En punto de prensa conjunto con el ministro de Justicia, el titular de Interior Gonzalo Blumel afirmó que se adelantará el egreso de las escuelas de formación de Carabineros y de la PDI, con el fin de aumentar la presencia policial en la vía pública, lo cual a luz de los actos vandálicos sucedidos los últimos días, parece ser cada vez más urgente.
En ese sentido, Blumel señaló que «llevamos un mes con una situación compleja, difícil, donde hemos ido avanzando, pero no lo suficiente que los ciudadanos necesitan (…) queremos hacer un llamado a la paz social, a recuperar el orden público y la paz de las personas».
Así, el ministro afirmó que serán aproximadamente 2.500 los efectivos que estarían disponibles en el mes de diciembre. Esta medida se suma a lo anunciado un par de semanas atrás, sobre el reintegro de funcionarios en retiro de ambas instituciones para reforzar la capacidad operativa de las policías.
Por otra parte, el titular de Interior rechazó el informe evacuado por Amnistía Internacional, en el cual se cuestionó fuertemente el accionar del Gobierno y de las fuerzas armadas y de orden.
Complementariamente negó la versión de este organismo internacional, que aseguró haber solicitado una reunión con el Gobierno, y al respecto indicó que “desde que asumí, al menos, no he recibido ninguna solicitud ni petición de reunión para poder responder las dudas e inquietudes que pueda tener Amnistía Internacional”.
Añadió que “si ellos tienen el interés, por supuesto, cuando quieran nos reunimos y les entregamos toda la información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias, tiene imputaciones que son absolutamente equívocas, y por lo mismo la disposición tanto mía como de todas las autoridades de gobierno es dar todas las facilidades a todas las instituciones de derechos humanos”.
Así, manifestó que “la ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse y plantearle a quienes dirigen y conducen el país y a todos los actores inquietudes como las que se han planteado las últimas semanas, por de pronto mejorar la salud, los sueldos, las pensiones, y hemos venido trabajando en esa dirección”, defendiendo al final que la salida a la crisis pasa por hacer “buena política, con diálogo y con acuerdos, abandonando los maximalismos y comprometiéndonos profundamente por la paz social”.
Agenda pro DD.HH.
A continuación, el ministro de Justicia, Hernán Larraín explicó que, en el Comité Interministerial de Derechos Humanos se resolvió “robustecer la institucionalidad en esta materia”.
Profundizó a continuación con que “como hemos visto en este último mes, las convulsiones sociales han generado distintos tipos de situaciones. Dentro de ellas, esta búsqueda de cautelar y asegurar el orden público, y también de dar paz social, se han producido situaciones en donde a pesar de la voluntad del gobierno y de las propias instituciones policiales de respetar siempre en esas acciones los derechos y libertades de las personas, se han producido atropellos, vulneraciones, delitos, en fin, que obviamente constituyen acciones ilícitas, que deben ser investigadas y sancionadas como corresponde”.
Ante lo anterior fue taxativo en asegurar que “el Gobierno no está disponible para que esas materias queden en la impunidad. Toda vez que haya una acción, dos acciones, las que sean, que signifiquen que a pretexto de cautelar el orden público se vulnere el derecho de una persona merece la investigación correspondiente (…) y las sanciones que correspondan”.
Comentó además que, “a diferencia de otros tiempos, no solamente funcionan los tribunales de forma independiente, existe un Ministerio Público, una Defensoría Penal Pública, un Instituto de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo (…) existe una Defensoría de la Niñez, y como si todo lo anterior fuera poco, nos hemos preocupado como Gobierno de invitar instituciones internacionales para que en forma autónoma puedan también ser testigos de esta situación y del compromiso nuestro que hay en materia de derechos humanos”.
“Si este compromiso, por alguna razón, en alguna circunstancia particular, no se cumple para que nos lo hagan presente, para que se tomen las medidas para corregir y sancionar a todo aquel que cometa una vulneración en materia de derechos humanos”, afirmó Larraín. “Así todo, todavía advertimos que tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad en DDHH, la creación de la Subsecretaría fue un paso muy importante, una iniciativa que patrocinó el presidente Piñera en su primera administración y esa Subscretaría va acompañada de este comité interminsiterial”.
Así, indicó que se ha acordado crear un Comité Técnico Asesor para este Comité Interministerial, el cual podrá “dedicarse a trabajar y a hacer proposiciones ya más concretas en distintos ámbitos”, y que contará con integrantes de los distintos ministerios y de organismos nacionales e internacionales.
Este comité asesor podrá fijar estándares para todas aquellas personas que están bajo la custodia del Estado, colaborar con los organismos que en las instituciones castrenses y policías que tengan divisiones sobre DDHH para “generar un diálogo y fortalecer la cultura de DDHH en esas instituciones”, y trabajar con las personas detenidas en cualquier calidad por cualquier órgano del Estado.
