Luego que el Tribunal Constitucional decidiera derogar el inciso dos del artículo 126 del Código Sanitario, permitiendo a las ópticas prescribir recetas para lentes y colocar a dos ministros en abierta discrepancia por el fallo como al titular de Salud Jaime Mañalich y de Economía Juan Andrés Fontaine, el jefe del Minsal volvió a reiterar su posición contraria y advirtió que dicha resolución podría extenderse a las farmacias para que tengan consultas médicas y definir la renta de los profesionales con el mecanismo que denomina de “súper canela”.

A través de una carta a El Mercurio, Mañalich recuerda que el Código Sanitario habilita para la prescripción de anteojos solamente a oftalmólogos y tecnólogos médicos con mención en oftalmología.

“Los técnicos denominados optometristas, y titulados generalmente en otros países, no están habilitados para esta actividad en Chile y en ningún caso el fallo del Tribunal Constitucional debería interpretarse en una línea de que ahora sí lo estarán”, aclara el secretario de Estado.

En ese sentido, explica que habilitar consultas en ópticas, “dependiente en su operación de la empresa que comercializa lenes, impone inmediatamente un riesgo de una “SÚPER CANELA”. Es decir, que la remuneración de estos profesionales esté vinculada al margen de utilidad que esta prescripción tiene para la óptica”.

Mañalich sostiene que “esto no va en el camino correcto de permitir un mejor acceso de salud a la población, sino que impone un riesgo sustantivo de sobreindicación solo con fines comerciales”.

Sin embargo, para el titular del Minsal lo más preocupante del fallo del TC es que “podría fácilmente extenderse a que las farmacias de medicamentos pueden tener consultas médicas dentro de sus dependencias, y definir la renta de los profesionales con el mismo mecanismo de comisión”.

Al respecto, el ministro asegura que la política central del Gobierno es la de garantizar el acceso de medicamentos de alta calidad y a un menor precio para toda la ciudadanía, por lo que “es fácil prever el riesgo de inducción de demanda hacia productos de alto margen que esta práctica podría generar”.

“Los fallos de Tribunal Constitucional deben ser acatados, independientemente de que corresponda generar todos los mecanismos de fiscalización para que quienes no tienen las calificaciones profesionales ejerzan ilegalmente, o que se generen estímulos que en definitiva aumentarán el gasto de bolsillo de las personas en salud, con indicaciones que, en el mejor de los casos, tienen una dudosa relación precio/beneficio”, concluye la carta de Mañalich.

La posición del ministro de Salud de oponerse al fallo del TC provocó una discrepancia con el titular de Economía, quien afirmó que como Gobierno consideran positivo “todo aquello que aumente la competencia y que simultáneamente atienda la calidad de los productos ofrecidos y, en este caso, los servicios, tratándose de un tema de salud”.

Y agregó que por tal motivo “estamos promoviendo precisamente la autorización de la venta de fármacos en locales comerciales que no son farmacias. Eso está en el proyecto de ley de Fármacos 2 y en la agenda de reimpulso económico que acabamos de plantear con 40 medidas”.