Después de 12 días el gobierno dio a conocer finalmente las actas del Cosena, celebrado el 7 de noviembre en La Moneda.
Un encuentro en ese momento y ahora envuelto polémica. En aquella fecha, las críticas arreciaron ante la oportunidad de su convocatoria por parte del Presidente Piñera, las dudas por su legalidad, los fuertes ataques por parte de la oposición que reclamaron por un organismo que consideran un enclave autoritario heredado de la Constitución original de 1980 y, finalmente, por el contenido mismo del encuentro, respecto del que varios de los asistentes señalaron que no era necesario convocar al Cosena.
Y ahora, al conocerse los contenidos (dicho sea de paso, sacados de la web de presidencia tan intempestivamente a como se habían subido), podemos conocer en profundidad las discusiones internas de las autoridades convocadas, en medio de la crisis que vivía el país.
Ante la publicación de las actas, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que «en general los temas están abordados, pero creo que en una instancia sensible como esta, uno esperaría que estuvieran íntegramente transcritas las apreciaciones que cada uno formuló».
En esa misma línea, sostuvo que «falta transparencia, creo que lo normal es que esta acta se hubiese publicado de manera íntegra».
«Le estamos comunicando al Ejecutivo que en esta acta lo que hay es un resumen de las intervenciones, y por lo menos en las intervenciones que yo hice está bastante acotado, no están todos los elementos que fueron parte del análisis», agregó.
En un análisis sobre el fondo de los contenidos de las actas, el ex subsecretario de FF.AA. y diplomático Gabriel Gaspar, explicó que “llama la atención que ante la citación del Consejo no se aporten, por parte el Ejecutivo, mayores antecedentes que los ya conocidos por la prensa. Tampoco emerge una apreciación del carácter de la crisis, sus causas y la forma de enfrentarla”.
Añade que “de la lectura del acta no queda claro por qué si el énfasis entregado por el ejecutivo estuvo centrado en los problemas de orden público, se culmina con la necesidad de hacer cambios a la constitución”, destacando en especial “la común apreciación de parte de los representantes del congreso que consideran no apropiado la convocatoria al Consejo”.
Críticas por legalidad
Durante la reunión, el contralor Jorge Bermúdez cuestionó fuertemente la convocatoria, al señalar que “la regulación del Consejo de Seguridad Nacional se encuentra en la Constitución”, no pareciéndole la convocatoria realizada.
En ese sentido, explicó que el Cosena “se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar”. En su opinión, “no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones. En relación a los datos que se han entregado en esta sesión, como Contraloría, se está cumpliendo con la labor que les corresponde por ley, tomando razón de aquellos actos administrativos que deben someterse a ese trámite”.
Ante las críticas del contralor, el mandatario aseguró que juró “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, añadiendo que la Constitución vigente incluye al Consejo de Seguridad Nacional como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades en un período tan complejo.
“El concepto moderno de seguridad nacional dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad”, aclaró el Presidente de la República.
Sistema de Inteligencia al borde del abismo
Otro de los temas que se abordó en la reunión fue la inteligencia con que cuenta el país, en la que según el contralor Bermúdez, «se gastan muchos recursos (…) por lo que me gustaría saber qué ocurrió y por qué no se tomaron medidas preventivas para evitarlo».
Seguidamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, indicó que nadie fue capaz de adelantarse a la demanda y que la inteligencia del país «está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos».
Ante eso respondió el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien aclaró que les está «vedado realizar operaciones de inteligencia interna, sólo residual respecto a Carabineros o la PDI», por ello, sugirió avanzar en la ley de inteligencia y así poder «adelantarse a las acciones disruptivas».
Carabineros al borde del colapso
Otra situación que reveló el acta del Cosena alude al reconocimiento por parte del general director de Carabineros, Mario Rozas, de que la institución se vio sobrepasada los primeros días de manifestaciones.
Rozas señaló que “estamos viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”, complementando lo anterior al entregar cifras que resumían el estallido social hasta aquel momento: más de 1.180 Carabineros lesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves; más de 600 vehículos de la Institución han resultado dañados, así como también cuarteles; 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11 mil detenidos.
“Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande“, recalcó.
