto de manifestaciones «se detonó una situación de violencia inusitada en que ha surgido una minoría conformada por grupos antisistémicos que, junto con delincuentes, y valiéndose de esta situación, buscan la destrucción de la sociedad actual y el sistema democrático representativo, sus estructuras, símbolos religiosos y civiles«.
Ante estos hechos, que sobrepasaron la capacidad de la fuerza policial, y ante la obligación constitucional e internacional de resguardar los derechos y libertades de las personas, el jefe de la diplomacia chilena explicó «que el Presidente de la República se vio en la necesidad de decretar el estado de excepción constitucional de emergencia«, el cual se extendió por nueve días.
Robera precisó que durante este período de manifestaciones también surgieron «expresiones pacíficas, masivas del descontento civil, que tuvieron como punto cúlmine el encuentro ciudadano de más de un millón de personas, convocado a través de las redes sociales, sin liderazgos aglutinadores, pero a partir de un mínimo común denominador que podría resumirse en el concepto de búsqueda de mayor dignidad y justicia para las personas«.
Respecto a ello, dijo que «el Gobierno también ha iniciado un proceso de diálogos nacionales, para escuchar de primera fuente las demandas ciudadanas y poder canalizar esa voz en el desarrollo de políticas sociales para tener un país más justo y con mayor igualdad de oportunidades«.
Agregó que «en este núcleo de la crisis social, diferente de la crisis violenta antisistémica, vemos que el camino es el diálogo y los acuerdos entre distintos sectores políticos, para abordar legítimas demandas ciudadanas«.
Por ello, precisó que el Gobierno ha trabajado activamente en el avance de una Nueva Agenda Social, con el objetivo de abordar las necesidades más urgentes, y que incorpora medidas sobre pensiones, salud y medicamentos, ingreso mínimo garantizado, disminución de tarifas eléctricas, impuestos para los sectores de mayores ingresos, entre otras.
El secretario de Estado además dijo que Chile está consciente que el restablecimiento del orden público y el fortalecimiento del Estado de Derecho debe realizarse en democracia y con pleno respeto a los derechos humanos.
Por eso, dijo que «el Gobierno desea reiterar nacional e internacionalmente su total compromiso con los derechos humanos de todos; de quienes se manifiestan pacíficamente en pos de cambios sociales; de los policías que arriesgan su vida para restablecer el orden público; y por cierto también de quienes mediante la violencia atentan contra el orden público y los derechos de sus conciudadanos, los que serán detenidos, investigados y juzgados también con respeto a sus derechos, pero con todo el rigor de la ley«.
Finalmente, el Ministro Ribera aseguró que «sobre la base de un acuerdo ampliamente mayoritario, Chile se encamina a buscar un nuevo consenso constitucional y nuevos acuerdos que se hagan cargo de las demandas legítimas de la ciudadanía«.
En ese sentido llamó a todos los actores políticos y sociales a «que actúen con la misma madurez y altura de miras que logró el restablecimiento de la democracia en Chile«.